Capítulo 1. Introducción General

1.1. Desafíos de una nueva época

La nueva definición del Estado Colombiano como un Estado Social de Derecho, implica una estructura especial de Estado, en el cual la gestión pública orientada a resultados representa la base para el logro de los propósitos de desarrollo de los municipios, departamentos y la Nación, en su conjunto.

El fortalecimiento que le dio la Constitución Política de 1991, al esquema descentralista adoptado con anterioridad, permitió un nuevo ordenamiento administrativo, jurídico y económico otorgando competencias y funciones específicas a cada nivel de gobierno.

El otorgamiento de competencias y funciones busca que el nivel nacional se encargue de definir los objetivos, planes, políticas y estrategias de desarrollo económico y social para todo el territorio; que el departamento como nivel intermedio, se encargue del control y supervisión de la aplicación de esta política en su jurisdicción, y que el municipio, como célula básica de la organización del Estado, sea el prestador de los servicios públicos sociales, ejecutor básico del gasto público y primer intérprete de la comunidad.

El nuevo marco jurídico definió las competencias en cada uno de los sectores sociales y económicos, en donde en algunos casos como la educación y salud son compartidas por el municipio y el departamento. El municipio es el escenario propicio para el cumplimiento de los fines y deberes esenciales que un Estado de Derecho, como el colombiano, debe tener para con su comunidad. Según el artículo 311 de la Constitución Política, le corresponde al municipio –como entidad fundamental de la división político administrativa– la prestación de los servicios públicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la Constitución y las leyes. Lo que busca el municipio es satisfacer las necesidades básicas de la población de su territorio para alcanzar un desarrollo permanente y sostenible a escala local, que sumado con el desarrollo de otras localidades permitirá alcanzar los fines del Estado a nivel agregado.

Es precisamente en el municipio donde se puede medir la eficacia, eficiencia, efectividad y equidad de las políticas públicas en términos de mejoramiento de la calidad de vida de la población, del fortalecimiento de los canales democráticos para la resolución de conflictos y la consolidación de los procesos productivos, dado que es el nivel ejecutor del Estado Colombiano. El municipio para alcanzar los objetivos y cumplir con sus competencias constitucionales y legales, de concebir, la administración municipal en cabeza del alcalde, debe concebir a la entidad territorial como una empresa, cuyo objetivo debe ser maximizar o alcanzar los mayores niveles de bienes y servicios sociales para mejorar la calidad de vida de su población.

Es por ello que el alcalde debe desempeñarse como un gerente, asumiendo sus funciones como planificador, organizador, líder y controlador de la organización que dirige. Al alcalde le toca tomar decisiones en las cuales la mayoría de las veces son difíciles, debe orientar la ejecución de las acciones planeadas, y debe realizar evaluación de las acciones adelantadas, con el fin de dar cuenta a la comunidad que lo eligió y tomar los correctivos necesarios para alcanzar las metas propuestas en la fase de planeación.

El concepto que reúne estos elementos –planeación, ejecución y evaluación– es el de gestión pública integral orientada a resultados. De una buena gestión local depende que se logre cumplir con los fines del Estado, razón por la cual es importante que tanto las administraciones locales como la sociedad civil conozcan sobre los criterios y alcances de esta, las competencias a cargo del nivel local, los recursos con que se cuenta para ello y cómo pueden participar activamente en dicha gestión.

En la primera parte del documento se describirá el concepto de gestión pública integral orientada a resultados, indicando sus fases y aspectos generales. En un segundo momento el lector encontrará la conceptualización a cerca del enfoque sistémico. El tercer capítulo comprende las expectativas de la propuesta de desarrollo agroindustrial en el marco de desarrollo sostenible. Por último, se presenta el capítulo de la evaluación Propuesta de Desarrollo Agroindustrial: Proyecto de Central de panela, como producto derivado de la caña de azúcar, en el que se describe la importancia de esta en la planeación y la ejecución, y para incentivar el proceso de participación ciudadana respecto de lo público.