2.2 Una relación social conflictiva

Asumo que la categorización de la violencia hecha por Álvaro Guzmán entendida como el producto de una relación social de conflicto70, evidencia las necesarias tensiones que en un escenario social se presentan, dadas las características de sociedades no homogéneas, con diferencia de criterios e intereses entre sus miembros.

Ensayos sobre la crisis colombiana. Bogota, ILSA – CEREC, 1989, p. 108 70 GUZMÁN, Álvaro. Violencia urbana y seguridad ciudadana en Cali. EN Revista Foro, Bogotá, Nº 22, noviembre, 1993, p.

Podría pensarse que dichas tensiones se suceden por la confrontación en torno al poder pues, como afirma Astrid Téllez "lo que prevalece en la relación social de conflicto es la pugna por el poder y los beneficios que de él se derivan en términos de recursos de bienestar y bienvivir. En última instancia, la violencia no es otra cosa que la lucha por los beneficios del poder como medio de acumulación y dominio"71. Sin embargo esta perspectiva genera por lo menos dos interrogantes: ¿Es toda violencia el reflejo de una lucha por el poder? ¿En toda relación social conflictiva se entra necesariamente en pugna por el poder y sus beneficios? En lo que sigue afirmaré que no, y que en determinados contextos, más que al poder, el contenido de una relación social conflictiva obedece a demandas de influencia.

Al parecer, la consideración de la violencia como una relación social de conflicto por los beneficios del poder, sustentada en la acumulación y el dominio, anula o por lo menos dificulta la comprensión política de acciones sociales que no pretendan detentar el poder sino que utilicen, en procura de una mayor influencia, medios violentos como instrumento de resistencia, al tiempo que se demanda de quienes detentan el poder político que repartan sus beneficios.

Esta distinción es importante en la medida en que hasta hace poco la pretensión de acceso al poder político solía ser vista como el referente fundamental para asignar a las guerrillas móviles políticos, mientras que se negaban pretensiones políticas a aquellas acciones y actores que no se expresaran en la competencia directa por los beneficios del poder político, aunque obtuvieran acumulación de confianza y extensión de su dominio territorial, generando ordenes paralelos al del Estado.

Fenómenos de autodefensa, milicianos, y diferentes mecanismos de resistencia ciudadana, dan cuenta de un contenido político en sus actuaciones, sin que pretendan con ello ganar el poder político en Colombia. Lo que si resulta claro es que la acción de estos movimientos, extendida sobre un determinado territorio, instaura órdenes al margen del poder político; y que desde la institucionalidad esos órdenes son tolerados con indiferencia mientras no entren en pugna precisamente por el reparto de los beneficios que ese mismo poder genera.

Lo que afirmo es que en una relación social de conflicto signada por el recurso a las formas de la violencia, el único móvil o el más importante no es necesariamente la búsqueda de dominio y acumulación por el ejercicio del poder, y tal vez ni siquiera tenga que darse una búsqueda de poder como ejercicio de abierta confrontación bélica contra el Estado. Piénsese, tal como se dijo antes, en esa especie de desobediencia civil en que consiste la ciudadanía armada que, a lo sumo, reclama su seguridad, que seguramente se desmantelaría si ocurriera una significativa y perdurable presencia estatal.

La afirmación cuestionada en Astrid Téllez, aplicada al asunto de fenómenos como el de las milicias que la autora examina en las ciudades de Bogotá y Medellín resulta improbable, toda vez que en ellos no es evidente una pretensión de acumulación y dominio por fuera de nichos territorialmente limitados en los que, eso sí, se procura una extensión horizontal de los beneficios del poder y la satisfacción de garantías de orden y seguridad para la comunidad en un determinado territorio:

El control del territorio nos permitía fortalecer una base social a la cual transmitir el discurso político y de la cual ganar legitimidad al defender su patrimonio y cuidar su seguridad72 .

Si bien hay un propósito político en el accionar miliciano, éste se inscribe en coordenadas distintas a las de la conquista del poder del Estado y la confrontación bélica con él, entendiéndose las milicias no como un ejercito en contienda, mas sí como un movimiento social armado:

Nosotros venimos en plan de seguridad y trabajo social73 .

Como milicias nos consideramos el resurgir del movimiento cívico y de reivindicaciones sociales a favor de la calidad de los servicios públicos, de la vivienda, de la educación y en general de lo que tiene que ver con el bienestar social. Como ya lo dijimos, las milicias son la comunidad organizada, no somos guerrilla, lo más aceptado que podría decirse es que las milicias somos el brazo armado del movimiento cívico y de las comunas pobres que no aguantan más74 .

Este objetivo cívico es prioritario frente a otros. Prueba de ello es que se negocia permanentemente con actores estatales75 y se usa el marco de la institucionalidad76:

Nosotros cogíamos a los muchachos después de advertirles insistentemente y si no se aplicaban pues les montábamos un operativo, les quitábamos las armas y muchas veces cuando sabíamos quien era el que había caído y lo que había hecho llamábamos a la policía para que fuera a recogerlos77 .

De igual manera se demanda una mayor presencia institucional y operativa del Estado en su territorio, por la vía de la inversión social y de la presencia de la fuerza pública legal, fundamentalmente.