La Ley Televisa

Luis Moral Padilla*

Resumen

La Ley Televisa,[] es el nombre no oficial con el que se conoce una serie de modificaciones a la Ley Federal de Telecomunicaciones (LFT)[] y Ley Federal de Radio y Televisión (LFRT)[] de México, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 11 de abril de 2006. La controvertida ley fue aprobada en marzo de 2006, por el pleno de la Cámara de Diputados y en un lapso de 7 minutos, sin lectura previa, la ley fue aprobada por unanimidad, algo insólito en la historia de México. La ley fue confirmada por el Senado, "sin cambiarle una coma", durante el último año de la presidencia de Vicente Fox y poco antes de las elecciones generales de 2006.[] Vicente Fox pudo haber vetado la ley por los señalamientos hechos por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes contra la ley, pero decidió publicarla, y en los hechos, que entrara en vigor, aduciendo la democracia que imperó en las cámaras para su aprobación.

La controversia está en que, en opinión de sus detractores, la ley consagra la desregulación del espectro digital en favor del duopolio mediático mexicano formado por Grupo Televisa y TV Azteca. De hecho Senadores que fueron miembros de la LIX Legislatura promovieron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una acción de inconstitucionalidad, argumentado que la llamada "Ley Televisa" inhibe la competencia y fomenta el poder del duopolio televisivo mencionado anteriormente.

De acuerdo con esta ley se concede a las televisoras privadas el uso, libre de todo cargo, de un bien público perteneciente al estado mexicano, como es el espectro digital de frecuencias. Esta ley ha sido considerada por diversos críticos, el regalo de un bien público (espectro de digital de frecuencias) a un medio privado.

Palabras clave: Ley Televisa, Espectro digital, T.V. Azteca.

Introducción

Con la aprobación ocurrida el 31 de marzo del 2006 , por parte del Congreso de la Unión, de las reformas a la Ley Federal de Telecomunicaciones (LFT) y la Ley Federal de Radio y Televisión LFRTV) , conocidas popularmente como la Ley Televisa, demuestra cómo el Estado ha sido superpuesto por uno de los poderes fácticos: los medios de comunicación electrónica.

Esta reforma es altamente sospechosa. Llegó a la Cámara de Diputados y en dos días, con la dispensa de todos los trámites, se aprobó por unanimidad. Los diputados ni siquiera leyeron, no entendieron de qué se trataba; esa es la diferencia con el Senado, que durante varios meses realizó foros, consultas y seminarios de análisis, lo cual no sirvió, pues no se incorporó absolutamente.

Las reformas a la ley de telecomunicaciones y radio y televisión significaron un momento de completa debilidad de la clase política, y de completa fortaleza de los grupos económicos relacionados con la radio y la televisión. Intervinieron directa o indirectamente otros grupos económicos, grupos políticos, asociaciones ciudadanas y organizaciones internacionales. Todos ellos buscaron en todo momento proteger sus intereses a través de sus estrategias y cuyos resultados son inciertos indudablemente, y sobre los cuales conviene reflexionar.

El presente trabajo se conforma de la siguiente manera: resumen, palabras claves, introducción, ¿Qué es la Ley Televisa?, antecedentes, señalamiento sobre la ley, otras reacciones, acción de inconstitucionalidad, conclusiones y bibliografía.

¿Qué es la Ley Televisa?

Sorprendentemente, el 1 de diciembre del 2005 se presentó un dictamen diferente al discutido a lo largo de los dos años anteriores consistente en una serie de reformas a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Ley Federal de Radio y Televisión de México, sin tomar en cuenta las 1410 propuestas hechas durante ese tiempo. Aún más, dicho dictamen fue votado por unanimidad por todos los partidos políticos, sin el respaldo de los actores que habían participado en las consultas y foros, y ratificado por mayoría en el Senado de la República el 21 de marzo del 2006, durante el último año de la presidencia de Vicente Fox y poco antes de las elecciones generales de 2006 (Alemán, 2007,10 de junio). []Vicente Fox pudo haber vetado la ley por los señalamientos hechos por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes contra la ley, pero decidió publicarla él 11de abril del 2006, y en los hechos, que entrara en vigor, aduciendo la democracia que imperó en las cámaras para su aprobación.

