EL CONFLICTO ENTRE ARGENTINA Y URUGUAY POR LA INSTALACI?N DE LAS PAPELERAS: UN CASO DE ESTUDIO

Actuación de la Asamblea

El fenómeno de las papeleras, o de resistencia cívica a una amenaza que se considera muy grave para las personas y para la región, surgió de los ciudadanos de Gualeguaychú a principios de 2003.

Allí algunos vecinos, considerados luego los “históricos”, iniciaron acciones de concientización sobre las consecuencias de la industria celulósica. Sumaron adhesiones, se organizó el primer corte del puente Gral. San Martín el 4 de octubre de 2003 y la firma de una declaración de Gualeguaychú. Hubo gestiones ante cancillería, reuniones, apariciones mediáticas y se concretó la marcha del 30 de abril de 2005 sobre el puente internacional que une Gualeguaychú – Fray Bentos.

Hasta entonces, actuaban coordinados pero separados los históricos, la Municipalidad local y vecinos independientes. Vistas las dimensiones que el tema había adquirido, decidieron unir esfuerzos en una sola Asamblea Ambiental, horizontal, sin dirigentes. Decidieron todo por votación, bajo la consigna del “no a las papeleras” y denunciando el incumplimiento del Estatuto del Río Uruguay, donde Uruguay y Argentina se obligaban a proteger y preservar el medio acuático y, en particular, prevenir su contaminación.

Según el coordinador del Foro Ecologista Paranense, no sólo se estaba incumpliendo el Estatuto y tratado del Río Uruguay sino que también no se estaba respetando la Convención de Estocolmo, vigente desde el 2004, en donde se apunta a la eliminación de productos químicos industriales peligrosos, en particular las dioxinas y furanos que producen serios perjuicios contra la salud de la población cercana y al medio ambiente que perduran durante décadas y desplazándose largas distancias por aire y agua.

La gigantesca movilización del 30 de abril de 2005, sacudió a ambos gobiernos y el conflicto tomó relevancia nacional e internacional. Ante esta situación el gobernador entrerriano, Jorge Busti, anunció su gestión para suspender las obras durante 180 días.

En julio de 2005 se realizó una nueva movilización sobre la ruta internacional 136, impidiendo el paso por esa vía de movimiento turístico, en la cual los entrerrianos se manifestaron molestos por la anulación unilateral de la reunión prevista con una comisión de técnicos de ambos países para analizar los impactos ambientales de las papeleras.

Los asambleístas fueron buscando las formas de hacerse escuchar acercándose a los gobernantes. Ejemplo de esto, se puede mencionar la reunión preparatoria del Grupo de Río . Los asambleístas junto al intendente, Daniel Irigoyen, entregaron un petitorio al canciller uruguayo, Gargano, el cual contenía sus exigencias para integrar una comisión binacional que evaluarían el impacto de las dos fábricas papeleras.

En dicha reunión, los cancilleres acordaron realizar un estudio de impacto ambiental de las plantas, no vinculante para Uruguay. Los asambleístas repudiaron tal acuerdo y acusaron al Gobierno argentino de claudicar en la lucha que venían manteniendo Gualeguaychú en defensa del medio ambiente y la vida.

Los Asambleístas sintieron que la resistencia argentina se había desactivado, por lo que el gobernador Busti dió indicaciones para unificar la lucha de los organismos locales y la comuna de Gualeguaychú con la provincia, en lo referido a iniciar acciones legales internacionales.

Los cortes en la ruta internacional es la acción que más molestó al Presidente Tabaré Vázquez, a sus funcionarios y a los empresarios papeleros. Pero no sólo este tipo de medidas se planearon. El gobernador Busti presentó a la Secretaria de Energía de la Nación un informe para impedir el suministro de gas natural al Uruguay que tuviera como destino a las fábricas de pasta de celulosa.

Otra de las medidas tomadas fue pedir la intervención del Ombudsman del Banco Mundial, Meg Taylor, antes de que la entidad otorgara un crédito. Este fue el primer recurso internacional contra la instalación de las plantas. Esta presentación estuvo a cargo del gobernador Busti y su vicegobernador Guastavino como ciudadanos comunes representando un interés colectivo.

