CAPÍTULO 5 RUPTURA Y AJUSTE ESTRUCTURAL. DEL ESTADO INTERVENCIONISTA AL ESTADO MÍNIMO.

5.1. Crisis y ruptura del Pacto.

La crisis de la economía mexicana en 1982 creó los elementos necesarios para que se manifestara la profunda crisis fiscal del Estado, derivada de los desequilibrios financieros que se habían acumulado a lo largo de la década anterior y de una política económica que fue incapaz de crear los mecanismos para hacer autosostenible, financiera y políticamente, el intervencionismo estatal y para reorganizarlo y darle continuidad, en función a las nuevas necesidades y problemas surgidos desde el inicio de los setentas.

El equilibrio inestable entre clases sociales antagónicas que había mantenido vigente el intervencionismo estatal y la autonomía relativa del Estado que la hizo posible, terminaron por resquebrajarse por dos razones:

a) El fortalecimiento de las clases propietarias, debido a un cada vez más amplio consenso al interior de los grupos de poder político respecto al papel del Estado, las causas de la crisis y la necesidad de reorganizar la economía nacional con base en un esquema de libre mercado, es decir con un enfoque decididamente empresarial. Este fortalecimiento les permitió tomar el poder al margen de acuerdos y alianzas con las clases populares, desplazándolas de tal manera que pudieron imponer un nuevo contenido al Estado y nuevas tareas que permitirían consolidar el nuevo proyecto económico, donde el intervencionismo económico no tenía lugar.

b) El debilitamiento de las clases populares, resultado de la pérdida de la autonomía estatal en que se sostenían y al hecho de que su capacidad de organización para negociar con él Estado, dependía, corporativamente de éste mismo. La crisis fiscal y económica impidió, también, que pudiera sostenerse el esquema en que estas clases recibían, de parte del Estado, incentivos vía reformas sociales. El Estado las dejó al margen del poder, renunciando a una alianza que ya no podía sostener ni necesitaba. Porque el poder del Estado dejó de basarse en la negociación y el consenso y porque el discurso del Estado y el de las clases populares dejó de coincidir.

De este modo, se dio un cambio trascendental al interior del Estado, no sólo porque se alteró de manera definitiva el equilibrio entre las clases sociales a favor de las propietarias, sino también porque esto abrió paso a una forma nueva de ejercer la hegemonía, en la que el conjunto de reformas sociales a las clases populares se redujeron o desaparecieron definitivamente.

Este cambio en el Estado, también se evidenció en el desplazamiento de los grupos políticos y burocráticos que tradicionalmente habían ejercido la función de gobierno, siendo substituidos por nuevos grupos, representantes del nuevo proyecto y, por tanto, con una nueva concepción teórica y un discurso ideológico, que abiertamente rechazaban el proyecto histórico intervencionista, por considerar que implicaba una estrategia de desarrollo obsoleta, ineficiente, irracional, ideológicamente anticuada y despreciable, políticamente cuestionable y económicamente inviable.

El quebrantamiento del Pacto de Dominación fue inevitable porque el nuevo proyecto implicaba la renuncia total al contenido social del Estado y la remoción de su base social, que ya no tenía sentido para los nuevos fines, salvo por la utilidad que pudiera representar en el control de los estallidos sociales provocados por la oposición de las clases y grupos desplazados del proyecto.

Las profundas reformas que se implementaron, generaron fuertes resistencias y cuestionamientos sociales, en la medida en que la remoción del Estado social dejó fuera del nuevo proyecto de nación a las clases populares. Para concretar dichas reformas sin perder el control del descontento social, se utilizaron las mismas estructuras autoritarias de control político existentes que habían permitido el mantenimiento del intervencionismo estatal. Esto condujo a un nuevo arreglo social, en el que la clase dominante logró la subordinación del resto de la sociedad por la vía de la coerción. Es decir es una etapa de crisis orgánica en la que se identifica una pérdida de la hegemonía, que se sostenía en una dominación, que se daba mediante la coerción, los consensos, los beneficios sociales y la unidad ideológica. La hegemonía se convirtió en pura dominación y propició una etapa de represión política abierta, junto con el reforzamiento de la cooptación sindical y grandes fraudes electorales como mecanismos para mantener el poder en manos de los representantes del proyecto de la clase dominante y contener la oposición al mismo.

