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CONSIDERACIONES TEÓRICAS ACERCA DE LA ECONOMÍA INFORMAL, EL ESTADO Y LA GERENCIA

Alexei Ernesto Guerra Sotillo



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2.4 Las Misiones Sociales

Las reformas jurídicas e institucionales recientes, han permitido conformar en el país un marco normativo de apoyo a las microempresas, a la economía popular y al denominado ámbito microfinanciero, expresado también en mecanismos de acción oficial bautizados con el nombre de misiones, en áreas como la educación en diversos niveles, la salud, y diversas actividades sociales y productivas.

Según un completo trabajo que al respecto elaboró el ILDIS (2006) las misiones surgen en el año 2003, como iniciativa del gobierno nacional a fin de atender en forma prioritaria a los sectores populares del país en áreas donde existieran altos déficit de atención de la política social. Su aparición ocurre dentro de un clima de confrontación y polarización política cuyos momentos más álgidos fueron el intento de Golpe de Estado en abril de 2002, el Paro Petrolero de diciembre de 2002 y el Referendo Revocatorio de agosto de 2004.

Referencia importante al analizar las acciones gubernamentales bajo el gobierno de Hugo Chávez, como expresión de políticas sociales y de una concepción del Estado, algunas de estas Misiones son: Misión Barrio Adentro (atención primaria en salud); en educación, Misiones Robinson I y II (alfabetización y culminación estudios primarios), Ribas (culminación de educación media) y Sucre (acceso a estudios universitarios); Misión Mercal (abastecimiento alimentario y protección nutricional); Misión Vuelvan Caras (capacitación en labores productivas con formación en desarrollo económico y cooperativismo), y Misión Hábitat (tierra, vivienda y proyectos urbanos para la calidad de vida).

De acuerdo a la referida investigación del ILDIS (2006) las misiones nacen de una estrategia político-electoral para llegar rápidamente a los sectores de mayor respaldo al gobierno, estrategia que se diseña en un momento crítico cuando el gobierno percibió como posible una amenaza a su continuidad. Además, a través de ellas se canalizan abiertamente los objetivos del proyecto político de los actores gobernantes por lo que, en el tiempo transcurrido, las misiones se han convertido en medios y mecanismos para sostener las líneas de acción del gobierno, al margen de una institucionalidad que ha sido muy debilitada y no tiene capacidad para conducir tales acciones.

Según el referido trabajo, el débil control que la Presidencia y las altas autoridades públicas tenían sobre el aparato ejecutivo del Estado fue la razón principal que hizo surgir las Misiones. Así es como las Misiones lograron reacomodar las instituciones dentro de un orden de prioridades dictado por el gobierno (la agenda única) y recuperar el manejo de los recursos para ejecutar estas prioridades (el carácter extra-institucional). La siguiente función y como base de las otras dos, era que las Misiones permitían asegurar la dirección estratégica de las políticas o, en otras palabras, evitar desviaciones, quitar obstáculos y debilitar resistencias.

Estos novedosos mecanismos de actuación del Estado en materias de bienestar colectivo para sectores populares, representan ciertamente un mecanismo redistributivo que buscaría atenuar la grave problemática social, educativa, sanitaria y de empleo de gruesos sectores de la población venezolana, que el gobierno, a través de sus normales mecanismos institucionales, no ha podido enfrentar. Si bien han logrado solucionar diversas necesidades de la colectividad de los sectores tradicionalmente excluidos de la atención del Estado, es pertinente mencionar algunos intentos de evaluación y medición de su impacto. Ello, en el interés de permitir el análisis sobre su efectividad y continuidad.

Más allá de la evaluación técnica, conceptual y metodológica que pueda efectuarse sobre dichas acciones, y del arsenal publicitario y presupuestario que las sustenta, un estudio realizado entre marzo y abril de 2004 por la empresa Cifras Encuestadoras (CECA) alertaba sobre la poca eficacia de dichos programas ya que, en el caso de la Misión Robinson (alfabetización), de cada 100 consultados, 79 señaló que había oído hablar de ella, pero sólo 1 que había participado: la Misión Sucre (para bachilleres) sólo es conocida por 53,1%, y sólo ha logrado ingresar a ese programa 6,9%; y en cuanto a la Misión Vuelvan Caras, 38,7% de los consultados afirmó que la conocía, pero hasta ahora sólo un 7,5% manifestó que había sido incluido. El programa con mayor participación efectiva es el de Barrio Adentro, ya que 27,7% afirmó que su familia había sido atendida. (Diario El Nacional, 28-04-04, p. B-12)

