BIBLIOTECA VIRTUAL de Derecho, Economía y Ciencias Sociales


REPLANTEANDO LA INTERACCIÓN GOBIERNO-SOCIEDAD: LECCIONES DE LA GOBERNACIÓN AMBIENTAL EN LA FRANJA MÉXICO-ESTADOS UNIDOS

Ricardo V. Santes-Álvarez


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VII. DERIVACIONES AMBIENTALES DEL TLCAN

Las reformas a la gestión ambiental en la frontera México-Estados Unidos de los últimos diez años no surgen por sí solas; no pueden apreciarse en su real dimensión sin tratar con otros aspectos de la relación bilateral; aspectos que, por cierto, van mucho más allá de la frontera común. A finales de los ochenta y principios de los noventa, el TLCAN sacudió el marasmo en el desempeño ambiental fronterizo en que estaban inmersos ambos países, por lo que el tratado adquiere relevancia para el entendimiento de la gobernación fronteriza de los años recientes. La primera sección de este capítulo examina los acontecimientos surgidos en torno al debate sobre el TLCAN; la siguiente, los acuerdos y organizaciones ambientales que surgen con el Tratado.

7.1. ANTECEDENTES: EL DEBATE SOBRE LA APROBACIÓN

En noviembre de 1990, los presidentes Carlos Salinas y George HW Bush se encontraron en Monterrey, NL, donde analizaron los posibles beneficios económicos y efectos ambientales de la liberalización comercial entre los dos países. Pronto, ambos gobiernos se encontraban empeñados en un acuerdo de libre comercio, el cual, hacia enero de 1991, fue extendido para incluir a Canadá en una iniciativa trinacional; el ministro canadiense Brian Mulroney se sumó a las aspiraciones de los presidentes mexicano y estadounidense de consolidar una inmensa área de libre comercio en Norteamérica. De acuerdo con esto, la exportación de productos entre los tres países traería a la región una economía más equilibrada; el objetivo general del acuerdo sería, entonces, “mejorar las condiciones generales de vida mediante la reducción de barreras al libre flujo de bienes, capital y servicios”. El TLCAN tomó forma bajo la guía de estos personajes.

Tan pronto la iniciativa del acuerdo de libre comercio fue anunciada, aparecieron dos sectores antagónicos. Por un lado, un sector que favorecía el TLCAN, en donde se agrupaban empresas estadounidenses, representantes del Congreso y académicos; el sector aducía que el acuerdo promovería el crecimiento económico en el bloque norteamericano, particularmente en la región fronteriza de México y Estados Unidos a través de oportunidades de desarrollo industrial. Por otro lado, había un sector de opositores al tratado, integrado por ambientalistas, trabajadores, abogados y políticos, quienes argumentaban que el libre comercio desplazaría los empleos de Estados Unidos hacia México, y atraería compañías contaminantes a la frontera norte de aquel país.

Los opositores al TLCAN tenían fuertes razones para exhibir esta postura: hacia 1990, varias fábricas de muebles y trabajos en madera del sur de California se habían desplazado hacia Tijuana; esto ocurría por dos motivos principales. Primero, por las estrictas regulaciones ambientales impuestas dos años atrás por la South Coast Air Quality Management District, agencia regional que tenía mandato federal de reducir los niveles de smog en la cuenca de Los Angeles; para los fabricantes estadounidenses, las leyes mexicanas resultaban menos exigentes en estándares tanto de calidad de aire como de seguridad ocupacional. Segundo, por los bajos salarios que los dueños de las fábricas acostumbraban pagar -y aún lo hacen- a los trabajadores mexicanos.

En diciembre de 1991, los presidentes Salinas y Bush tuvieron otro encuentro, en donde el segundo ratificó su apoyo al TLCAN, pero adujo que toda vez que 1992 era un año de elecciones, el acuerdo comercial no sería sometido al Congreso sino hasta después de la elección. Sin duda, cualquier legislación que pudiera implicar costos en empleo para los trabajadores estadounidenses significaba un riesgo político que los congresistas no desearían votar en un año electoral.

Los opositores al acuerdo se aferraban a la idea de frenar su aprobación. Información de algunos medios revela que algunos inclusive acusaron a agencias federales estadounidenses de corrupción: un miembro de un comité asesor que supervisó el PIAF aseguró que el gobierno, a través de la EPA, estaba presionando a México para aceptar el mantenimiento en su territorio de los residuos provenientes de las maquiladoras estadounidenses; una medida que, evidentemente, violaría la ley mexicana y el ALP. Más tarde, reconociendo la inminente aprobación del TLCAN, los opositores presionaron a los negociadores para que incluyeran controles ambientales en el acuerdo.

Los tres gobiernos resistieron la presión y continuaron sus negociaciones hasta agosto de 1992; es decir, mientras Bush permanecía aún en el cargo. Sin embargo, siendo 1992 un año electoral, el destino del TLCAN en la siguiente administración estadounidense no quedaba claro.


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