LA ECONOMÍA DEL FIN DEL MUNDO
CONFIGURACIÓN, EVOLUCIÓN Y PERSPECTIVAS ECONÓMICAS DE TIERRA DEL FUEGO


Miguel A. Mastroscello

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7.9. EL IMPACTO DE LA CRISIS EN TIERRA DEL FUEGO

En Tierra del Fuego, las elecciones de 1999 habían llevado al poder a la fórmula justicialista conformada por Carlos Manfredotti, de extracción gremial (fue dirigente del sindicato local de trabajadores de la televisión) y extensa actuación política previa como intendente de Ushuaia, diputado y senador nacional, y Daniel Gallo, funcionario de la Aduana en Río Grande, quienes cosecharon así los frutos políticos de la debacle del segundo gobierno de Estabillo, signada como vimos por la insolvencia fiscal.

Conociendo la gravedad del cuadro, caracterizado por la virtual cesación de los pagos y la paralización de diversos servicios estatales, las autoridades electas operaron para lograr que la Legislatura les brindara —antes de su asunción, prevista para enero de 2000— un mecanismo destinado a modificar de manera drástica esa situación. La negociación, que habría incluido al gobernador saliente, posibilitó que el justicialismo presentara un proyecto de ley de presupuesto para el ejercicio 2000 que contemplaba, además de las previsiones de ingresos y gastos, diversas medidas de restricción de las erogaciones. La misma Legislatura que a principios de diciembre de 1999, ante la presión gremial, había sancionado una “ley antiajuste”, aprobó el día 15 de ese mes la nueva norma presupuestaria con los agregados “proajuste” reclamados por la administración entrante.

Así fue que el nuevo ministro de economía, Alberto Revah, se dedicó a atender el frente de las cuentas públicas en forma prioritaria. Tal como había ocurrido apenas cuatro años atrás, se debió recurrir a una convocatoria de acreedores sui generis, mediante un nuevo proceso de verificación de los créditos de proveedores y contratistas; sólo que a diferencia de lo que ocurre en el ámbito privado, donde para tratar de evitar la quiebra, el deudor presenta a sus acreedores (bajo la supervisión de un juez) una propuesta de pago que suele incluir quitas y/o períodos de espera y puede o no ser aprobada, en el caso fueguino los poseedores de acreencias verificadas en sede administrativa por la contaduría general (tras gestiones que en algunos casos duraron meses) resultaron objeto de descuentos compulsivos antes de la liquidación y pago por parte de la tesorería.

Junto con este duro tratamiento de la deuda flotante, se aplicó un severo programa de ajuste de gastos mediante los instrumentos previstos en la ley de presupuesto Nº 460, que incluyeron la reducción de 30% en los salarios de los empleados estatales y la derogación de los estatutos especiales para los docentes y los empleados del Banco oficial, junto con más recortes en las transferencias al sector privado. Por el lado de los ingresos, se obtuvo del gobierno central un adelanto de fondos de la coparticipación impositiva y un préstamo del Banco de la Nación con destino a la atención de los compromisos urgentes de la tesorería, complementado con una reprogramación de la deuda consolidada para lo cual la provincia adhirió a un programa específico de las autoridades federales. En ese marco se abrió también una renegociación con la empresa contratista de la obra de Caleta La Misión, con la que se terminó acordando una condonación de los gastos improductivos.

No obstante ello la capacidad operativa del gobierno, con la industria y el comercio soportando los efectos de la fuerte recesión iniciada en 1998, seguía muy acotada, comprimiéndose aún más cuando al complicado cuadro local se sumó el devastador efecto de la crisis nacional de 2001. Los conflictos sindicales se generalizaron, en particular con los gremios estatales, agregándose a ello acusaciones y denuncias por falta de transparencia en el manejo de fondos públicos, así como quejas del arco político opositor y de organizaciones no gubernamentales por el deterioro de la calidad institucional. Promediando el mandato Revah pasó a ejercer como ministro coordinador, siendo reemplazado en la cartera económica por Héctor Cardozo.

Aún teniendo en cuenta como atenuante las repetidas turbulencias provocadas por factores exógenos (en esencia, aludimos a los avatares de la economía nacional ya comentados), el desempeño fueguino durante la segunda mitad de la década de los noventa había sido francamente poco satisfactorio. Ello se evidencia en el hecho de que el valor del PBG a precios constantes para el año 2000 resultó inferior al de 1993. Si inscribimos este dato en el contexto de sostenida expansión demográfica que siguió caracterizando a la Provincia en esa época, concluiremos que no sólo la capacidad económica no se expandió siquiera en la medida exigida por el incremento de la población sino que se contrajo, lo que por cierto contribuye a explicar los problemas de ocupación de la mano de obra ratificados por los indicadores básicos del mercado de trabajo en el mismo período.

Por otra parte, la evolución de la distribución del ingreso tuvo un carácter regresivo, ya que el 20% más pobre de los hogares , que en mayo de 1995 percibía el 5.7% del ingreso total, recibió cinco años más tarde el 4.9%.

De modo que la implosión generalizada de 2001 se produjo en un contexto local que ya mostraba nítidas señales de deterioro. Cuando a los problemas del fisco se agregaron en el ámbito privado las consecuencias inmediatas de la devaluación y la caída del consumo, que afectaron de manera muy dura al sector más dinámico de la economía, el panorama resultante no podía ser más complejo.


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