LA ECONOMÍA DEL FIN DEL MUNDO
CONFIGURACIÓN, EVOLUCIÓN Y PERSPECTIVAS ECONÓMICAS DE TIERRA DEL FUEGO


Miguel A. Mastroscello

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7.7. DE TERRITORIO NACIONAL A PROVINCIA

Eseverri fue sucedido en 1989 por el justicialista Martín Torres, designado por Menem a poco de asumir la presidencia. Casi al mismo tiempo, el gobierno nacional suspendió todos los regímenes de promoción, por lo que Tierra del Fuego dejaría de recibir proyectos para nuevas instalaciones prácticamente hasta nuestros días, con la sola excepción de un breve interregno entre 2003 y 2005, en que se posibilitaron algunas pocas radicaciones. A aquella restricción se sumarían luego, durante los noventa, diversos recortes en los beneficios existentes, configurando un cuadro bastante hostil para la isla.

Torres, un médico veterinario radicado en Río Grande que había sido electo diputado nacional en 1983, estuvo al frente del ejecutivo fueguino durante menos de dos años. En ese período, la cartera económica fue ejercida por tres funcionarios (Rodolfo Canalis, Miguel Vaca y Adrián de Antueno), que en el contexto de volatilidad de precios y desorden fiscal que todavía caracterizaba a la primera etapa del gobierno de Menem, encontraron graves dificultades para encauzar las finanzas estatales. Ello derivó en un escenario político complejo, signado por la paralización de obras públicas junto con conflictos y reclamos de distintos sectores, en momentos en que el Congreso Nacional sancionaba la ley que otorgaba a Tierra del Fuego el ansiado status de provincia. Entonces, lanzada la instancia que debía culminar con el primer gobierno fueguino surgido de un proceso electoral, desde Buenos Aires se intentó mejorar la imagen del P.J. en el electorado local reemplazando a Torres por “cuadros” del partido provenientes del ámbito nacional. Así fue como primero Adrián A. Fariña (1990-1991), un colaborador del entonces ministro del Interior Julio Mera Figueroa, y luego Matilde Svatetz de Menéndez (1991) ejercieron sendos interinatos, tan breves e intrascendentes desde el punto de vista económico como negativos en lo político, por lo que no sólo no cubrieron aquellas expectativas sino que tuvieron el efecto contrario para las aspiraciones del justicialismo. Por su parte, el radicalismo no lograba recomponer la imagen negativa derivada del traumático reemplazo de Sciurano y de la pobre gestión de Ferro, que el desempeño de Eseverri —pese a los aciertos que señalamos— no había logrado revertir por completo.

Un adelanto de los efectos políticos de esta situación lo constituyó el resultado de las elecciones a convencionales constituyentes de 1991, que de una manera quizá sorprendente fueron ganadas por el Movimiento Popular Fueguino. La impresión de asombro se repitió —entre propios y extraños— unos meses más tarde, cuando el mismo partido triunfó en los comicios para elegir a las primeras autoridades provinciales, determinando el acceso al Poder Ejecutivo de la fórmula integrada por José Arturo Estabillo y Miguel A. Castro. El gobernador había nacido en Ushuaia, donde desarrolló una carrera como funcionario técnico en la administración pública, mientras que Castro residía en Río Grande y era ejecutivo del Banco fueguino oficial.

En el ámbito fiscal, la nueva Provincia contó con la indudable ventaja de “empezar de cero”, ya que la Nación asumió la atención de las deudas que había acumulado la administración del extinguido Territorio Nacional. Esto posibilitó al gobierno de Estabillo, con la conducción económica del empresario Ruggero Preto , la ejecución de un ambicioso plan de obras públicas, orientado de manera predominante a la construcción de viviendas, edificios escolares, infraestructura sanitaria y equipamiento comunitario. Asimismo, se amplió el muelle del puerto de Ushuaia al tiempo que, con fondos de la Nación, se pavimentó buena parte de la ruta nacional Nº 3 y se construyó un nuevo aeropuerto internacional en la capital . Se trataba de tal manera de dar respuesta al intenso flujo migratorio que desde algo más de diez años atrás venía caracterizando a la región, acelerado por el “efecto expulsión” consecuencia de las dificultades que el resto del país había soportado durante los ochentas.

