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REPLANTEANDO LA INTERACCIÓN GOBIERNO-SOCIEDAD: LECCIONES DE LA GOBERNACIÓN AMBIENTAL EN LA FRANJA MÉXICO-ESTADOS UNIDOS

Ricardo V. Santes-Álvarez


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7.1.2. Repercusiones en México

OANG estadounidenses opuestas al TLCAN percibieron el momento como una oportunidad para ampliar su influencia sobre la política nacional y más allá. Grupos como Friends of the Earth, Sierra Club, y Public Citizen demandaron que los gobiernos tomaran acciones para detener la contaminación ambiental existente en la frontera, y que realizaran estudios sobre el impacto que la iniciativa comercial tendría sobre el medio ambiente. Su opinión, compartida por sectores del gobierno, era que México había exhibido desempeños pobres en materia ambiental. En consecuencia, la administración Clinton debería analizar los efectos del TLCAN sobre el ambiente antes de someter la iniciativa al Congreso. Demandaron, asimismo, mejoras en la administración y en la aplicación de las leyes ambientales mexicanas como condición para frenar su oposición al TLCAN. La OANG mexicana, “Grupo de los 100”, también mostró una fuerte oposición al acuerdo ambiental. Un sector de coaliciones ambientalistas asentadas en la frontera, como Alert Citizens for Environmental Safety y la International Environmental Alliance of the Bravo, de El Paso, se mostraron igualmente recelosas del acuerdo; argumentaron que el libre comercio atraería a compañías contaminadoras a México, especialmente a su frontera norte, aparte de desplazar los empleos de Estados Unidos a ese país, debido a los salarios más bajos.

El debate del TLCAN fue, realmente, un momento crucial para poner a prueba el poder político de los sectores antagónicos. Los ambientalistas a favor o en contra del TLCAN trataron de hacer uso de todos los medios a su alcance para conseguir sus propósitos. Todavía más, en el debate sobre el TLCAN, algunos no ocultaron intereses que estaban absolutamente alejados de aquellos relacionados con el comercio, el medio ambiente o el empleo. Es el caso del director del Economic Policy Institute, un think tank asentado en Washington, quien escribió que en México la democracia debería ir antes que un acuerdo comercial con los vecinos de Norteamérica. Por eso, “el primer paso que debe darse de forma más responsable es rechazar el TLCAN”, aseguró.

Al final, no obstante, el TLCAN pasó satisfactoriamente por la House of Representatives en Estados Unidos. Su aprobación por el senado, el parlamento canadiense, y el congreso mexicano siguió poco después. Los acuerdos paralelos tuvieron efecto el primer día de enero de 1994, el momento mismo en que el TLCAN inició su vigencia.

El debate alrededor de la aprobación del TLCAN fue relevante en la medida en que tuvo fuertes repercusiones en México. El tema de las leyes y reglamentos ambientales de este país catalizó posiciones conflictivas de los socios comerciales de Norteamérica. El debate se centró no tanto en los desempeños económico y ambiental de Canadá o Estados Unidos sino en aquellos de México. El desempeño ambiental de México, juzgado como “pobre”, estaba creando consecuencias negativas para la aprobación del TLCAN y representaba un gran obstáculo para las negociaciones de libre comercio. Por tanto, con la finalidad de arribar a la concreción del acuerdo, debía ocurrir alguna convergencia en el marco normativo de los tres países que tendiera a optimizar los estándares ambientales; en un sentido más realista, lo que debía ocurrir era una adherencia de las leyes y regulaciones mexicanas a los regímenes legales y de cumplimiento de Estados Unidos y Canadá. México no tenía otra alternativa más que cambiar su régimen normativo.

Richard Steinberg comenta que los problemas ambientales adquirieron gran relevancia en México desde entonces. Para 1990, México había llevado a cabo medidas para mejorar su régimen ambiental, varias siendo reflejo de las estadounidenses. Esto fue relevante en la medida en que se consideraba que tales avances iban bien con la posibilidad de concretar finalmente el TLCAN. Para algunos, no obstante, México mostró una preocupación ficticia al adoptar medidas legales y reformas burocráticas frente a su problemática ambiental, pues el verdadero motivo fue, aducían, el deseo de este país por tener aprobación de sus vecinos del norte en lo referente al acuerdo comercial.

Una reflexión menos parcial obliga a considerar que México inició su camino hacia estilos de gobernación superiores en un terreno difícil pues, con la finalidad de mantenerse a un ritmo cercano con sus socios comerciales, se vio confrontado a su realidad de país en vías de desarrollo, obligado a cumplir con estándares ambientales de países del primer mundo en un tiempo francamente corto. Aunado a esto, en el nivel doméstico los actores no gubernamentales empezaron a pugnar por adquirir una participación mayor en el proceso de toma de decisiones, sobre todo, frente a la percibida amenaza que el acuerdo de libre comercio representaba para la calidad del ambiente y la salud de la gente. La gobernación ambiental mexicana estaba a prueba. Sin duda, el TLCAN fue determinante para la manera en que México instrumentó reformas aceleradas a su régimen ambiental; pero de cualquier forma, si tal percepción es absolutamente correcta o no parece de poca relevancia frente al hecho de que el país efectivamente avanzó hacia formas de gobernación ambiental más adecuadas.


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