BIBLIOTECA VIRTUAL de Derecho, Economía y Ciencias Sociales

GASTO PÚBLICO Y SECTOR PARAESTATAL EN MÉXICO

Hilario Barcelata Chávez




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2.5 Las fuerzas sociales y los cambios en el contenido del intervencionismo estatal.

Del anterior análisis no debe quedar la impresión que el período estudiado, es un todo homogéneo. Existen aspectos diferenciales que es importante remarcar para comprender de mejor manera la conducta que observa el Estado y los objetivos que persigue. Se puede hablar, entonces, de la existencia de varios subperíodos, cada uno con características particulares. Primero, el que precede este análisis que va 1910 a 1917. Es la etapa de la revolución política . En materia económica, social y financiera la actividad del Estado se diferencia muy poco de lo realizado por el Estado porfirista. No hay abandono del Estado administrativo ni reformas sociales profundas.

El segundo período, va de 1917 a 1934. Es la etapa de la institucionalización de la revolución. Aunque el discurso gubernamental habla del apoyo a las masas y la nueva fuerza del Estado, en la práctica se mantiene en mismo concepto de Estado. Los cambios existentes se refieren a reformas administrativas y económicas para mejorar el funcionamiento económico. Siguen pendientes las reformas sociales.

El tercer período, va de 1934 a 1940. Es la plena construcción y vigencia del Estado social que significa la adopción en la práctica de los principios revolucionarios y, por tanto, la reformulación de las tareas estatales y el rompimiento con los enfoques liberales que permiten avanzar en la reforma social y proponer para ello, un nuevo enfoque de las finanzas públicas.

El cuarto subperíodo, va de 1940 a 1954. El Estado refuerza su intervención en lo económico para impulsar los procesos de acumulación, con un énfasis muy marcado en el apoyo al desarrollo industrial. Para ello se sigue utilizando, la política fiscal expansiva, que se basa en la misma concepción no liberal de las finanzas públicas. Sin embargo, se observa un cambio en cuanto a la orientación del gasto público, ya que el gasto social reduce su participación en el gasto total y es notorio un reflujo de las reformas sociales expresado en el formato dosificado que adquieren y que va acompañado de la agudización de la lucha de clases en el marco del Estado social y de un considerable deterioro del bienestar de las masas no integradas a sindicatos u organizaciones institucionalizadas.

De hecho la agitación electoral al iniciar este subperíodo señala el rumbo que va a tomar el Estado y el país. Así, el que sea Ávila Camacho y no Francisco Múgica (a pesar de su cercanía a Cárdenas) el candidato del PRM a la presidencia de la República, indica un cambio en la concepción del proyecto revolucionario y en la profundidad de las reformas sociales a favor de las clases populares. Indica la búsqueda de una vía más moderada de transformaciones revolucionarias.

La postulación de Almazán que unifica a las fuerzas de la derecha conservadora y radical (que va a tener el apoyo del PAN) y su derrota habla, también, de la imposibilidad de volver a las concepciones superadas del liberalismo pre-revolucionario y de la decisión de no abandonar la línea de acción del Estado interventor, pero, también, del Estado autoritario y antidemocrático. Incluso, se puede afirmar que el proyecto revolucionario va a moderarse, aún más, a partir de 1946, con la llegada de Miguel Alemán a la Presidencia de la República, cuyo proyecto económico, sin dejar de apoyarse en el Estado social y sin dejar de reconocer las reivindicaciones sociales, sustituye la política redistribucionista por una productivista. E impone medidas en materia agraria, que favorecen abiertamente a la burguesía agrícola en perjuicio de las masas campesinas. Tal es el caso de la ampliación de los límites de la pequeña propiedad, la aparición de los certificados de inafectabilidad para los ranchos ganaderos y el freno a la Reforma Agraria que significó un reparto de tierras de apenas el 20% del que realizó Cárdenas. Al mismo tiempo, se frenaron las reivindicaciones del movimiento obrero que, mediatizado y reprimido, vió caer su participación en el ingreso nacional del 52.0% en 1940 a 42.9% en 1950 y sufrió una reducción considerable en su salario real, que de 1940 a 1947 perdió un 40% de su valor y hacia 1957 apenas pudo recuperar la mitad de esa pérdida lo que, desde luego, favoreció a la burguesía industrial.

Este importante viraje en el proyecto revolucionario dentro de los márgenes del mismo Estado social y del Pacto de Dominación debe entenderse, a mi juicio como resultado de los siguientes factores:

• el cambio en la correlación de fuerzas políticas propiciada por la segunda guerra mundial y el Pacto de Unidad Nacional. Este último implicaba un acuerdo entre el Estado y el movimiento obrero para abolir las huelgas, los paros y las luchas intergremiales (entre otras disposiciones) durante el tiempo que durara la segunda guerra mundial. Ello significó un impasse muy importante para detener y debilitar la fuerza que habían adquirido las clases populares durante el Cardenismo y para someterlas al control estatal. Pero, también, para imponerles una política indeseada por ellas.

• En este marco, se puede hablar, también, entonces, de la corporativización que sufrió el movimiento obrero y campesino a través del control institucional de sus organizaciones que sirvieron, también para encausar las reformas sociales selectivas.

• El fortalecimiento de nuevas clases y fracciones de clase ligadas a la industrialización que adquirieron fuerza dentro y frente al Estado Tal es el caso de la gran burguesía financiera e industrial y los grupos comerciales, así como los nuevos empresarios agrícolas. De igual modo la aparición de otros grupos sociales que promovían proyectos distintos al revolucionario, algunos promoviendo claras propuestas contra-revolucionarias.

Así, entonces, la hegemonía de la clase dominante ya no se siguió sosteniendo en un proceso de concesiones generalizadas y requirió de otros medios tales como el corporativismo obrero y campesino; la represión sindical; la reforma social selectiva; y el mantenimiento del discurso ideológico de la revolución.

Por lo anterior, es importante considerar que se observa una línea de acción estatal diferenciada y se podría pensar, por momentos, que contradictoria. En realidad, yo sostengo que los vaivenes de la política del Estado social, la mayor o menor presencia de reformas sociales o el énfasis en el aspecto de la intervención económica, tienen que ver con la naturaleza de la lucha de clases y el hecho de que el Estado no resuelve el conflicto social de modo definitivo, sino que va creando acuerdos parciales y temporales en función a las condiciones económicas y políticas del momento, dado que la base sobre la que se dan los acuerdos y el consenso, a veces forzado, está cambiando permanentemente. Pero los acuerdos y los cambios se dan dentro del marco del Estado Social y de un Pacto de Dominación que no se cuestiona. Todo esto es comprensible en función a la diversidad de las fuerzas políticas y sociales que componían el PRM y en función a la heterogeneidad de los grupos que participaron en el proceso revolucionario y de sus proyectos e intereses y aspiraciones.


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