En cuanto al sector privado, apuntaremos que la nueva apertura de la economía nacional obligó a la industria fueguina a adecuarse. Ello resulta significativo porque, como hemos visto, del desempeño del sector dependía en una medida importante el de casi todas las restantes actividades locales. Tomando en cuenta esta realidad, la nueva administración provincial llevó a cabo diversas acciones ante el gobierno central que fructificaron en la extensión de la vigencia del régimen —originalmente pautada para 2003— hasta 2013, conformando un dato favorable dentro un marco global que, como apuntamos antes, era poco propicio para los mecanismos promocionales.

En forma casi paralela, las cámaras empresarias gestionaron y obtuvieron de las autoridades nacionales la sanción del Decreto 479/95, relacionado con una importante limitación del sistema, cuyos beneficios se otorgaban por producto. Mediante este decreto, las firmas fueron habilitadas —bajo condiciones muy estrictas— para presentar proyectos de sustitución, mediante los cuales podían suplantar artículos que habían caído en la obsolescencia por razones tecnológicas o por cambios en las preferencias de los consumidores.

Si bien aquel decreto no dio los resultados esperados (sólo una veintena de proyectos fue aprobada en dicho marco), junto a la extensión del régimen operó como una protección para las empresas radicadas. Estas, a su vez, comenzaron a incorporar en forma progresiva tecnologías capital-intensivas, apuntando a mejorar la competitividad de su producción ante la mercadería de origen extranjero que empezaba a ingresar en el país. Esa transición fue tan compleja en el aspecto técnico como gravosa en lo social, ya que las industrias, apuntando a rebajar sus costos, disminuyeron sus dotaciones de personal. La contrapartida de este duro proceso, fue que el sector —aunque con contratiempos y altibajos— pudo seguir colocando sus productos en el mercado nacional (ahora, desprotegido) a precios competitivos con los de los artículos importados. Se estima que la productividad del sector manufacturero entre 1995 y 1999 creció más de 50%, lo que refleja que la “ineficiencia” aludida en el apartado 7.3. de este capítulo fue corregida por las empresas de manera contundente.

Volviendo al plano fiscal, al gobierno de Estabillo se le presentaban algunas amenazas severas, tales como un alto nivel de gastos fijos (determinado de modo principal por una dotación de personal que ya por entonces era de dimensiones importantes) a lo que se sumaba la necesidad de estructurar el nuevo sistema judicial, puesto que hasta la creación de la Provincia, el servicio había sido prestado por la justicia federal. Estos factores, junto con el condicionamiento del régimen de coparticipación de recursos a las municipalidades y la expansión de la demanda por servicios del Estado alimentada por la inmigración, hacían presagiar un estrechamiento de los márgenes de maniobra del gobierno. Esto ya comenzó a sentirse durante la gestión ministerial de Roberto Murcia, quien reemplazó a Preto hacia el final de ese período.

De todos modos, y pese a las graves convulsiones registradas en el plano social (una huelga de operarios metalúrgicos derivó en movilizaciones callejeras y terminó con el trágico saldo de un obrero muerto por el disparo de un policía) debe concluirse que la gestión de Estabillo fue evaluada en forma positiva en términos generales por la población provincial, que lo reeligió quizá influenciada por el célebre paradigma de Clinton. Dejando esta un tanto aventurada presunción de lado, anotaremos que la votación de 1995 otorgó a la fórmula del M.P.F. un nuevo mandato por cuatro años, en cuyo comienzo la cartera económica quedó a cargo –por cuarta vez- de Mariano Viaña.

El nuevo ministro se propuso recomponer las finanzas estatales, cuya evolución amenazaba con condicionar de modo severo a la gestión, pero no pudo alcanzar su propósito en buena medida por las divergencias internas del propio elenco gobernante, que por entonces comenzaban a aflorar de modo cada vez más evidente.