Además, presentaron una Petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIHD) donde se denunciaba que “... el Estado uruguayo no sólo ha renunciado a ejercitar los controles ambientales exigidos por normas internacionales para la instalación de las plantas de celulosa, sino que además oculta información técnica sobre la contaminación a los argentinos y uruguayos directamente afectados”. Solicitaron que se “... declare que el Estado uruguayo ha violado la legalidad supranacional americana al autorizar y aprobar los dos emprendimientos...” , y como medida suspendiera las construcciones de las plantas hasta que no estuvieran garantizados los derechos humanos de las personas que habitan en la ribera argentina – uruguaya involucrada.

La visita de los técnicos de la oficina de la Ombudsman de la Corporación Financiera Internacional (CFI) a la región, fue muy positiva ya que significaba que la demanda estaba bien presentada y que los fundamentos se merecían que la zona afectada sea visitada. Por otra parte, quedaba paralizado el financiamiento de la CFI a las papeleras hasta que no se expidiera la ombudsman del banco.

Este capítulo, estuvo acompañado por más cortes, manifestaciones ante la embajada de Finlandia y nuevas medidas para exigir al gobierno acciones concretas más decididas. Una de ellas, era evaluar la presentación de un recurso ante la Corte Suprema de Justicia que obligara al Ejecutivo a reclamar ante la Corte de La Haya, como lo estipula el Tratado Binacional del Río Uruguay. Otra de las medidas, fue el pedido de retiro de la embajada argentina en Montevideo.

Cuando los técnicos del Banco Mundial estuvieron en Gualeguaychú, se reunieron con vecinos, los cuales les presentaron informes sobre los distintos aspectos en los que incidirían las pasteras y por que consideraban que su funcionamiento sería un ecocidio para la región. Además advirtieron que, de no paralizar las obras, apelarían a todos los medios legales para defender sus derechos, incluyendo una demanda contra el Presidente Kirchner ante la Corte Suprema de Justicia, para que lo obligara a acudir ante la Corte Internacional de La Haya.

Luego que el gobernador Busti declare acerca de los incentivos recibidos para que Uruguay avale el proyecto, la Asamblea Ambiental, consideró que la acción uruguaya de convocar al embajador a su país fue porque querían retirarse de la Comisión Técnica Binacional para no realizar un estudio de impacto ambiental, que los perjudicaría y les sería negativo en cuanto a la continuidad de las plantas. Para los asambleístas, Uruguay estaba esperando algún hecho para retirarse, porque se encontraron acorralados desde el punto de vista del diálogo.

La Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú emitió un comunicado manifestando que apoyaban y comprendían la firmeza de las expresiones vertidas por el gobernador Busti, y avalaban la decisión del canciller Bielsa de convocar al embajador argentino en Montevideo.

Además, la Asamblea dio a conocer una Carta Abierta al presidente uruguayo Tabaré Vázquez donde le hacían saber que la comunidad de Gualeguaychú también se sentía agraviada cuando Uruguay se negaba a reconocer y analizar el impacto transfronterizo que las pasteras causarían en Argentina; cuando no paralizaban la ejecución de las obras, pese a que en tres oportunidades el Gobierno argentino lo había solicitado en el marco del estatuto del río Uruguay; cuando la delegación uruguaya de la Comisión mixta binacional técnica mantenía una actitud dilatoria en forma permanente y sistemática; cuando a cada reclamo de los vecinos de Gualeguaychú el gobierno uruguayo, minimizaba sus derechos a un ambiente sano, acusándolos de ser direccionados por criterios electoralistas culminados; cuando se les negaba en forma permanente acceso a los medios de difusión uruguayos para que pudieran ser informados sus ciudadanos.

Sin embargo, tomaron una nueva medida, la cual consistió en acciones legales ante los Tribunales de Derechos Humanos de la Unión Europea y un amparo ambiental en Finlandia, la cual estuvo encabezada por el gobernador Busti.

La Asamblea Ambiental como el intendente de Gualeguaychú, Daniel Irigoyen, y el gobernador Busti, se negaron a atender a la consultora contratada por la Corporación Financiera Internacional para indagar entre las partes involucradas, en relación a la instalación de las plantas de celulosa, porque aducían que no tenía reglas claras para el trabajo y la utilización de la información obtenida.

Como nueva medida, encabezada por el gobernador Busti fue considerar los contenidos de la Directiva 96/62 de la UE para ser discutidos en el Mercosur, por lo que solicitó al presidente Kirchner que movilizara esta inquietud.

