CAPÍTULO IV. Del Procedimiento para la Emisión de Disposiciones y para el Seguimiento de su Cumplimiento

Artículo 14.- Cuando el consejo o el secretario técnico adviertan la necesidad de emitir nuevas disposiciones o modificar las existentes, este último elaborará el proyecto respectivo.

El secretario técnico someterá el proyecto a opinión del comité, el cual contará con el plazo que se establezca en las reglas de operación para emitir las observaciones que considere pertinentes.

Si, transcurrido el plazo, el comité hubiera emitido observaciones, corresponde al secretario técnico incluir las que estime pertinentes. Una vez incluidas las observaciones o transcurrido el plazo sin que el comité las hubiere emitido, el secretario técnico someterá el proyecto a consideración del consejo para su aprobación.

En caso de que el consejo no apruebe el proyecto en cuestión o determine que deben realizarse modificaciones, devolverá el proyecto al secretario técnico para que realice los ajustes que correspondan.

El consejo, al emitir sus decisiones, tomará en cuenta las características de los municipios con población indígena para que se contribuya al desarrollo y mejoramiento de sus condiciones. Asimismo, el consejo debe asegurarse que sus disposiciones se emitan en pleno respeto a los derechos que la constitución otorga a los pueblos y las comunidades indígenas.

La Secretaría de Hacienda podrá emitir, previa opinión de la Secretaría de la Función Pública, en el ámbito federal, las disposiciones correspondientes, en tanto el consejo decide en definitiva sobre la aprobación del proyecto en cuestión.

COMENTARIO

En este artículo se comenta el proceso para emitir nuevas disposiciones o modificar las existentes, observándose que el Comité consultivo, cuando sea consultado por el Secretario Técnico del Consejo, puede emitir observaciones respecto de los proyectos que se le presenten, correspondiendo al Secretario Técnico incluir las que estime pertinentes, siendo finalmente el Consejo quien apruebe o no los proyectos en cuestión.

Por otra parte, en diferentes regiones del País existen municipios con población indígena, Estados como Oaxaca, tienen asentamientos humanos con alta población indígena y aquí la norma dispone que el Consejo al emitir sus decisiones, debe tomar en cuenta las características de este tipo de municipios, para que la normatividad que se emita contribuya al desarrollo y mejoramiento de sus condiciones.

Comunidades Indígenas

Art. 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Son comunidades integrantes de un pueblo indígena, aquellas que formen una unidad social, económica y cultural, asentadas en un territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres.

El derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación se ejercerá en un marco constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional

El reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas se hará en las constituciones y leyes de las entidades federativas

Artículo 15.- El secretario técnico publicará el plan anual de trabajo del consejo en el Diario Oficial de la Federación y en los medios oficiales de las entidades federativas.

El consejo deberá difundir oportunamente el contenido de los planes de trabajo, las actas de sus sesiones, sus acuerdos, el sentido de las votaciones y la demás información que considere pertinente.

El consejo, por conducto del secretario técnico, llevará un registro de los actos que, en los términos del artículo 7 de esta Ley, realicen los gobiernos de las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal para adoptar e implementar las decisiones del consejo. Para tales efectos, éstos deberán remitir la información relacionada a dichos actos, dentro de un plazo de 15 días hábiles contados a partir de la fecha en la que concluya el plazo que el consejo haya establecido para tal fin.

El secretario técnico publicará la información a que se refiere este artículo en una página de Internet desarrollada expresamente para esos efectos, la cual deberá ser accesible para la población en general.

La Secretaría de Hacienda no podrá inscribir en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades y Municipios a que se refiere el artículo 9 de la Ley de Coordinación Fiscal, las obligaciones de entidades federativas y municipios que no se encuentren al corriente con las obligaciones contenidas en esta Ley. Para tal efecto, en las solicitudes de registro que presenten las entidades federativas y municipios deberán manifestar bajo protesta de decir verdad que cumplen con las obligaciones requeridas.

COMENTARIO

Es responsabilidad del Secretario Técnico del Consejo publicar la información relativa a los planes de trabajo, las actas de las sesiones, los acuerdos, el sentido de las votaciones y la demás información que considere pertinente en una página de INTERNET desarrollada expresamente para tal fin, con la finalidad de que dicha información se encuentre al alcance de la población en general. Esta disposición es relevante toda vez que pone al alcance de estudiantes, investigadores, académicos, servidores públicos y de la ciudadanía, toda la información relacionada con la normatividad en materia de armonización contable.

En el último párrafo de este mismo artículo se expresa que la Secretaría de Hacienda no podrá inscribir en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades y Municipios a que se refiere el artículo 9 de la Ley de Coordinación Fiscal, las obligaciones de entidades federativas y municipios que no se encuentren al corriente con las obligaciones contenidas en esta Ley. Esta información tiene trascendencia, dado que como se expresa en el penúltimo párrafo de la citada disposición, el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y los Gobiernos de las Entidades que se hubieran adherido al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal podrán celebrar convenios de coordinación en materia de información de finanzas públicas; siendo a su vez esta información de importancia para instituciones de crédito, proveedores, acreedores y todos aquellos entes económicos que tengan relaciones de negocios con entidades públicas.