La sospecha dio paso al disenso y al conflicto. Se le bautizó entonces como la “Ley Televisa”, por beneficiar al duopolio Televisa–Televisión Azteca. Al parecer, la iniciativa tuvo un silencioso cabildeo por parte de la primera empresa de televisión. Su apuesta fue aprovechar el momento de efervescencia política de las campañas para convencer a los diputados y senadores de la necesidad de una reforma con carácter de urgente.

La controversia está en que, en opinión de sus detractores, la ley consagra la desregulación del espectro digital en favor del duopolio mediático mexicano formado por Grupo Televisa y TV Azteca. De hecho Senadores que fueron miembros de la LIX Legislatura promovieron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una acción de inconstitucionalidad, argumentado que la llamada "Ley Televisa" inhibe la competencia y fomenta el poder del duopolio televisivo mencionado anteriormente (Gaytán y Fragoso, 2006).

De acuerdo con esta ley se concede a las televisoras privadas el uso, libre de todo cargo, de un bien público perteneciente al estado mexicano, como es el espectro digital de frecuencias. Esta ley ha sido considerada por diversos críticos, el regalo de un bien público (espectro de digital de frecuencias) a un medio privado.

En el marco de la acción de inconstitucionalidad, los senadores Pablo Gómez (PRD), Santiago Creel Miranda (PAN), entre otros políticos declararon haber aprobado la ley "bajo presión" y en el contexto de las elecciones generales de México en el 2006.

Antecedentes

Hasta hace poco tiempo México contaba con un marco legal para los medios sancionado en 1960. A lo largo de la segunda mitad del siglo XX  hubo diversos intentos de reforma, pero ninguno tuvo el alcance y la expectativa como la aprobada el 21 de marzo del 2006. En 1980, los diputados intentaron cambiar la Ley de Radio y TV sin éxito. Para 1997, el Congreso Mexicano propuso una Ley de Comunicación Social, conocida como “Ley Mordaza”, que no pasó. Para el 2001, ya en el gobierno de Vicente Fox, se realizaron consultas para la Reforma Integral de los medios de comunicación y cuyo único cambio fue la reducción del tiempo que los medios pagan al Estado por cuestiones legales y fiscales.

Los cambios políticos y sociales ocurridos en 46 años volvieron imprescindible una reforma de fondo, donde se acotaran la discrecionalidad del Estado en el otorgamiento de las concesiones, la necesaria  regulación de la correspondencia social de la programación y  la rendición de cuentas de los gastos que los partidos y el propio gobierno ejercen  en la contratación de campañas mediáticas para construir una opinión pública favorable a sus intereses (López, 2006,18 de enero).

Otra razón que llevó a proclamar la urgencia de una reforma legal fue la fuerza expansiva de las telecomunicaciones. El viejo concepto del espectro radial o televisivo ya no corresponde hoy con la convergencia tecnológica de redes que brindan servicios por un único medio: Internet, televisión, telefonía, etc. que están al alcance de un usuario de manera simultánea. Muchos países están ahora impulsando la llamada convergencia de redes y, ante ello, los concesionarios en México se encontraban en desventaja competitiva al no contar con un marco legal para la transferencia tecnológica. 

El anteproyecto de modificación a la Ley Federal de Telecomunicaciones y a la Ley Federal de Radio y Televisión tuvo como propósito dar respuesta a las necesidades y demandas anteriores. Durante más de dos años y medio se llevaron a cabo consultas con organizaciones sociales, organismos estatales, concesionarios, representantes de los medios, etc. El anteproyecto presentado en octubre del 2004 generó grandes expectativas. En lo general, se planteaba el carácter prioritario de la radio y televisión como medios masivos necesarios para la comunicación, información y expresión de la sociedad mexicana, así como  incentivar los cambios tecnológicos. 