La cuestión de las papeleras no sólo enfrentó a Argentina con Uruguay o Gualeguaychú con Fray Bentos, también hacia el interior de la Argentina se enfrentó el gobierno de Entre Ríos con los gobiernos de Corrientes y Misiones, a causa de declarar que “... sí aceptarían en sus territorios a las plantas pasteras...” , en oposición de la definición del presidente Kirchner que declaró que la lucha contra la instalación es una “causa nacional”.

Cuando la Corporación Financiera del Banco Mundial público el informe preliminar, el cual mencionaba que las pasteras cumplían los requisitos técnicos ambientales, aunque en raras ocasiones las plantas podían emitir gases olorosos a una distancia de entre 5 y 10 kilómetros, dando un tiempo de 60 días para escuchar la opinión del público en general y especialistas técnicos sobre la metodología y las conclusiones del estudio.

A partir del resultado de este estudio, el gobernador Busti y su vice, Guastavino, manifestaron que el mismo, fue realizado por la consultora que ellos cuestionan por su parcialidad. Y además acusó al promotor del estudio, que era un director del Banco Mundial involucrado con el proyecto, Dimitris Tsitsiragos.

El abogado Moreno Navarro, de la Asamblea Ambiental Gualeguaychú, declaró que al estudio había que contraponerlo con los informes del cuerpo técnico argentino de la Comisión Binacional que dicen lo contrario: “... que habrá impactos transfronterizos del lado argentino sensibles y significativos, violatorios de normas internacionales” .

Según los asambleístas el informe preliminar y parcial, era tendencioso y mencionaba que era la misma consultora que realizó los estudios ambientales para la papelera Botnia y por tal motivo fueron acordes a los ya realizados.

Como medida, la Asamblea determinó que el boicot turístico al Uruguay con cortes de ruta programados y sorpresivos continuaría y que iban a implementar hacerlo en conjunto con los puentes de Concordia-Salto y Colón-Paysandú. A pesar que el gobierno uruguayo pedía el levantamiento de los cortes, por cuestiones económicas, la Asamblea continuaba con su medida aclarando que está en peligro la existencia misma de la vida, la salud, la biodiversidad, agua y la soberanía argentina.

El gobernador Busti, apoyó las acciones de los vecinos de Gualeguaychú y el Foro de Asambleas de la cuenca del Río, no los justificó pero si los comprendió, a pesar que está en juego el derecho a transitar que es menoscabado, y está el derecho a la vida que estaría siendo violentado de manera sistemática con el funcionamiento de las papeleras. A su vez mencionaba que se debía ver a los cortes dentro del contexto de un año de pedir explicaciones y obtener respuestas de parte de Uruguay, para lo que firmó una denuncia penal por “tentativa de contaminación” contra los directivos uruguayos de las papeleras Ence y Botnia, presentada ante el Tribunal Federal de Concepción del Uruguay.

Luego del pedido de Kirchner a Uruguay para que suspendiera las obras por 90 días para un estudio de impacto ambiental, los asambleístas estaban emocionados por el apoyo público del gobierno nacional que recibieron y agregaron, que la paralización de los cortes en los pasos fronterizos dependía de Uruguay, pero que también se debía implementar una norma en la aduana argentina para que no dejara egresar por la frontera argentino – uruguaya los materiales de construcción.

La emoción de los asambleístas fue aprovechada por el gobernador Busti para pedirles un levantamiento temporal de los cortes para permitir el diálogo, el cual fue rechazado bajo el argumento que Uruguay no daba seguridad en cuanto al control de las empresas.

Los cortes fueron levantados temporalmente luego de sucesivos reclamos, la iniciativa fue tomada después de un acuerdo entre los presidentes que mediante los gestos de ambas partes, se abriría el camino al diálogo. La movilización continuó a la vera de la ruta y a la espera de la suspensión de las obras tal como se había acordado.

Con la negativa de Botnia de suspender sus obras por 90 días, los cortes continuaron y apoyaron con alegría, la decisión del gobierno de continuar con la controversia en la Corte Internacional de La Haya.

