EL CONFLICTO ENTRE ARGENTINA Y URUGUAY POR LA INSTALACIÓN DE LAS PAPELERAS:
UN CASO DE ESTUDIO

EL CONFLICTO ENTRE ARGENTINA Y URUGUAY POR LA INSTALACIÓN DE LAS PAPELERAS: UN CASO DE ESTUDIO

Valeria Llamas

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El gobierno argentino y el conflicto social

Recordando, en el año 2003, los argentinos de Gualeguaychú se suman a los reclamos que venían realizando los uruguayos, firmando la Declaración de Gualeguaychú y realizando el primer acto conjunto sobre el puente internacional para oponerse a la construcción de las plantas.

Luego que Argentina y Uruguay llegaran a un acuerdo en la CARU (Comisión Administradora del Río Uruguay) para la instalación de las plantas y que Tabaré Vázquez asumiera como presidente y continuara con el plan de Battle, la oposición al proyecto en Uruguay, se apaciguó. Aunque no logró que el 30 de abril de 2005, una multitud de argentinos y uruguayos tomara el puente internacional y tomara relevancia nacional e internacional la oposición por la instalación de las plantas.

A partir de entonces la población de Gualeguaychú se organizó en la Asamblea ciudadana ambiental, y comenzó a desarrollar una acción permanente y masiva de oposición a la instalación de ambas plantas, denunciando el incumplimiento del Estatuto del Río Uruguay.

La movilización logró que el gobernador entrerriano, Jorge Busti, anunciará su participación intentando que Uruguay tomara una medida de no innovar por 180 días.

Como consecuencia del conflicto social planteado, el gobierno argentino pidió al uruguayo una relocalización de las fábricas, pero la Cancillería del país vecino ratificó la continuidad del emprendimiento. El 5 de mayo de 2005, durante una reunión de ambos presidentes acordaron que el control oficial de las aguas quedara en manos de la Comisión Administradora del Río Uruguay, de carácter binacional.

Ante una nueva movilización, el vicegobernador entrerriano Pedro Guastavino en una reunión con el canciller Bielsa, declaró que “... las relaciones con el Uruguay están en el peor momento...” y además mencionó que era momento de accionar.

Debido a la fuerte resistencia de los habitantes de la ciudad argentina de Gualeguaychú, llevaron a que cancillería argentina, continuara reiterando su intención de recurrir a los tribunales internacionales si no se resolvía en forma satisfactoria el diferendo con Uruguay.

En una declaración del jefe de gabinete argentino, Alberto Fernández señaló que los cambios que se deben realizar al proyecto estaban planteados desde hacía tiempo y justificó la postura del Presidente Tabaré Vázquez como un problema que heredó, del cual estaba al tanto de las correcciones sugeridas por Argentina.

En el marco de la reunión de ministros de relaciones exteriores del Grupo Río, Bielsa entregó al canciller uruguayo, Gargano, un petitorio realizado por los asambleístas. Como consecuencia, ambos cancilleres acordaron que realizarían un estudio de impacto ambiental de las plantas, cuyo resultado no sería vinculante para Uruguay, el cual fue repudiado por los asambleístas.

Ante el enojo de los vecinos de Gualeguaychú, Bielsa se reunió con estos y arribaron a la conclusión de exigir la paralización total de las obras de construcción, modificando los delegados argentinos dentro de la CARU y, la libertad de Gualeguaychú y el gobierno entrerriano de encarar acciones legales internacionales pertinentes.

En noviembre de 2005, la aduana trabó la exportación a Uruguay de partes claves para la construcción de una de las pasteras, por los probables efectos nocivos hacia el medio ambiente y la salud de la población. Además la documentación aportada por el exportador era insuficiente para la elaboración de los informes técnicos obligatorios. Por su parte el fabricante argentino de las naves de hormigón armado, que había comprado Botnia, decidió, dado el contexto que existía suspender la operación hasta que se aclarara formalmente la posición argentina referente a la obra y su posible contaminación.

Luego de publicarse el informe preliminar del Banco Mundial, cancillería se reunió con Busti y vecinos de Gualeguaychú para coordinar a nivel nacional y provincial la respuesta. En conjunto, manifestaron que la situación se estaba cerrando y que la postura uruguaya se favorecía. A pesar de esto, el gobierno argentino continuaba apoyando a los asambleístas y al gobernador Busti, aunque reconocían que el diálogo político era más conveniente que los cortes de ruta.

En cuanto a los cortes de ruta, autoridades del gobierno opinaban que era una decisión de la sociedad civil, la cual no podían estimar si continuarían o no. A pesar de ser una medida antipática servía para que se los escucharan. Según cancillería los bloqueos eran rechazados, por considerarlos contraproducentes, aunque sí tomaban el tema como una causa nacional.

El 31 de enero de 2006 fracasó la Comisión Binacional. Las posiciones políticas y los informes técnicos aportados por cada país diferían de tal modo que fue imposible llegar a un acuerdo. Uruguay se apoyó en el informe ambiental elaborado por el Banco Mundial en diciembre del 2005. Argentina cuestionó la localización de las plantas, realizó varias críticas al informe del Banco Mundial y a los informes de las empresas y exigió un informe independiente.

