5.4 Legitimidad de la violencia y posibilidades de la desobediencia

Hay una preocupación que, desde San Agustín a Kelsen, recorre la historia del pensamiento político a propósito de la experiencia del poder: ¿cómo distinguir el de las instituciones estatales del ejercido por una banda de ladrones?237 Pese a lo rico de las imágenes políticas del consenso, la obediencia y el monopolio de las armas por parte del Estado, capaces de convertirse en alegorías míticas al servicio de una comunidad que se imagina a sí misma y se representa construyendo ficciones sobre su acontecer como nación, resulta curioso observar que en el movimiento que va del pavor a la disolución social al miedo en la acción estatal, la violencia alegada como perjudicial y nociva en manos de los ciudadanos se transmuta en necesaria y legítima en manos del Estado. ¿Cómo ocurre este transito? ¿Qué es lo que legitima al Estado?238 ¿Qué es lo que hace de la violencia estatal legitima una violencia deseada y signo de civilización?239

En esencia lo que acontece es que las sociedades transmutan el enjuiciamiento ético de la violencia240 asignando a la violencia estatal el estatus de legítima en función de los medios que aplica y los fines que persigue, que serían los de la contención del ánimo belicoso y la disposición a batallar, con lo cual se asigna un estatus político a una acepción ética241 .

Sin embargo ésta transvaloración no ocurre sólo cuando el actuante de la violencia que se legitima es el Estado sino que igualmente se desplaza hacia actores reverenciados como autoridades en un territorio disputado con múltiples referencias a la violencia y alta disposición belicosa, como acontece en ciudades con violencias complejas y multirreferenciales como Medellín, en las que comunidades urbanas han apoyado y legitimado de manera sucesiva a sujetos individuales catalogados por la prensa y los voceros policiales como justicieros: Ocurrió en el caso de la aparición de las milicias populares, en la aprobación del pago por cubrimiento de seguridad por parte de bandas delincuenciales y en la transmutaron de bandas y milicias que se confundieron y se fundieron en el bando paramilitar.

La razón fundamental por la cual esto ha ocurrido es precisamente la que en principio hace nacer al Estado: contener la violencia y propiciar un escenario de pacificación que incluso considere producir terror242 . La sociedad que nace del consenso necesita igualmente las certezas que en principio el Estado debe garantizar. Cuando éste no logra dar certezas ni genera el consenso, ocurre que las comunidades se pliegan a favor de la acción de quien represente una opción más fuerte que la del Estado o por lo menos produzca hechos de pacificación no necesariamente estructurales y certezas provisorias243 .

El que las comunidades urbanas estén tan dispuestas a apoyar a grupos armados con capacidad de control sobre las violencias, distintos a la fuerza publica, evidencia por un lado el desgaste de las instituciones como referentes de orden social, con la consecuente inocuidad del Estado, pero por otro identifica las características de la ciudadanía que se cuece en el fragor de la batalla.

El ciudadano armado que en este ejercicio se ha planteado, se levanta sobre las ruinas del ciudadano deliberante, tal cual Hobbes ya había descubierto el declive del hombre aristotélico “por el descubrimiento de la condición humana temerosa y deseante”244; el cual ya no podrá ser posible debido precisamente a que entre nosotros la política ha significado la continuación de la guerra con los mismos medios en diferente escenario, con lo cual los discursos sobre la sociedad y el propio Estado se han gestado con los códigos de la guerra y no con los del temor o el consenso. Y los códigos de la guerra se expresan en negativo, son gregarios, fanáticos, plagados de incertidumbre y del discurso de los agravios, anárquicos y signados por las metáforas de la muerte245, su acción es negativa, su discurso es tanático y las mediaciones que propicia erosionan el tejido social más que sembrarlo.

En este contexto de inocuidad del Estado y ciudadanía armada los ciudadanos, bien sea por acción directa o por la conversión de la seguridad en mercancía en la periferia de la ciudad246 , reasumen de hecho el poder cedido al Estado como tercero en ejercicio de la fuerza pública garante de orden y seguridad. Si el Estado no parece ni es capaz de imponerse como dador de orden ¿que justifica obedecerle? ¿No resulta más eficiente usurparle sus funciones a pesar del costo social de dicha acción? Solo en este contexto es posible que se deslegitime el uso de la violencia por parte del Estado y se la legitima en favor de los ciudadanos247, no solo por la conversión de los ciudadanos en consumidores de seguridad.

Muy notoriamente se debe destacar el que el Estado colombiano no haya podido consolidar una hegemonía exitosa, capaz de extender su dominio sobre los ámbitos de la vida pública. Una hegemonía exitosa, depende de su capacidad para equilibrar eficientemente coerción y persuasión248; y de la eficiencia en la construcción de puentes entre la legitimidad y la fuerza249 .