Los asambleístas de Gualeguaychú decidieron liberar el tránsito de la ruta internacional 136 en mayo de 2006. Esta medida se dio para ayudar al gobierno nacional a llegar a La Haya sin obstáculos aparentes y así avanzar en la demanda judicial contra Uruguay. Los sucesivos pedidos del gobierno para el cese de los bloqueos eran a causa que esa medida restaba fuerza y verosimilitud a la demanda.

Cuando el Tribunal Arbitral del Mercosur falló de manera dura contra los cortes, los asambleístas analizaron positivamente con respecto a los bloqueos, los cuales, les sirvieron para estar en todos los medios y para que el tema se convirtiera en causa nacional, ya que gracias a los cortes, llamaron la atención de ambos gobiernos nacionales, se llevó el caso a la Corte Internacional de La Haya, aunque no se consiguió frenar la construcción de Botnia. Una de las metas más importantes era unir a la población de ambas orillas, porque así pensaban que podían ganar la pelea pero eso no se consiguió porque, según los asambleístas, en Uruguay se utilizó la situación para exacerbar el nacionalismo. Pero al ver los puntos positivos que lograron por medio de los cortes, continuaron con su decisión de volver a realizarlos durante la temporada de verano para demostrar a Uruguay como es una temporada sin turismo, porque al igual que Gualeguaychú dependen de esta actividad.

A partir del 20 de noviembre de 2006 se retomaron los cortes sobre la ruta 136, y en Colón también se realizaron cortes pero en forma más limitada, por lo que Uruguay presentó una demanda ante la Corte Internacional de La Haya. Durante su presentación fue muy duro con el gobierno argentino al no tomar medidas concretas para impedirlos. La postura del gobierno fue aclarar que no reprimiría los cortes, como no lo había realizado en el pasado.

Los cortes continuaron y la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú pidió al gobernador Busti una consulta popular. A través de esta iniciativa los asambleístas procuraban utilizar los resultados como una especie de licencia social, que se empleaba en Europa para la autorización de grandes emprendimientos industriales. Tiempo más tarde, esta propuesta fue dejada sin efecto por la misma Asamblea, bajo el argumento que necesitaban más tiempo de debate.

Cuando emitió la Corte el segundo fallo, favorable a Argentina, fue una motivación para continuar con la medida, sin ser reprimidos, y continuar con la lucha contra la pastera.

Durante los encuentros previstos por la mediación del Rey Juan Carlos de España, los asambleístas endurecieron su postura acusando al presidente Tabaré Vázquez de haberse “... arrodillado frente a las imposiciones de Botnia...” y al presidente Kirchner, “... que permite que la empresa busque beneficios en Argentina para sus negocios...”, a su vez responsabilizaron a ambos mandatarios “... como parte del conflicto que atenta contra la paz social de nuestra región” .

El 7 de octubre de 2007, luego de muchos esfuerzos se creó formalmente la Asamblea Regional del Río Uruguay, la cual coordinaría las acciones en rechazo a la puesta en marcha de la papelera Botnia y avanzaría de manera conjunta en la protesta contra la contaminación ambiental. Esta asamblea agrupaba a organizaciones sociales, asambleas ambientales, ONGs, ciudadanos y productores de ambos países y de Brasil.

A pesar del pedido de los gobiernos que abandonaran los cortes, los asambleístas continuaron con sus medidas de fuerza. Hasta que se presentaron en la Cumbre Iberoamericana, en Chile, y le entregaron un petitorio a Kirchner. Este hecho, que llevó a que el Presidente Tabaré envíe su autorización para la puesta en funcionamiento de Botnia y para evitar incidentes cerró las fronteras, medida que estuvo apoyada por Gendarmería Nacional Argentina que se ubicó en el puente San Martín para evitar cruces.

Los asambleístas indignados por las medidas, se reunieron para proyectar otras formas de ser escuchados, exigiendo la relocalización de Botnia ya, y las quejas a los engaños de ambos gobiernos.

A pesar de las medidas que ambos gobiernos habían tomado en el puente San Martín, los asambleístas realizaron una marcha por tierra y por agua en contra de Botnia. Además el puente Colón – Paysandú también fue cortado por asambleístas durante 26 horas. La marcha por tierra se ubicó en el puente, donde sortearon a la Gendarmería Nacional y realizaron un acto donde todos los legisladores nacionales en función, en ese momento y los electos de Entre Ríos firmaron un pedido al presidente Kirchner para que prohíba por decreto la venta de madera sin industrializar al Uruguay.