En una etapa inicial, y entre las pocas opiniones técnicas sobre éstas misiones, y específicamente sobre la denominada “Vuelvan Caras”, medida del gobierno contra el desempleo, puede hacerse referencia a la planteada en su momento por Francisco Rodríguez, ex–director de la Oficina de Asesoría Económica y Financiera de la Asamblea Nacional, quien ha expresado que, haciendo cálculos conservadores, y asumiendo que dicho programa llegaba a cubrir apenas a 25% de los desempleados y que el tiempo de permanencia en el programa no excede de 6 meses, el costo del programa llegaba a 4,1 billones de bolívares, casi el doble del gasto público en salud de Venezuela. Según Rodríguez, un principio básico del diseño de política económica es que cuando se busca incentivar una actividad, se le subsidia, y cuando se busca desincentivarla, se le grava, por lo que el efecto esperado de introducir un subsidio al desempleo es el de reducir los beneficios de buscar empleo y desincentivar la búsqueda de empleo.

Esta opinión, plasmada por el economista en el artículo de opinión ¿Puede “Vuelvan Caras” reducir el desempleo? (Diario El Nacional, 10-05-2004), es finalmente reforzada con una frase lapidaria sobre dicho programa de empleo oficial: “Su escasa viabilidad fiscal implica que probablemente Vuelvan Caras termine sirviendo como un mecanismo de transferencia de dinero y activos a grupos concentrados de los partidarios más activos del Gobierno.”

De acuerdo a lo planteado hasta ahora, la utilización de “informal” o “popular” para denominar a un espacio productivo, laboral u organizativo, evidencia los cambios y las contradicciones que el replanteamiento del poder económico global está generando en todos los rincones del planeta, y especialmente en aquellos aún no favorecidos con las bondades del desarrollo. Esta dicotomía ilustra no tanto un problema metodológico o lingüístico, o falta de acuerdos, para designar un espacio de la realidad económica. El asunto remite a la existencia de interpretaciones o categorías de análisis que responden a una concepción ideológica, y a una posición en la balanza del poder, y de las relaciones entre actores tradicionalmente detentadores del mismo, y actores cuyos reclamos hacen emerger el reacomodo de las lógicas existentes. Lo normativo o prescriptivo, en tanto dimensión de cualquier acción estatal para abordar una problemática, entra entonces en contradicción con el diagnóstico y la dimensión ideológica subyacente a dicha acción.

Estableciendo el énfasis normativo que diferencia a las categorías informal y popular, vale mencionar el riesgo, dificultad o contradicción que pudiera significar el asumir lo económico-popular como soporte de una política pública, que reconoce la legitimidad o peculiaridad de una forma de ser y hacer, de producir, de trabajar, pero que al soslayar la dimensión legal, jurídica o regulatoria, como aspecto necesario de una economía de mercado, establece distorsiones o inequidades en su relación con la gran empresa o la economía llamada moderna. La articulación de uno y otro sector surge como una alternativa a la creación de tejido productivo que respete diferencias, pero que sume coincidencias en objetivos económicos o empresariales.

La conformación de un marco jurídico, institucional de apoyo a la denominada economía popular, materializada en la conformación de un sistema microfinanciero, además de la asignación de presupuestos crecientes para el financiamiento de las iniciativas laboral, comunitarias y productivas de importantes sectores sociales, constituyen un hecho incuestionable y tangible como rasgo de la gestión gubernamental actual.

Las Misiones, ciertamente, reflejan una estrategia de actuación política en el ámbito social, con un contenido e intencionalidad reinvindicativa y simbólica, para atender diversas necesidades de sectores de bajos recursos. El énfasis asistencialista, el elemento clientelar y electoral de dichas iniciativas, cuyo alcance y receptividad, más allá de cualquier análisis, son elocuentes, junto a un clima aun cargado de polarización política, son sin embargo, elementos que limitan y reducen su impacto y efectividad como acción estatal.


 

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