Luego que el presidente pidiera a Uruguay la suspensión de las obras por 90 días para un estudio de impacto ambiental y Uruguay se negara, el gobernador Busti pidió a los asambleístas el levantamiento momentáneo de los cortes para permitir el diálogo, pero los asambleístas se negaron argumentando que Uruguay no daba seguridad en cuanto al control de las empresas, ya que “... si no puede garantizar la suspensión de las obras menos va a poder garantizar el control del impacto ambiental...” .

Con la posibilidad de dialogar en ocasión de la asunción de la presidenta Bachelet en Chile, el gobernador Busti intentó conversar con los asambleístas para levantar los cortes, hasta que se agotaran las instancias de diálogo y de llegar a esa situación, recurrir a la Justicia para liberar las rutas. Pero antes de acceder a la posibilidad de levantar el bloqueo, los asambleístas reclamaron una medida aduanera para no dejar pasar materiales de construcción para las papeleras.

El jefe de gabinete, Alberto Fernández, recalcó que sería bueno que los asambleístas levantaran temporalmente el corte en las rutas internacionales, para poder abrir el diálogo y garantizar que esas fábricas se desarrollaran sin contaminar el medio ambiente. La declaración de Fernández demostró dos cosas: una, que el Gobierno nacional saliera por primera vez públicamente a pedir la liberación de las rutas; y otra que planteaba no retirar las papeleras sino evitar la contaminación.

La medida aduanera pedida por los asambleístas fue denegada por el juez federal de Concepción del Uruguay, Quadrini, quien rechazó por improcedente el pedido de imponer una medida urgente para prohibir el tránsito por el territorio argentino de mercadería destinada a las pasteras. El juez consideró que una prohibición de tal especie le corresponde al poder Ejecutivo y no a la Justicia. El Código Aduanero establece que sólo el Poder Ejecutivo nacional podría decidir restricciones económicas, fundadas en razones sanitarias, de seguridad o de protección a la economía regional.

Esta sentencia estuvo seguida de una apelación del gobernador Busti, quien debió acudir a la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná, para insistir ante la justicia ordenar a la Aduana que impida el paso terrestre o fluvial de mercadería destinada a las pasteras.

Luego de sucesivos pedidos de diferentes sectores del gobierno y sociales, los cortes fueron levantados para que las obras de construcción se suspendan y se permitiera el diálogo entre los presidentes.

En mayo de 2006 el Presidente Kirchner participó en un acto en Gualeguaychú, donde dejó claro su apoyo a los reclamos de los asambleístas pero donde no dijo ni una palabra en contra de la instalación de las plantas, sino que protestó contra Uruguay por haber permitido su construcción en forma inconsulta. En el mismo mes participó en una cumbre de jefes de estado en Austria donde su discurso mostró un eje en lo ambiental, si antes se emprendía verbalmente contra los organismos de crédito, ahora enfocó la pelea a la responsabilidad de los países centrales en los altos niveles de contaminación ambiental.

El Presidente Kirchner, en marzo de 2007 respondió al discurso de Tabaré Vazquéz, en el cual este, mencionaba su firme disposición en encontrar una salida diplomática al conflicto. Kirchner apuntó contra él mencionando que “... negociar haciendo solamente lo que ustedes creen que hay que hacer, por más buena fé que tengan, es acatar, no negociar. Nosotros queremos dialogar, negociar, paz y hermandad entre Uruguay y Argentina...” .

Luego de este cambio de eje, para el gobierno Uruguayo era destacable que el Presidente argentino haya planteado “... si al medio ambiente” y que no haya dicho “no a la papeleras...” , ya que abría la posibilidad del diálogo hacia una próxima solución.

En junio de 2006, se empezó a preparar la presentación ante el organismo, la cual se realizó el 15 de enero de 2007, por la cual el gobierno argentino dejó de apoyar los cortes de ruta.

A pesar de esto, los cortes continuaron, Uruguay llevó el pedido de una medida cautelar a La Haya para que se despejaran los puentes pero no consiguió una respuesta positiva. El gobierno argentino pedía que se abandonara la medida, pero los asambleístas hicieron caso omiso de lo que se les pedía, para poder avanzar en las negociaciones.

Cuando Uruguay autorizó a Botnia su funcionamiento, también cerró la frontera para evitar que los manifestantes cruzaran a la orilla oriental. La medida fue apoyada por el gobierno argentino que, sin argumentos, ubicó a Gendarmería Nacional sobre el Puente San Martín para impedir cruces.

A pesar de que Gendarmería Nacional estaba ubicada en el puente, los asambleístas realizaron manifestaciones por tierra y por agua dispuestos a todo, pacíficamente, por lo que Gendarmería Nacional recibió la orden de permitir que la manifestación se ubicara en el puente, abriendo camino a la libertad de expresión pero sin un apoyo público, oficial del gobierno nacional.