La década de los 80´s, encontró severa crisis económica

Durante la severa crisis económica iniciada en 1982 se redujeron los recursos públicos destinados a la educación superior:

–Disminución en gastos de inversión en instalaciones y equipamiento, en la investigación y desarrollo, en los sueldos de los académicos (Kent: 1999: 237-238), en la caída de la demanda real por estudios de licenciatura.

El sistema educativo tuvo la presión de las políticas de ajuste económico por parte del Fondo Monetario Internacional (FMI) y posteriormente del Banco Mundial, lo que favoreció, como contraparte, dado el deterioro del sector público, el crecimiento de la matrícula en las instituciones privadas en la década de los ochentas crecieron casi al doble que las públicas y sus instituciones se triplicaron (Valenti y Del Castillo: 2000: 650).

La educación superior se convirtió en un terreno problemático, donde se agudizaron tensiones y se dio un ensamblaje conflictivo (Acosta: 2000: 88), que cambio las relaciones entre el gobierno y las universidades públicas. Producto del conflicto, en algunos casos, se dio la parálisis institucional –como en el caso de la UNAM- (Acosta: 2000: 89).

A raíz de los conflictos entre el Estado y las universidades se gesta un nuevo marco para las relaciones, basado en una activa intervención gubernamental en lo que atañe al crecimiento y las orientaciones de las universidades del país –sobre todo de las instituciones públicas-. De la tendencia, en los setentas, de una política benevolente y una planeación indicativa, se pasa, a mediados de los ochentas, a las políticas de evaluación ligadas al financiamiento público, lo que significó una participación activa y conducente del sistema educativo superior y de las instituciones universitarias (Acosta: 2000: 26).

El establecimiento de criterios de eficacia y eficiencia del desempeño institucional, la pertinencia social de los servicios universitarios, la redistribución de la oferta educativa o el grado de madurez de la docencia y la investigación, con esto, se construye un proceso de planificación y evaluación que se extiende hasta la década de los noventas, a todo el sistema de educación superior del país (Mendoza: 2002: 12). El propósito era claro y contundente, reformar el sistema de educación superior y a las instituciones universitarias a partir de estímulos externos, basados en el financiamiento estatal.

Se pueden distinguir las siguientes orientaciones en las políticas públicas hacia las universidades: conflicto universidad-gobierno y ruptura del pacto (1968-70); política democratizadora y populista para la reconstrucción del pacto (1971-76); establecimiento de la primera etapa de una concepción sistémica y formalista de la planeación (1977-82); política de negligencia benigna con intentos de reordenamiento a través de la planeación (1982-88); políticas del Estado evaluador (1989-95) (Mendoza: 2002: 13).

Al igual que en la década de los 70´s, se continuó con una política de descentralización, se registran modificaciones en cuanto a la distribución geográfica de las oportunidades educativas, sobre todo se busca incorporar nuevas instituciones tecnológicas.

De nuevo, se toma el resume hecho por Ángel Díaz Barriga quien compendia las principales características de este periodo:

- Contención de la matrícula bajo el argumento de masificación de la educación.

- Promover la calidad de la educación sobre su crecimiento.

- Disminución de recursos fiscales asignados a la educación superior.

- Promover una diversificación de las fuentes de financiamiento.

- Promover la reorientación de la matrícula hacia áreas con menor demanda: ciencias exactas y naturales y ciencias agrícolas.

- Se acentúa la expansión de la educación superior privada, ésta crece numéricamente, aunque porcentualmente atiende a un porcentaje bajo de la matrícula global (Díaz Barriga: 1999: 380).