CAPÍTULO II. EL GOBIERNO DE RAÚL ALFONSÍN (1983 – 1989)

II.1. INTRODUCCIÓN

Raúl Alfonsín asumió el 10 de diciembre de 1983, en el albor de la fiesta cívica que significaba el retorno de la democracia a la vida institucional del país. Pero esta atmósfera de regocijo, no bastaría para ocultar la preocupación del entrante mandatario por la “herencia” que le dejaba el gobierno de facto saliente, que combinaba, además de un enorme déficit fiscal, nacional y provincial, “reservas disponibles en el Banco Central apenas por US$ 387 millones, inflación del 433 %, un déficit público del 16 %, una fuga de capitales por US$ 10.700 millones entre 1980 y 1981, sumado a atrasos en los pagos externos por US$ 2.270 millones y una deuda que superaba en cinco veces el valor anual de las exportaciones (la deuda externa global ascendía al equivalente del 60 % del PBI)” (Kanenguiser, 2003: 50).

El discurso que mantuvo Raúl Alfonsín durante su campaña electoral pasaría a la historia por el papel que le asignó a la democracia en la resolución de los problemas que aquejaban al país, y pareció marcar el inicio de una relación especial entre un pueblo sediento de justicia social, y un gobernante, dispuesto a obtenerla. Era evidente que el gobierno y la ciudadanía otorgaban un papel prioritario a la necesidad de resolver cuestiones sociales postergadas, como las vinculadas con el avasallamiento a los derechos humanos, ocurrido durante el mandato del saliente gobierno de facto . Sin embargo, el devenir de los hechos iría revelando las limitaciones de la naciente democracia para resolver todas las cuestiones pendientes: su imposibilidad para doblegar a los grupos responsables de la violación de las libertades individuales; para alistar tras de sí a los diversos poderes corporativos, que comenzaban a reconstituirse en su lucha contra el gobierno; y también, su incapacidad para estabilizar la economía interna, algunos de cuyos índices amenazaban con desmadrarse.

Al desenvolvimiento desalentador de la economía interna se sumó también la particularidad del contexto internacional que atravesaba América Latina tras la crisis de la deuda (1982), caracterizado por altas tasas de interés y escasez en el flujo de capitales extranjeros, a lo cual se añadiría luego la baja en los precios de los productos agrícolas. Esta situación no sólo afectó el nivel de ingresos y endeudamiento del país, sino que también requirió que gran parte del superávit fuera aplicado al pago de la deuda externa .

De este modo, el ámbito internacional también iría condicionando el desenvolvimiento de la economía interna. La evolución de los acontecimientos mostraría que la realidad de la economía nacional y de las cuentas públicas, se irían imponiendo en la agenda de gobierno, y terminarían cercenando los grados de libertad (para la acción) del ejecutivo nacional. La espiral inflacionaria sería difícil de controlar e iría generando un creciente malestar en la sociedad, requiriendo del gobierno una atención cada vez mayor a la coyuntura económica, mientras se dejaba de lado cualquier posible estrategia largo-placista en materia económica. La persistente oposición del sector sindical y del partido justicialista, así como la creciente presión de los acreedores externos, significarían para el gobierno un condicionamiento constante, que junto a los acuciantes problemas económicos, acabarían dificultando la gobernanza misma del país, y precipitarían el traspaso anticipado del gobierno, al entonces electo presidente, Carlos Saúl Menem.

En ese contexto nacional e internacional, el espacio para el desarrollo e implementación de una política industrial fue casi inexistente. Ello explica que se mantuviera en este período la vigencia de gran parte de las políticas industriales que habían sido diseñadas durante la gestión del último gobierno de facto .