3.3 Instrumentos internacionales

Uno de los aspectos más destacables de las relaciones bilaterales argentino-venezolanas mantenidas durante la década de 1990 tiene que ver con la configuración de un entramado de acuerdos y entendimientos de carácter comercial, que constituyeron el puntapié inicial de un proceso de integración económica que aún está en marcha.

Durante esta primera etapa, la construcción de una estructura legal para la vinculación de ambas economías se desarrolló básicamente en dos niveles: por un lado, dentro de un marco de negociaciones directas o bilaterales, y por otro, a través de los mecanismos regionales del Mercosur.

Ambos escenarios conformaban un espacio geográfico de extraordinaria importancia para la economía venezolana. Allí convivían su principal mercado de exportaciones a nivel regional, Brasil, y uno de los más importantes proveedores de inversiones extranjeras: la República Argentina.

De este modo, esta importante relevancia dio sentido a la convicción de la diplomacia venezolana de lograr un entendimiento con las economías más australes de Sudamérica. De esta manera, a principios de los años noventa, a nivel bilateral se lograron concluir una serie de tratados en materia de comercio e inversiones, que dieron un impulso significativo a los intercambios de bienes y capitales entre ambas naciones. El 28 de Septiembre de 1990, los gobiernos de Argentina y Venezuela acordaron un Memorándum de Entendimiento para un Acuerdo Marco de Liberación Comercial. Dos años más tarde, en Octubre de 1992, se suscribió el primer Acuerdo de Alcance Parcial de Complementación Económica (ACP-20), al que posteriormente se adhirieron 14 Protocolos Adicionales (el último en el año 2000). En la esfera financiera, ambos Estados concluyeron un Acuerdo para la Promoción y Protección Recíprocas de Inversiones a mediados de Noviembre de 1993, que sirvió de base para el significativo impulso de los flujos de capitales durante la segunda mitad de los noventa.

En el plano regional, la victoria del histórico líder venezolano, Rafael Caldera, en los comicios presidenciales de 1994, marcó el inicio de una ofensiva política para lograr un entendimiento entre la Comunidad Andina y el Mercosur. El comercio interbloque se había vuelto clave ante la disminución de los precios internacionales de los hidrocarburos y la creciente crisis de la economía venezolana. Se respiraba un clima político enrarecido y convulsionado, y cada día se hacía más evidente la necesidad de diversificar las exportaciones en aras de obtener los ingresos de divisas que el petróleo ya no generaba. En este escenario, el objetivo de profundizar los vínculos económicos con aquellos países que constituían mercados potenciales para su producción no tradicional, se colocó al tope de la agenda de la política exterior.

Con el tiempo las iniciativas venezolanas tendrían sus frutos. Entre 1997 y 1998, en las ciudades de Montevideo y Lima, se concretaron tres reuniones cumbre entre representantes de la CAN y el Mercosur. Durante dichos encuentros ambos grupos de naciones manifestaron el propósito de crear una zona de libre comercio sudamericana. A partir de entonces, se inició un largo proceso de avances y retrocesos entre ambos bloques regionales, que duró hasta mediados del 2003.

El primer paso concreto hacia ese objetivo tuvo lugar el 16 de abril de 1998, gracias a la suscripción de un Acuerdo Marco para la creación de una Zona de libre Comercio entre la Comunidad Andina y el Mercosur, que establece las bases para la conformación de ese espacio ampliado. A través de este arreglo, se dispuso que las negociaciones se desarrollarían en dos etapas: en la primera, se trataría de alcanzar un Acuerdo de Preferencias Arancelarias Fijas sobre la base del patrimonio histórico y en la segunda un Acuerdo de Libre Comercio.

Con base a estos nuevos lineamientos fijados en el Acuerdo Marco, la Comunidad Andina y el Mercosur iniciaron, en junio de 1998, las negociaciones de un Acuerdo de Preferencias Arancelarias. La modalidad de negociación, que inicialmente fue de bloque a bloque (esquema 4+4) fue cambiada, a sugerencia de Brasil, por la de los andinos en su conjunto con cada uno de los países del Mercosur (4 +1), manteniéndose sin embargo el objetivo final.

Como resultado de estas negociaciones, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela suscribieron con Brasil, el 12 de agosto de 1999, un Acuerdo de Alcance Parcial de Complementación Económica por medio del cual ambas partes establecieron márgenes de preferencia fijos, como un primer paso para la creación de una Zona de Libre Comercio entre la CAN y el Mercosur. Con igual objetivo, Argentina y la CAN negociaron un Acuerdo de Preferencias Arancelarias, que fue suscrito el 29 de junio del 2000 y entró en vigencia el 1 de agosto de aquel mismo año.

La segunda etapa de la negociación se inició en abril del 2001, con la finalidad de firmar un Acuerdo definitivo para la conformación de una Zona de Libre Comercio entre ambos grupos. La importancia que los gobiernos de los países miembros de la Comunidad Andina y del Mercosur asignaron a la formación de una zona de libre comercio fue destacada en reiteradas oportunidades, al más alto nivel político, tanto presidencial como ministerial.

El 6 de diciembre del 2002, los países de la CAN y del Mercosur suscribieron, en Brasilia, un Acuerdo de Complementación Económica por medio del cual reiteraron su decisión de conformar un Área de Libre Comercio, "cuya negociación deberá estar concluida antes del 31 de diciembre de 2003" (CAN, 2009:1). Los esfuerzos para profundizar los lazos económico-comerciales entre ambos bloques regionales entraban en la recta final.

Las bases para la integración efectiva de las economías venezolana y argentina se habían instalado exitosamente. Poco tiempo después, debido a la confluencia de una progresiva estabilización de la situación política y económica; y al surgimiento de un contexto internacional favorable, la expansión de los vínculos materiales alcanzará niveles históricos.