INTRODUCCIÓN

La Constitución en toda sociedad está encargada de configurar y estructurar los poderes del Estado que ella misma reconoce, por lo que establece los límites al ejercicio del poder, además de las libertades y derechos fundamentales, junto a sus garantías.

La Carta Magna es la norma más generalizadora y de más pretensiones, pues de cierta forma marca las pautas en todas las relaciones sociales que para el Derecho son de suprema trascendencia. Su supremacía en el ordenamiento jurídico juega un papel esencial en el mantenimiento del sistema político en cualquier país, pues es la única norma que generalmente proviene de poderes constituyentes y no de poderes constituidos como ocurre con el resto. Además, la constitución recibe mayor protección, pues casi siempre se establecen procedimientos agravados para su reforma, y es quien determina la validez del resto de los actos normativos, los cuales deben promulgarse respetando en lo formal y material el mandato de esta.

Es por ello que se hace indispensable controlar, a los poderes del Estado y a los particulares con el gran fin de garantizar el respeto irrestricto a la Carta Magna.

La justicia constitucional es hoy un mecanismo de control del poder estatal, de garantía de la soberanía popular y de participación ciudadana, imposible de eludir u obviar en los sistemas de Derecho modernos, pues se ha convertido en uno de los medios más eficaces para lograr efectivos niveles de control de constitucionalidad y de defensa de los derechos fundamentales.

Con el transcurso del tiempo estos tribunales constitucionales han asumido una trascendental función, la interpretación de la Constitución y las demás leyes, y han pasado a crear principios generales de derecho, a través de sus resoluciones judiciales, lo cual acorta aún más las diferencias entre los clásicos sistemas de Derecho Common Law y Romano- Francés.

La justicia constitucional, y en especial los tribunales constitucionales, constituyen un límite al legislador y se han convertido forzosamente en sustitutos de estos, cuando no llevan a cabo tareas que se derivan obligatoriamente de los mandatos constitucionales.

De ahí que nuestro problema de investigación esté encaminado a ¿Cómo lograr que el control de constitucionalidad de las leyes, la defensa de los derechos humanos y la interpretación de la Constitución y las normas, en Cuba, se realice de forma efectiva?.

Para poder solucionar el problema, el objeto de estudio de esta tesis se revela en el proceso la jurisdicción constitucional y nos hemos trazado como objetivo general recomendar una propuesta de jurisdicción constitucional para Cuba.

Los objetivos específicos se formulan de la siguiente manera:

1- Fundamentar desde el punto de vista teórico doctrinal el tema de la jurisdicción constitucional.

2- Demostrar la necesidad de la creación de una jurisdicción constitucional en Cuba, para el control de constitucionalidad de las leyes, la defensa de los derechos humanos y la interpretación de la Constitución desde el diseño de una propuesta concreta.

De la relación triádica problema-objeto- objetivo, se deriva la siguiente hipótesis a demostrar: la creación de un Tribunal Constitucional en Cuba facilitaría un efectivo control de constitucionalidad, una eficaz defensa de los derechos humanos y una interpretación de la Constitución más acorde con la práctica y la realidad jurídica.

Los métodos utilizados fueron el teórico jurídico, que fue empleado con el objetivo de definir cuestiones doctrinales, el de análisis histórico para descubrir el devenir histórico que ha mantenido la institución analizada, permitiendo el establecimiento de regularidades de carácter histórico y el análisis documental, para poder hacer el estudio de las constituciones como fuentes primarias del conocimiento.

La técnica seguida fue el análisis bibliográfico y legislativo, al consultarse doctrinas y legislación en materia constitucional.

Este trabajo consta de dos capítulos, el primero titulado “La jurisdicción constitucional: doctrina y práctica internacional”, el cual realiza un análisis teórico acerca de la justicia constitucional, y el segundo denominado “La justicia constitucional en Cuba: necesidad y factibilidad”, el que analiza la recepción de esta institución en nuestro país y hace una propuesta para su instrumentación en la actualidad. Por último se llega a determinadas conclusiones concretas y precisas, y se realizan recomendaciones con el fin de crear en Cuba un Tribunal Constitucional.