Capítulo 4. Distribución de los Recursos Financieros Públicos

La situación fiscal de un país no es ajena a las vicisitudes de su economía. En el Perú, en los primeros años de la década de los noventa el gobierno logró revertir la crisis existente al comienzo de dicho decenio, pero no solucionó los problemas de la economía de una manera integral y eficiente. Si bien se logró una importante estabilidad económica y social en el periodo 1990-1997, los shocks internos y externos que originaron la aguda crisis del periodo 1998-2000 pusieron en evidencia la debilidad de las reformas implementadas.

Al respecto, Carlos Otero añade:

“La falta de un plan integral en la reestructuración del Estado, la debilidad y carencia de autonomía de las instituciones gubernamentales, y los niveles de corrupción que se hicieron evidentes, demostraron que el proceso de reformas económicas fue más el resultado de los esfuerzos por reinsertar al país al sistema financiero mundial que consecuencia de una voluntad política de larga maduración.”

La política de estabilización aplicada en los primeros años del gobierno de A. Fujimori, además de medidas de política monetaria/cambiaria, también consideró cambios importantes en el manejo del gasto y los ingresos tributarios. Dentro de las primeras medidas de corrección fiscal, se eliminaron subsidios y exoneraciones en tarifas públicas, se restringió el financiamiento primario del déficit público, se crearon controles de caja fiscal y se reformuló la estructura tributaria. Todas estas medidas fueron el inicio de un programa de reestructuración de la gestión pública que formó parte de la reforma implementada por el primer gobierno de A. Fujimori.

El proceso de apertura económica y la devolución de confianza a los organismos internacionales, hizo posible la entrada masiva de flujos de capital extranjero que sostuvieron el crecimiento económico durante el periodo 1990-1997, a través de privatizaciones, inversiones de largo plazo en sectores primarios y monopólicos y capital especulativo en bolsa y líneas de crédito a instituciones bancarias. De esta manera, el modelo económico empezó a generar un significativo atraso cambiario que fomentó las importaciones, afectando la industria local y creando un fuerte sesgo anti-exportador. El impacto social fue muy significativo traduciéndose en una reducción de sueldos y salarios reales y un decrecimiento del empleo formal.

El cambio en la gestión pública fue importante dentro de las reformas emprendidas por el gobierno que se instaló el 28 de julio de 1990. Reformas que comprendieron la reestructuración del sistema tributario, la reforma fiscal, los programas de reinserción y manejo de la deuda pública externa, el nuevo rol empresarial del Estado, las reformas sociales y el nuevo papel en la regulación de servicios públicos y mercados financieros . Como se ve, la reforma en la gestión pública comenzó enmarcada dentro de los objetivos de las reformas económicas, aunque en los años posteriores la influencia de factores políticos y más tarde de la corrupción, la terminaron debilitando.

Carlos Otero considera que son discutibles los beneficios de la privatización y en general, los resultantes de las reformas estructurales:

“Dados los resultados observados a lo largo de la década de los noventa, puede afirmarse que las reformas estructurales, tal y como fueron aplicadas en el Perú, fueron un fracaso. Así la estructura productiva no alcanzó los estándares pretendidos ni se produjeron mejoras en la competitividad que determinaran reducciones de costos y precios. Finalmente, tampoco permitieron una estructura de precios que fuera competitiva en el mercado internacional.”

Lo descrito en esta parte introductoria, intenta poner de relieve que en el país en los noventa la distribución de los recursos financieros públicos se ha determinado en un contexto oscilante para nuestra economía, transitando del caos hacia un escenario promisorio para luego derivar al nuevamente impregnado de dificultades e incertidumbre.