BIBLIOTECA VIRTUAL de Derecho, Economía y Ciencias Sociales

ARMONIZACIÓN LEGISLATIVA EN MATERIA DE INSOLVENCIA INTERNACIONAL DE LOS GRUPOS ECONÓMICOS: ¿UNA ASIGNATURA PENDIENTE PARA EL MERCOSUR?

Luciana Beatriz Scotti


Esta página muestra parte del texto pero sin formato.

Puede bajarse el libro completo en PDF comprimido ZIP (279 páginas, 1.19 Mb) pulsando aquí

 

 

C. Ámbito de aplicación material

El Reglamento 1346/2000 comprende a todo procedimiento colectivo fundado en la insolvencia del deudor que implique su desapoderamiento parcial o total y el nombramiento de un síndico. La insolvencia, entonces, es el presupuesto objetivo y debemos recurrir a cada una de las normas de derecho nacional para conocer la definición de este estado o situación, pero en principio, no es necesario que tales procedimientos impliquen la liquidación del deudor ni la intervención de una autoridad judicial. Así, para el derecho francés, la insolvencia se define como el estado de cesación de pagos; en el ordenamiento inglés, deben darse dos condiciones esenciales: la empresa no puede pagar sus deudas o las obligaciones del deudor exceden el activo según su balance; en el derecho portuguéz se asocia con la incapacidad financiera: la imposibilidad de la empresa de cumplir puntualmente con sus obligaciones por falta de medios propios y de crédito; para el derecho alemán la insolvencia se traduce en la incapacidad de cubrir el pasivo con el activo.

Por otra parte, y tal como se puede apreciar este instrumento no diferencia según se trate de procedimientos para comerciantes o no comerciantes. De hecho, en el considerando 9° expresamente deja sentado que el deudor puede ser tanto una persona física como jurídica, comerciante o no comerciante. Además, debe señalarse que este reglamento se aplica sin tener en cuenta la nacionalidad ni del deudor ni de los acreedores.

Sin embargo, el reglamento no se aplica a los procedimientos relativos a las empresas de seguros, y a las entidades de crédito, a las empresas de inversión que presten servicios que impliquen la posesión de fondos o de valores negociables de terceros o a los organismos de inversión colectiva. Tal como destaca Esplugues Mota, todas estas son materias a las que desde siempre se les ha concedido un tratamiento propio, diferenciado del régimen general debido a la especial relevancia que estos ámbitos tienen en el sistema económico - financiero nacional. Es precisamente por ello que sobre estos entes las autoridades competentes nacionales suelen gozar de amplias facultades de intervención.

En la actualidad, la Directiva 2001/17/CE del 19 de marzo de 2001 se dedica al saneamiento y a la liquidación de las compañías de seguros y la Directiva 2001/24/CE del 4 de abril de 2001 se encuentra destinada al saneamiento y liquidación de entidades de crédito.

D. Ámbito de aplicación territorial

El Reglamento 1346/2000 se aplica exclusivamente a procedimientos intracomunitarios. Sólo resulta procedente su aplicación a los procedimientos de insolvencia de un deudor que tiene el centro de los intereses principales en un Estado de la UE. Por ende, si esta condición no se da, porque aquél se encuentra en un Estado extra comunitario, aún cuando existan bienes y acreedores en Estados miembros, el reglamento no se puede aplicar. En tales casos, será necesario acudir a otras fuentes convencionales que vinculen al Estado miembro con el tercer Estado o a las normas de fuente interna. Tal como destacan Watte y Marquette, debido a estas situaciones que no caen bajo el ámbito de aplicación del reglamento, subsiste la importancia en Europa del derecho nacional en materia de insolvencia internacional. Repárese en las numerosas casas matrices establecidas en Estados Unidos con filiales en países europeos.

Cabe señalar que esta normativa comunitaria vincula a todos los Estados Miembros de la UE, salvo Dinamarca, que no participó en la adopción del Reglamento por lo que según reza el considerando 33 "no está vinculada por el mismo ni obligada a aplicarlo". Ello en virtud del Protocolo anejo al Tratado de Amsterdam que recoge su particular posición, reacia a ceder soberanía, salvo que expresamente ejerza su derecho de sumarse a la aplicación del Reglamento, tal como sí lo hizo Gran Bretaña e Irlanda.

E. Ámbito de aplicación temporal

Según el art. 43 este reglamento se aplica solamente a los procedimientos que se abran con posterioridad a su entrada en vigor, es decir después del 31 de mayo de 2002. Los actos jurídicos que el deudor haya llevado a cabo antes de tal fecha continuarán sujetos a la ley que les fuese aplicable en el momento de su celebración.

Asimismo, el art. 44 dispone que tras su entrada en vigor, el Reglamento, en las relaciones entre los Estados miembros sustituirá, respecto de las materias a que se refiere, a los Convenios suscritos entre dos o más Estados miembros, y en particular menciona:

a) Convenio entre Bélgica y Francia relativo a la competencia judicial, y sobre valor y ejecución de las resoluciones judiciales, laudos arbitrales y documentos públicos con fuerza ejecutiva, firmado en París el 8 de julio de 1899;

b) Convenio entre Bélgica y Austria sobre la quiebra, el convenio de acreedores y la suspensión de pagos (con protocolo adicional de 13 de junio de 1973), firmado en Bruselas el 16 de julio de 1969;

c) Convenio entre Bélgica y los Países Bajos relativo a la competencia judicial territorial, quiebra, y sobre valor y ejecución de resoluciones judiciales, laudos arbitrales y documentos públicos con fuerza ejecutiva, firmado en Bruselas el 28 de marzo de 1925;

d) Tratado entre Alemania y Austria sobre quiebra y convenio de acreedores, firmado en Viena el 25 de mayo de 1979;

e) Convenio entre Francia y Austria sobre la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones sobre quiebra, firmado en Viena el 27 de febrero de 1979;

f) Convenio entre Francia e Italia sobre ejecución de sentencias en materia civil y mercantil, firmado en Roma el 3 de junio de 1930;

g) Convenio entre Italia y Austria sobre quiebra y convenio de acreedores, firmado en Roma el 12 de julio de 1977;

h) Convenio entre el Reino de los Países Bajos y la República Federal de Alemania sobre reconocimiento y ejecución mutuos de resoluciones judiciales y otros títulos ejecutivos en materia civil y mercantil, firmado en La Haya el 30 de agosto de 1962;

i) Convenio entre el Reino Unido y el Reino de Bélgica sobre la ejecución recíproca de sentencias en materia civil y mercantil, acompañado de un Protocolo, firmado en Bruselas el 2 de mayo de 1934;

j) Convenio entre Dinamarca, Finlandia, Noruega, Suecia e Islandia, relativo a la quiebra, firmado en Copenhague el 7 de noviembre de 1993;

k) Convenio europeo relativo a determinados aspectos internacionales de los procedimientos de insolvencia, firmado en Estambul el 5 de junio de 1990.

Todos estos Convenios seguirán surtiendo efecto cuando se trate de procedimientos abiertos antes de la entrada en vigor del Reglamento.

Además permanecen vigentes en todos aquellos aspectos no regulados por el Reglamento o cuando éste no resulta aplicable, como, por ejemplo cuando el centro de los intereses principales del deudor está fuera de la UE.


Grupo EUMEDNET de la Universidad de Málaga Mensajes cristianos

Venta, Reparación y Liberación de Teléfonos Móviles
Enciclopedia Virtual
Biblioteca Virtual
Servicios