* En lo particular, se  eliminaba la asignación directa de las concesiones por parte del Estado, y se establecían candados para evitar monopolios, al imponer a un operador un tope máximo de 35 por ciento del total de la cobertura o de los ingresos del sector en una plaza. * Los partidos políticos contratarían su propaganda directa con los medios, en este caso sería el Instituto Federal Electoral encargado de ello. La equidad y el favoritismo en la propaganda se garantizaban de esta manera. * Por último, desaparecerían las distintas instituciones reguladoras de los medios actuales: Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL) y Comisión Federal de Competencia  (COFECO) para dar lugar a un Consejo Nacional de Telecomunicaciones, con el mandato claro de evitar monopolios y regular las disputas en el sector. Dicho Consejo estaría integrado por ciudadanos reconocidos, cuyo nombramiento y duración trascendiera los tiempos del cambio de gobierno.   

Todo apuntaba a un consenso general de todos los actores, pero los tiempos electorales y la disputa interna entre los concesionarios condujeron a una seria polémica entre las partes que casi paralizó los trabajos legislativos. Diversos analistas daban por sentado que la discusión y aprobación del anteproyecto quedaría pendiente hasta la siguiente administración federal, debido a la cercanía del proceso electoral del 2 de julio del 2006. 

Javier Orozco Gómez, Abogado General de Grupo Televisa y más tarde Diputado Federal por el Partido Verde Ecologista de México, fue uno de los principales impulsores de la Ley Televisa (LFRTV). Durante la presentación de la Ley Televisa (LFRTV) fue senador suplente de la Senadora Irma Ortega Fajardo, que pidió licencia para que Orozco Gómez pudiera acceder a la Senaduría y defender el proyecto de la ley. De la misma manera, el vicepresidente ejecutivo de Televisa, Bernardo Gómez Martínez fue el artífice de las reformas a la ley de radio y televisión, que se había mantenido sin cambios desde 1960 y que garantizan que durará varias décadas más el duopolio de Televisa y Tv Azteca. La ley Televisa se elaboró en las oficinas de uno de los asesores de Bernardo, Javier Tejado Dondé. (Arreola, 2006, 16 de diciembre)

Otro de los principales promotores de la ley fue el abogado y senador Diego Fernández de Cevallos[] , que en para entonces se había destacado por llevar litigios de empresas e individuos frente al Gobierno Mexicano. Fernández de Cevallos llegó a atacar muy duramente [] al Senador de su partido Javier Corral Jurado quien se opuso a la ley, contra la opinión mayoritaria en su partido. Corral Jurado se esforzó por una reforma integral, democrática, para los medios electrónicos (Corral, 2006, 14 de marzo).

En la cámara de diputados, la ley contó con el apoyo de los tres partidos principales: PAN, PRI y PRD y fue aprobada casi por unanimidad. En el Senado, y después de una marea de críticas de periodistas no afiliados a Televisa o Tv Azteca, algunos senadores tanto del PAN, como Javier Corral Jurado, y varios senadores de PRI y PRD se opusieron a la ley. La bancada del PRD en su totalidad votó contra la ley con Raymundo Cárdenas, Senador por Zacatecas como una de las principales voces en contra.

La comparecencia ante el Senado del ingeniero Jorge Arredondo Martínez, presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones señaló ante la reiterada pregunta del senador Emilio Gamboa Patrón del PRI sobre si la ley constituía un avance y no asegura la rectoría del Estado para regular el uso eficiente del espectro radioeléctrico; no regula espectro y redes, bajo un mismo modelo, para admitir la creciente diversidad de nuevos servicios en convergencia; provoca una inadecuada administración del espectro que pone en riesgo la convergencia, porque dificulta el ingreso de nuevos servicios, tecnologías y prestadores de servicios (Corral, 2006, 28 de febrero).

