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REPLANTEANDO LA INTERACCIÓN GOBIERNO-SOCIEDAD: LECCIONES DE LA GOBERNACIÓN AMBIENTAL EN LA FRANJA MÉXICO-ESTADOS UNIDOS

Ricardo V. Santes-Álvarez


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9.3. ALTIBAJOS EN LA GOBERNACIÓN AMBIENTAL

PdN ejemplifica las iniciativas sociales que por mucho tiempo han pugnado por hacer la relación binacional tan aceptable como sea posible. A diferencia de los otros casos, PdN mostró una sociedad civil adelantando propuestas para disminuir la contaminación de la cuenca aérea binacional por vía de canales institucionales; sin embargo, las autoridades locales y federales mostraron intereses conflictivos con respecto al proceso de toma de decisión.

Es de resaltar que cualquier deber ambiental por parte de los actores políticos interesados ha de surgir de acuerdo a circunstancias específicas. En PdN, por ejemplo, la gente consideró que toda vez que el uso de los autos particulares es la principal causa de contaminación del aire, el problema ambiental podría disminuirse mediante la puesta en marcha de diversas medidas paliativas, pero sin que alguna implicara abandonar la comodidad de conducir sus propios autos. Es decir, aun a costa de seguir respirando aire contaminado, la mayoría rechazó la opción de dejar de usar sus propios vehículos y entonces aceptó asumir otro tipo de compromisos. Tal vez esa es lo razón por la que ciudadanos y autoridades han trabajado de manera conjunta en la instrumentación de acciones para disminuir el problema de contaminación del aire, tales como el control de las emisiones, el mantenimiento periódico de los vehículos, el sistema de carpooling y otras estrategias reguladoras restrictivas. El problema ambiental no se soluciona, pero la gobernabilidad queda garantizada.

En SB fue notorio que las audiencias públicas, junto con las evaluaciones técnicas, sirvieron únicamente para legitimar decisiones que el gobierno y los inversores privados habían tomado previamente. La decisión de las autoridades fue proseguir con el proyecto del depósito nuclear a cualquier costo, sin importar el rechazo social. Texas prefirió prestar atención a presiones que provenían de otros estados dejando en claro que las perspectivas de ganancias económicas y los compromisos adquiridos tuvieron prioridad sobre cualquier consideración ambiental y de derechos de comunidades locales, e independientemente de supuestas violaciones a las regulaciones y los acuerdos ambientales bilaterales que fuesen aplicables. En ese contexto, un factor que muchos juzgaron como determinante para la cancelación del proyectado Sierra Blanca low-level radioactive waste depository fue la inminente elección de gobernador; pero esto es algo que hasta ahora, aparte de algunos desplegados en medios y opiniones colectadas entre la gente, no ha sido un tema de mayor interés para los analistas políticos.

En AP, la preocupación ambiental del gobierno fue en realidad casi una broma pesada, puesto que en ningún momento el gobierno mexicano mostró un interés genuino por intentar siquiera devolver a la gente un medio ambiente natural sano. El caso surgió por dos factores. Por un lado, debido a los incentivos legales, económicos y fiscales que el gobierno mexicano otorgó a los inversores privados registrados en el programa de maquiladora. Urgido por mayores ingresos, el gobierno no mostró interés en controlar la gestión de materiales peligrosos por parte de las industrias. Inclusive, baste remarcar que, cuando la ProFePA se creó, uno de los primeros pasos que dio el nuevo procurador del medio ambiente fue declarar su intención de resolver los problemas ambientales de México a la comunidad de negocios de California. No a los mexicanos, mucho menos a aquellos viviendo en periferias como Ojo de Agua, donde se ubicaba la planta de Alco Pacífico.

Alco fue noticia por el desinterés de México y Estados Unidos en respetar normativas y acuerdos. México soslayó el Decreto de Maquiladora, cuando la ProFePA decidió enviar los residuos a Hermosillo, en vez de requerir a Estados Unidos tomar las medidas pertinentes y retornar el material a su territorio; por añadidura, ambos países violentaron el Acuerdo de La Paz. Aún más, ante el panorama de obtener altos ingresos sin riesgo de penalizaciones, tanto el propietario de la empresa como sus clientes desobedecieron las disposiciones legales de California y México sin mayor reparo. Del lado de la comunidad, fue comprensible que en AP la preocupación ambiental se dio en relación inversa a la dependencia de los ingresos económicos que la planta les significaba. La lección es que, cuando las necesidades fundamentales de seguridad económica y laboral no están debidamente atendidas por el Estado, el ambiente es irrelevante.


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