El Estado social había entrado en una etapa de crisis de autonomía instrumental al perder la capacidad para responder de manera eficiente a los intereses de las clases propietarias. La clase dominante se interpuso para evitar que el Estado siguiera actuando autónomamente, al identificar que esto constituía una amenaza a sus intereses, debido a la manifiesta incapacidad para cumplir con las tareas de acumulación. El desorden económico de los setentas y principios de los ochentas, es una prueba de que el Estado social había perdido su eficiencia y eficacia para preservar y expandir de un modo no conflictivo el sistema. Con ello perdió, también, la oportunidad de regenerarse a sí mismo en favor del proyecto que sustentaba y quedó, prácticamente, bajo el control de las clases propietarias, que, rompieron con el Pacto de Dominación e implementaron un nuevo proyecto de nación. Esto implicó el rompimiento con alianzas, acuerdos con las clases populares y con las políticas que las favorecían y que fueron el sostén del poder de estas clases y fundamento del Estado intervencionista.

Esta profunda transformación del Estado, comenzó a operarse desde 1982, año en que toma posesión de la Presidencia de la República Miguel de la Madrid Hurtado y se manifiesta de manera particular en las nuevas tareas y funciones concretas que se le reconocen al Estado, en materia económica y social y el nuevo discurso teórico e ideológico que va a constituir la base de los cambios y el instrumento mediante el cual se pretenderá reunificar a las fuerzas sociales opositoras, sin conseguirlo, en torno al Estado.

El Estado social se transforma en un Estado que al recuperar sus rasgos liberales clásicos, se autolimita para servir, de modo particular, a los intereses de las clases propietarias, sin concesiones sociales, salvo aquellas que no puede arrancar de modo inmediato a las clases populares sin provocar una abierta rebeldía.

La pérdida de la autonomía estatal implicó, también, revertir el proceso de disociación, entre la clase dominante y los grupos burocráticos, mediante el cual se sostenía dicha autonomía. Cada vez en mayor medida, los miembros de las clases propietarias empezaron a participar de modo activo al interior de las estructuras de la administración pública, lo que reforzó la incapacidad del Estado para establecer, como en el pasado, una política independiente de los intereses de dichas clases. De este modo, las restricciones, los límites, las formas de participación y la redistribución de incentivos y tareas que, en conjunto definen un proyecto de nación, se pudieron imponer a favor de quien controlaba, de manera exclusiva, las estructuras del poder del Estado.

5.2. La reforma económica del Estado: La contracción fiscal.

El rompimiento del Pacto de Dominación, la cancelación del modelo del Estado intervencionista y la aceptación de las tesis de la Teoría Monetarista , las cuales han guiado el conjunto de reformas económicas aplicadas y constituyen el sostén científico de la ofensiva empresarial nacional y transnacional, se explican, en gran medida, como consecuencia del nuevo consenso que se extendió por todo el mundo en contra de las políticas keynesianas y de la conducción estatal de los procesos económicos.

Bajo la lógica de este nuevo orden teórico y político, las reformas económicas que se implementaron en México desde 1983, descansaron, en general, sobre la base de una profunda reorganización económica del Estado, es decir, en la reformulación de la forma y la magnitud de su intervención en la economía, particularmente en:

a) la determinación del destino y montos del gasto público y

b) La existencia del Sector Paraestatal, es decir, su participación como propietario de empresas y productor de bienes y servicios con capacidad para dirigir el rumbo y ritmo del desarrollo nacional.

Estos dos aspectos se constituyeron en el eje de todo el proceso de reformas, porque se considera que la participación directa del Estado limita e inhibe el funcionamiento adecuado del mercado al reducir los espacios de acción y expansión empresarial privada, mientras que el volumen y destino del gasto público es identificado como el origen de la crisis fiscal y de la crisis económica nacional. En otras palabras, porque, el núcleo del modelo intervencionista era, precisamente, el gasto público y el sector paraestatal, razón por la cual es en ellos donde se puede observar con mayor énfasis y notoriedad la gran transformación económica del país.