Señalamientos sobre la ley

* En mayo de 2007, Sergio Salvador Aguirre Anguiano, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, afirmó que el artículo 28 de la Ley Federal de Radio y Televisión, que establece el otorgamiento de concesiones, violenta los artículos 1, 25, 27 y 28 de la constitución mexicana, además de que propiciaría la concentración de los servicios de radiofusión y telecomunicaciones en manos de los actuales concesionarios, Televisa y TV Azteca, principalmente (Reforma, 2007, 7 de mayo)[] * Hay acuerdo entre los opositores a la ley en que ésta aumentaría el control de las televisoras sobre el mercado y que la ley no prevé otorgar frecuencias gratuitas para radio o televisión comunitaria o educativa, existen discrepancias en cuanto al mecanismo de asignación de frecuencias: unos consideran que el mecanismo de subasta es injusto por principio, como el magistrado de la Suprema Corte Aguirre Anguiano, quien declaró "En una subasta sería el aspirante con mayores recursos financieros el que resulte vencedor, lo que se traduce en violación al principio de igualdad consagrado en el artículo primero constitucional". (Aguirre, 2007, 5 de mayo)[]

* El consenso entre los economistas de la regulación, apunta a que el concesionario que puede dar el mejor uso a una concesión es el que va a valorarla más y por lo tanto tenderá a ganar la subasta, lo cual generalmente no coincide con tener mayor capacidad financiera o tener un monopolio previo sobre el mercado. Por lo que, la mayoría de los economistas de esta área, ven a las subastas como un mejor método que la asignación del espectro comparado con el discrecional (Cramton, 2001, february).[] * Otros críticos de la ley señalan que se está regalando el espectro propiedad pública de la nación a las televisoras para la conversión a televisión digital y, por lo tanto, es justo que dichos activos se subasten con Televisa y TV Azteca participando sin ningún privilegio preexistente. También se sugiere que las televisoras puedan participar siempre y cuando no superen un cierto porcentaje de control de canales o estaciones de radio al estilo de la regulación tradicional de la competencia en Estados Unidos. * Santiago Creel que había sido secretario de Gobernación bajo el gobierno de Vicente Fox, que aprobó la polémica ley declaró posteriormente que la ley Televisa se aprobó en un clima de presión, ya que no se negoció, sino que se impuso como acción previa a las elecciones presidenciales de 2006, cuando "los partidos estaban involucrados en una intensa campaña que requería los espacios televisivos", y ello dio como resultado una legislación "con muchos defectos" (Becerril, 2007, 5 de mayo).[ ]

Otras Reacciones * El Instituto Mexicano de la Radio (IMER) no estuvo de acuerdo con esta ley porque ellos decían que si se aprobaba todas las estaciones de radio del IMER y los canales Once tv, Canal 22, Espacio Edusat y TV UNAM saldrían del aire. Todas las estaciones del IMER empezaron a transmitir una sola canción todo el día. Lo cual era una alegoría a la falta de pluralidad de los monopolios que siempre "tocan la misma canción", una voz en off que recordaba que los monopolios no favorecen la diversidad y pluralidad de los medios masivos de comunicación. Esta protesta en contra de la nueva ley de comunicación resultó una acción exitosa debido al impacto público.

Acción de Inconstitucionalidad

Cuarenta y siete Senadores de la LIX Legislatura, encabezados por Javier Corral Jurado, Dulce María Sauri Riancho, Manuel Bartlett Díaz, Raymundo Cárdenas entre otros, interpusieron en 4 de mayo de 2006 una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra las Leyes de Radio y Televisión y de Telecomunicaciones, con el fin de que fueran declaradas anticonstitucionales, total o parcialmente aduciendo que eran violatorias de los artículos 1, 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, proyecto que quedo en manos de Sergio Salvador Aguirre Anguiano, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). La minoría calificada de senadores fue representada, pro bono, por el despacho Zambrano y Madrazo Abogados, estando a cargo del caso un equipo conformado por el Lic. José Luis Zambrano Porras, el Dr. Alejandro Madrazo Lajous y la Lic. Mariana Benítez Tiburcio.

