Los trazos de una ruta sinuosa pero necesaria

México y la región latinoamericana no organizaron su trabajo científico en pro de la producción de progreso, este supuesto remite a lo que se ha denominado como ausencia de una gestión estatal del desarrollo (Figueroa, 1995). Ya en otros documentos4 se señalan medidas que se pueden y deben tomar en la promoción de capacidades científico-tecnológicas. Nosotros aquí sólo queremos resaltar algunas que tienen que ver con el planteamiento de que la gestión estatal del desarrollo sea efectivamente la generadora de las transformaciones necesarias. Entre estas acciones destacarían: (i) El capital social, cultural y científico acumulado por los centros de IyD deberá contar con las condiciones favorables que permitan la realización de sus actividades de manera libre y autónoma con seguridad legal y regulación adecuada para incentivar mayores esfuerzos; (ii) El conjunto de burocracias (conacyt locales) que intentan promover la ciencia tendrán que convertirse en espacios de deliberación para la integración de las agendas de investigación local-global; (iii) El Estado a través de sus múltiples instrumentos deberá promover la cultura científica y tecnológica, así como la IyD, como la fórmula idónea en lo que toca a elevar los márgenes de ganancia de las empresas y, en consecuencia, del crecimiento económico en general.

Nos respaldamos en la noción (comprobada por los países desarrollados) de que una buena política científica, organizada con base en las prioridades nacionales, conduce al desarrollo. Porque "no tiene caso pensar en la ciencia y en la tecnología en abstracto. Lo que en realidad existe (en los países desarrollados) son sistemas científicos y tecnológicos con fines bien definidos y donde se usan ciertos medios para obtenerlos" (Olivé, 2008: 52. El énfasis es nuestro).

Comentarios finales

La configuración de la gestión estatal del desarrollo, como una función inherente que impulsa a la sociedad en la búsqueda continua de progreso técnico y tecnológico destaca un proceso íntimamente ligado: la construcción día a día de la democracia. Pero si no hay un Estado capaz de lograr que en la sociedad la influencia de la política científica cambie la composición de los factores (económicos, políticos, educativos y culturales) que posibilitan su preeminencia, será un "Estado fallido". Organizar la ciencia de manera democrática, es decir, legitimar su pertinencia en el concierto social y político, hará que las tareas del Estado en la materia se cumplan con mayor rapidez y amplitud. Lograr la comprensión de esta misión, junto con la voluntad y consenso en apoyarla, otorgaría mayores posibilidades de éxito de concretar la finalidad con la cual todo Estado se constituye: la auto-preservación. Funcionarios públicos y científicos tendrán la tarea fundamental de integrar las fuerzas contradictorias en un conjunto coordinado de actividades orientadas a mejorar, en los hechos, la representación de los actores involucrados en la IyD dentro de las instituciones del Estado. Al constituir un Estado y una democracia para la ciencia, se busca tener una intermediación efectiva en las estructuras, funciones y valores del conjunto social. Es reconocer a la ciencia como un instrumento de valioso potencial en lo que refiere al mejoramiento de la calidad de vida, desde todas sus aristas.

Referencias bibliográficas

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Notas

*Docente-investigador de la Unidad de Posgrado de Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Zacatecas, México. <leoalva2000@uaz.edu.mx> 1 Reflexiones al respecto se encuentran plasmadas en el proyecto global de investigación del Cuerpo Académico de Ciencia Política de la UAZ, que se propone explicar a detalle la relación entre ciencia y tecnología, desarrollo y democracia (CA Posgrado en Ciencia Política, 2008). 2 El único país latino que no comparte esta tendencia general del continente es Chile. Su situación, en términos de porcentajes, se asemeja a la de Estados Unidos (RICYT, 2009). No obstante, buena parte de las empresas, asentadas en territorio chileno, que registran innovaciones son de propiedad extranjera (Ministerio de Economía, 2004). 3 Pero, insistimos, la ausencia de tal organización sí afecta de manera negativa al desenvolvimiento de la democracia, por las razones que ya hemos expuesto. 4 Véase, por ejemplo, a Bokser (2003), Olivé (2008) y Valenti (2008).