Capítulo I. El Problema

1.1. Planteamiento del Problema

Los conceptos de identidad y ciudadanía hacen referencia a la condición jurídica o vínculo con el Estado que le permite a una persona el ejercicio de derechos políticos, civiles y sociales. El ser originario de un territorio determinado (o el haber decidido serlo) trae consigo la posibilidad de obtener beneficios y ayudas de tipo socioeconómico, el optar a cargos de elección popular, la posesión de bienes y propiedades; entre otros.

La identidad y el ejercicio de la condición de ciudadano, generan corresponsabilidad entre las personas y el estado. Se establece la obligación tácita de participar en la construcción permanente de la sociedad democrática, mediante el cumplimiento de los deberes civiles, sociales y políticos; el estudio, el trabajo y la participación en la construcción y consolidación de un sistema económico productivo.

En determinados momentos, es necesario demostrar la naturaleza de las mismas (identidad y ciudadanía), para ello, la mayoría de los estados han implementado estructuras que le permiten otorgar medios probatorios a las personas, de manera de que puedan demostrar su identidad y su condición de ciudadanos en su propio país y en el extranjero.

En Venezuela, el Estado a lo largo de la historia republicana ha establecido documentos que cumplen con esa función: la Partida de Nacimiento, la Cédula de Identidad, y el Pasaporte, en el caso de la identidad y ciudadanía; El Acta de Matrimonio o la Constancia de Concubinato, para el estado civil y el Acta de Defunción. Los cuales son de obligatoria obtención por parte del ciudadano y que le permiten demostrar su identidad y su estado civil para ejercer sus derechos, asumir obligaciones y reclamar beneficios.

Por lo general, el obtener esos documentos implica: trámites engorrosos, enfrentar una burocracia no eficiente, recibir malos tratos, pérdida de tiempo, frustración e impotencia ante unas instancias de la Administración Pública que parecieran no cumplir a cabalidad con sus funciones.

La Administración Pública Venezolana tiene un alto grado de rigidez. Se alega que su actuación se ve limitada por el cumplimiento estricto de la ley. Esto incide en la efectividad de las organizaciones, haciendo que la capacidad de emitir una respuesta oportuna a las demandas de los usuarios sea limitada. En consecuencia, pareciera necesario conciliar la legalidad de los actos con los principios administrativos y gerenciales aceptados universalmente.

Por ejemplo, para obtener las Partida de Estado Civil, una persona puede acudir a la Jefatura Civil, a la Oficina Municipal de Registro Civil o al Registro Principal de su jurisdicción. El contar con varias instancias no le garantiza al usuario una respuesta oportuna y efectiva a su solicitud. Por lo general, existen limitaciones en esas dependencias en cuanto a disponibilidad de recursos y capacidad de respuesta (cuantitativa y cualitativa) ya que el número de usuarios atendidos diariamente es muy pequeño en comparación con la cantidad de personas que demandan los servicios, el tiempo de espera de los documentos es de varios días y ocasionalmente, por falta de insumos el servicio no es prestado.

En el caso de aquellas personas con Partidas del Estado Civil de la ciudad de Caracas, Capital de la República Bolivariana de Venezuela, ubicada en el Municipio Bolivariano Libertador del Distrito Capital, pueden dirigirse a las Jefaturas Civiles o al Registro Principal del Distrito Capital. El funcionamiento de dichos entes no escapa a la realidad descrita en el párrafo anterior.

En el Registro Principal del Distrito Capital, reposa la mayor parte de la información relacionada con los nacimientos, matrimonios, defunciones e inserciones ocurridos en la ciudad de Caracas, desde el año 1874 hasta el presente, engloba de esta manera a las 22 parroquias que conforman el Municipio Bolivariano Libertador del Distrito Capital .

Las Oficinas de Registro Principal son parte del Sistema Registral y Notarial Venezolano, el cual está integrado por El Servicio Autónomo de Registros y Notarías (Saren) como ente rector, los Registros Principales, los Registros Públicos, los Registros Mercantiles y las Notarías Públicas. Este sistema tiene como finalidad garantizar la seguridad jurídica, la libertad contractual y el principio de legalidad de los actos o negocios jurídicos, bienes y derechos reales. La ley que lo rige es la de Registro Público y del Notariado, sancionada en el año 2006.