Tras varios meses, comenzó la discusión de la Ley, primero con comparecencias de los interesados ya ex senadores, de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión y técnicos de la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Politécnico Nacional, para fundamentar partes de los dictámenes y obtener información técnica de las discusiones.

La Suprema Corte declaró inconstitucional 6 artículos, 16 párrafos y partes de los textos de la ley, además de que se acreditaron omisiones legislativas. Entre lo eliminado de la Ley se tiene el proceso de Subasta de las concesiones, el refrendo automático de las mismas, la objeción del Senado de los miembros de la COFETEL, el periodo de 20 años de la concesión, además de los artículos que permitían la obtención de servicios extras digitales por el mismo espectro, además que se hizo hincapié que la Ley omitía mandatos de igualdad en los medios reglamentado en el artículo 2 de la Constitución. Ante esto, el Ministro Presidente de la Corte, Guillermo Ortiz Mayagoitia mencionó que la SCJN no hace política pero que incide en ella de manera imparcial, además que con ello anuncia una etapa de sentencia de importancia nacional con respecto al IFE, el Conflicto en Oaxaca y la violación de los Derechos Humanos de Lydia Cacho (Proceso, 2007, 8 de junio).

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Televisa aceptó públicamente la sentencia, pero disintió de ella en términos del refrendo automático (jornada,[] 2007, 8 de junio), coincidiendo también la CIRT. Además partidos políticos se han comprometido a modificar la Ley para resarcir los errores de las mismas, así como incluir a las comunidades en dichas leyes.

Conclusiones

PRIMERA: La Ley Televisa es hoy una reforma impugnada por muchos actores políticos y sociales. Están en juego diversos intereses que definirán el rumbo de los medios en México para las siguientes décadas. El problema de percepción pública en el país es que los políticos no fueron críticos con lo que aprobaron, más bien se plegaron a los intereses de una empresa que legalmente defiende sus intereses, pero que legítimamente excluyó los intereses del resto de los participantes.

SEGUNDA: Las reformas a la ley de telecomunicaciones y radio y televisión significaron un momento de completa debilidad de la clase política, y de completa fortaleza de los grupos económicos relacionados con la radio y la televisión. Intervinieron directa o indirectamente otros grupos económicos, grupos políticos, asociaciones ciudadanas y organizaciones internacionales que buscaron en todo momento proteger sus intereses

TERCERA: Los resultados son inciertos indudablemente, porque ni los políticos ganaron, ni tampoco los económicos. En el desgastante proceso por posicionar en la agenda sus intereses tal vez lo único que lograron fue neutralizarse mutuamente. Tendríamos, para responder correctamente, que verlo en dos tiempos. Los grupos económicos tuvieron la capacidad de imponerse sobre los políticos en 2006 pero los políticos respondieron contundentemente en 2007. El resultado de ambas agresiones tiene balance negativo para ambos grupos. Los mutuos señalamientos en sus respectivos medios de comunicación degeneraron en una polarización insana entre estos grupos.

CUARTA: La sociedad en cierto momento intentó tomar postura pero la mayor parte del tiempo se mantuvo al margen. Lo que sí fue evidente es un despertar de la sociedad, al menos para estar al tanto de lo que sucedía. El alto nivel de confrontación permitió que el ciudadano pudiera percatarse de los defectos de ambos grupos, así como de sus debilidades. La conciencia ciudadana respecto al tema de las telecomunicaciones, de los grupos fácticos y su alto poder de influencia, de los partidos políticos y su gran capacidad de imponer decisiones de emergencia. Esto demostró que los grupos políticos en México pueden actuar de manera conjunta si es que encuentran enemigos y amenazas compartidos.

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