IV. 1 Factibilidad de aumentar los ingresos públicos basada en la participación actual que tiene la recaudación como por ciento del PIB estatal y el número de empresas que operan en cada entidad federativa.

Para determinar dicha factibilidad se partirá de la identificación del potencial de recaudación que alberga cada entidad federativa derivado de la fortaleza y dinamismo de su economía, cuya bujía de crecimiento la constituye el número de empresas que operan sus territorios.

Para la consecución de este objetivo, en principio se sugieren las seis arriba mencionadas en función del tamaño de sus economías como de la evolución de sus ingresos fiscales ( Ver Capítulo II), de la participación de estos en el PIB estatal y por ende, del número de empresas que operan en sus demarcaciones territoriales, en los años que el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal ha tenido modificaciones importantes. Para ello se usan las estadísticas de la Cámara de Diputados de 1980 a 2006, como del Censo Económico de 2003.

Así, con las referencias del Capítulo II ahora se describe la evolución que ha tenido la participación de los ingresos fiscales locales y los federales en el PIB de las siguientes entidades federativas.

En principio se observa que es baja la recaudación con respecto a la capacidad económica de los entidades federativas, ya que en ninguno de los años clave para la coordinación hacendaria que se estableció, los porcientos nunca fueron superiores al 16.3 (en 2006: Veracruz), con el atenuante de que fue de un dígito en la mayoría de las economías más grandes.

Ello induce a pensar que se puede recabar más, en particular si dichos porcentajes se comparan con el porcentaje promedio de 18.0 que registran otros países miembros de la ECDE y con el reto inmediato de “elevar recaudación a 18% del PIB” ( Leyva et al, 2009:1 ). Luego entonces como en las seis entidades anteriores los porcentajes son muy inferiores a esa meta, diremos por analogía que dicha meta debe procurar alcanzarse en 21010 sin hacer grandes cambios estructurales en la legislación y en los programás operacionales (porque no hay tiempo y porque la nueva Cámara de Diputados entre en funciones hasta septiembre próximo), con base en:

1.- La capacidad que tengan las economías de estos seis estados para soportar el incremento en ingresos fiscales;

2.- El uso de todas la potestades tributarias que tienen las haciendas públicas locales para aumentar sus ingresos propios y federales coordinados; y

3.- En la aplicación inmediata y eficiente de medidas administrativas y coactivas.

Al respecto, se especula que la concentración de la actividad productiva limita el crecimiento (Martínez, 2009: 3A) de la economía (y su capacidad para soportar más gravámenes) en estas seis entidades, mismás que además fueron seriamente afectadas por la pandemia de la “Influenza española” de abril a mayo pasado.

Consideramos que lo anterior es cierto parcialmente pero que también es cierto que en época de crisis económica y financiera como la actual, lo urgente se debe anteponer a lo importante, es decir, se tiene que actuar con la normatividad fiscal vigente para recaudar más ingresos públicos, sin propiciar cambios estructurales que tomaría tiempo instrumentarlos.

En apoyo de esta sugerencia, debemos de agregar que independientemente de que se difiera para otra ocasión la solución al problema crónico de la concentración económica, la noticia de (Martínez, 2009: 3A) quien informa que “ de información del Grupo Financiero Banamex y del Instituto Nacional de Estadística y Geografía se desprende que a pesar del acotado aumento que mostraron los estados que encabezan la producción nacional, las sinergias que generaron fueron suficientes para impulsar el crecimiento de la economía a un ritmo de de 1.16 por ciento anual, ligeramente superior al de este grupo de entidades”.

Dicho informe induce a pensar que en otras entidades federativas también es posible incrementar los ingresos fiscales porque sus economías también crecieron.

Así, dado que dicho crecimiento es pues una realidad, entonces conviene aprovecharlo para recaudar más durante 2010 en todas las entidades que integran el pacto federal. Sin embargo, por motivos prácticos y tratando de que sea factible cumplir con la meta del 18.0% del PIB, se propone que además de priorizar acciones en las seis entidades que producen el 53.3% del PIB, también poner énfasis en las que a continuación se describen puesto que registran indicadores que aseguran aumentos en la recaudación estatal.

En esas entidades se observa una dinámica de crecimiento aceptable de los ingresos públicos que captaron sus haciendas en 2006, que en cierta forma fueron el resultado de la inercia que traía el crecimiento de sus economías, mismo que a su vez, emanó del número significativo de sus empresas en operación.

Dicho en otras palabras, también se proponen estados con carácter prioritario porque en ellas es significativa la variación porcentual en el tiempo de sus ingresos públicos, y porque la participación de los mismos en el PIB estatal aún es menor al valor del parámetro que estamos utilizando para trabajar selectivamente, dado que ambos invitan a pensar que aún hay un margen considerable de recaudación en el gran número de empresas que operan en esa entidades.

Por otra parte conviene señalar que al suponerse que sus economías no crecieron espectacularmente, debemos ser cautelosos y no sugerir que el incremento en los ingresos públicos se fundamente en cambios estructurales profundos, sino en algo práctico y que esté en vigor actualmente.

¿Cómo qué?

Sugerimos que se base en:

1.- Uso de todas las potestades tributarias que tienen las entidades para incrementar sus ingresos propios y, colateralmente los federales coordinados; y

2.- El combate a la evasión y elusión fiscales, con eficientes medidas administrativas y coactivas.