Mientras que la gestión del Saren engloba a todos los Registros y Notarías del país, el Registro Principal del Distrito Capital requiere administrar sus operaciones de manera de lograr objetivos a corto y mediano plazo, que le permitan a los usuarios obtener medios probatorios e información idónea, en un marco de seguridad jurídica integral. Esa oferta de servicio debe ser eficiente y de alta calidad, lo que se evidenciará en la simplificación de trámites, reducción del tiempo de respuesta, mejor relación precio-valor y seguridad en los procesos (lo que implica veracidad de la información).

La búsqueda de la excelencia en los servicios prestados por la Administración Pública, obliga a esta a buscar en los principios y técnicas de la Administración Privada, aquellos procedimientos que coadyuven al establecimiento de un servicio de alta calidad, como se supone que debe prestar un estado eficiente. El ciudadano visto como cliente (ciudadano corporativo) y la racionalidad en el uso de los recursos públicos funcionan como supuestos que orientan la acción y que sustentan el modelo de la nueva gestión pública.

En el Siglo XXI, se impone el paradigma de la equidad y de la responsabilidad social. Ya no es suficiente generar procesos eficaces, eficientes, racionalmente económicos y de calidad, sino que es necesario generar un beneficio al entorno inmediato, en términos cuantitativos y cualitativos; así como el actuar éticamente.

De igual manera, se impone el uso de las Tecnologías de la Información y de la Comunicaciones (TIC´s) para mejorar y/o rediseñar los procesos, masificar la atención mediante el uso de la red global de información (internet), disminuir los tiempos de ejecución y garantizar la seguridad de la información.

Con base en lo ante expuesto, se evidencia la necesidad de una adecuada administración de los procesos en cualquier institución de servicio público. Las cuales parecen estar en consecuencia, obligadas a Planificar, Coordinar, Dirigir, Controlar y Gerenciar con visión estratégica sus actividades.

El punto de partida del proceso administrativo es la Planificación, entendida esta “como la actividad para establecer metas y el curso de acción adecuado para alcanzarlas” (Stoner, 1996, 11). Una organización, sea del ámbito público, privado o sin fines de lucro, es creada para satisfacer una necesidad de la sociedad. Dada la naturaleza escasa de los recursos y la multiplicidad de necesidades de los individuos, se hace necesario el establecimiento de metas y objetivos; y determinar las vías para lograrlos, de manera de evitar el gasto de los insumos sin que se satisfagan los requerimientos de los ciudadanos ya que se generaría frustración, rabia y decepción en los mismos.

Se hace entonces, evidente la necesidad por parte del Registro Principal del Distrito Capital de prestar un servicio de excelencia con parámetros de calidad a los ciudadanos en un marco de seguridad jurídica integral. Esta Oficina de Registro como unidad operativa, no debe sólo limitarse a reaccionar y a esperar indicaciones (o directrices) por parte del Servicio Autónomo de Registros y Notarías, sino que esta obligada a implementar estrategias propias que le permitan ser una organización proactiva que se anticipe al futuro inmediato, tomando en cuenta la importancia de la información utilizada y de los procesos ejecutados. Es decir, requiere Planificar.

Lo antes expuesto, conduce a la formulación de algunas interrogantes, que pudieran servir de guía en la investigación:

1. ¿Qué actividades deben planificarse en el Registro Principal del Distrito Capital de manera de satisfacer efectivamente las necesidades de los usuarios?

2. ¿La aplicación del enfoque de Planificación Estratégica Corporativa en el Registro Principal del Distrito Capital, permitirá ejecutar procesos de manera más eficiente y eficaz?

3. ¿Es necesario formular un Plan Estratégico en el Registro Principal del Distrito Capital?

4. De ser afirmativa la interrogante anterior: ¿Qué objetivos deben lograrse con la finalidad de cumplir con la Misión del Registro Principal del Distrito Capital? ¿Qué estrategias deben implementarse de manera de avanzar en la consolidación de la Visión de esta Oficina de Registro?