5.4. Hacia un Estado interventor renovado.

En las últimas décadas, México ha vivido bajo un régimen económico de libre mercado, después del retiro casi total del Estado de las actividades económicas en las cuales participaba de manera directa y luego de implementar un profundo proceso de desregulación económica para desensamblar la elaborada ingeniería jurídico-económica en la que se sostenía la capacidad del Estado para dirigir el desarrollo nacional. Esta reforma económica del Estado, también ha significado una gran reforma ideológica y moral, tal como sucedería en la época del nacimiento del Estado Social, sólo que esta vez en un sentido inverso. Es decir, se han eliminado las premisas éticas que sustentaban la idea de un proyecto de nación, en el que cabía pensar en la justicia social a través de la distribución de los beneficios del crecimiento económico. Un proyecto en el que el Estado estaba comprometido con la sociedad y era responsable de crear y reproducir las bases del funcionamiento del sistema económico y conducir su rumbo, al tiempo que trataba de asegurar, de modo permanente, las condiciones mínimas de bienestar social.

Esta reforma ideológica y moral está marcada, ahora, por el abandono de la idea de la libertad social, entendida como libertad positiva y la readopción de la libertad social del liberalismo clásico, es decir la libertad negativa. Este cambio es trascendental, porque propicia la transformación de las bases sobre las que se sustentaba el consenso en torno a un Estado interventor y comprometido con fines sociales. En adelante la sociedad vuelve a ser concebida, como a principios del siglo XX, separada del Estado y se privilegia la idea de lo individual sobre lo colectivo, el mérito y no las necesidades, como criterio de distribución de la riqueza.

Sin embargo, la reformulación del funcionamiento del sistema económico, a pesar de estar a tono con los cambios en el ámbito internacional, no ha rendido los frutos esperados. Hoy existen en nuestro país más pobres que antes, más desempleados que antes, mas desnutridos que antes, mas necesidades que antes.

Existe hoy la necesidad de volver a pensar al Estado como mecanismo responsable del desarrollo del país. No, desde luego, reeditando el Estado interventor del pasado que a pesar de sus éxitos se fundamentó en el autoritarismo y procreó corrupción, impunidad e ineficiencia. Se trata de encontrar nuevas fórmulas para alcanzar los objetivos que el país se propone y para los que el mercado es insuficiente y hasta obstaculizante. Se trata hoy, como dijera Keynes, de resolver el problema político de la humanidad combinado tres cosas: la eficiencia económica, la justicia social y la libertad individual.

Desde luego, hay que reconocer que en la actualidad apelar a la intervención del Estado para impulsar un proceso de desarrollo económico propicia la aparición del temor y el riesgo del autoritarismo, la corrupción, la ineficiencia y la impunidad. Sin embargo hay que separar el problema en dos. Por un lado la capacidad que le debemos reconocer al Estado como Institución para modificar el comportamiento económico, político y social de los agentes económicos y establecer un marco jurídico que cambie la forma en que opera el sistema económico, característica esencial que da una ventaja comparativa al Estado sobre otras instituciones .

Por otro lado, está la necesidad de crear un marco jurídico e institucional necesario y suficiente para evitar que se imponga una línea autoritaria que desvíe los objetivos sociales del Estado hacia objetivos y beneficios particulares por la vía de la ilegalidad. El mandamiento estatal aunque sea un acto de autoridad no es per se un acto de autoritarismo. Tampoco los funcionarios públicos son por naturaleza corruptos ni su conducta irremediablemente incorregible.

Es necesario, pues, buscar nuevos formas para reformular las bases del desarrollo nacional, las que, para tener éxito, deberán girar en torno a una revaloración del papel del Estado en el crecimiento y en el mejoramiento del bienestar.