Viaña inició un proceso de verificación y consolidación de la deuda flotante con proveedores y contratistas, mientras diseñaba un mecanismo de disminución del gasto que, tras arduas gestiones, logró que fuera sancionado por la Legislatura mediante la ley 278. La dureza impuesta por la coyuntura se justificaba por las consecuencias que podían esperarse en caso de un desborde en las cuentas públicas, mientras que sus efectos para el personal estatal trataban de ser morigerados por un esquema compensatorio de reducción del horario de trabajo. Pese a ello, las ya aludidas diferencias dentro del gabinete sumadas al vertiginoso enrarecimiento de la atmósfera política terminaron por condicionar de tal manera al ministro, que éste renunció al cargo a seis meses de haber asumido.

De modo que cuando aún no había transcurrido un año de su nuevo mandato, Estabillo debió nombrar al segundo responsable de la economía. La designación recayó en Carlos A. Pérez, que hasta entonces era el ministro de gobierno y en el período anterior había ocupado la cartera de salud.

No obstante las evidentes señales de temprano agotamiento de esta etapa, Pérez intentó recuperar la iniciativa política, retomando dos proyectos potencialmente trascendentes en materia de inversión pública. Por un lado, la construcción de un complejo de deportes invernales en el Cerro Castor, a veinte kilómetros de Ushuaia, destinado al desarrollo del esquí alpino; por el otro, un puerto de aguas profundas en la zona de Caleta La Misión, sobre la costa oriental de la isla y a pocos kilómetros al norte de la ciudad de Río Grande, con lo que se proponía dotarla de una alternativa para exportar la producción de su zona de influencia.

Para llevar adelante estas iniciativas, Pérez encaró el diseño de un programa de emisión de deuda, los Bonos Albatros, cuya instrumentación y colocación debió llevarse a cabo en forma paralela con una delicada gestión en materia de gasto operativo, practicando una esgrima que de todos modos no lograba impedir el crecimiento del endeudamiento. Pérez renunció al cumplir un año en el cargo, víctima de un fuerte desgaste político, aunque las dos obras estaban en marcha.

En el caso del Cerro Castor, el proyecto demandaba una inversión de alrededor de 8 millones de dólares, de los cuales el gobierno aportaría 5,5 millones; el resto fue desembolsado por un inversor privado, el empresario local Juan Carlos Begué, a quien mediante un proceso licitatorio se le había adjudicado la concesión para explotar el complejo. Esta inversión se concretó, y en poco tiempo influyó de manera muy exitosa en el desarrollo del turismo regional, sobre el que ejerció un efecto multiplicador de proporciones notables.

Una de cal y una de arena: la otra decisión significativa no tendría tan buen resultado y, por el contrario, terminaría en un fracaso. Tras la salida de Pérez, el ministerio de economía recayó en Roque Martinelli, hasta entonces titular de la cartera de gobierno. Mientras esto ocurría, el proyecto original de la obra sufría una serie de modificaciones que terminaron por elevar su costo, que de los 43 millones de dólares iniciales pasó a ser de más de 65 millones, cifra que superaba el programa de financiamiento previsto. Surgieron entonces insalvables dificultades para encontrar fuentes alternativas, ante lo cual el gobierno optó por iniciar su ejecución de todas maneras, con recursos propios. Ese fue un paso en falso, ya que la casi faraónica magnitud de la obra —al par que su dudosa factibilidad económica— determinaría que los trabajos tuvieran que ser interrumpidos hacia el final de aquella gestión, sin que pudieran ser reiniciados hasta la actualidad y generando gastos adicionales para indemnizar a la empresa contratista.

Martinelli ocupó la cartera económica hasta el final de ese segundo período de Estabillo, en 1999. La riesgosa decisión del gobierno en aquel momento, según lo indica la evidencia de los números , fue convivir con un déficit fiscal creciente, asumiendo la inevitable contrapartida de ello: un aumento peligroso de la deuda pública y el consecuente ascenso de los gastos corrientes por los nuevos intereses devengados, lo que iba realimentando el déficit. Algunas medidas parciales, como los recortes a ciertos subsidios al sector privado, y las demoras en los pagos a proveedores, que por otra parte no se encuadraban en un plan global de saneamiento fiscal, sólo fueron meros paliativos.

Este cuadro tuvo su esperable correlato en el plano político, confirmando los pronósticos agoreros al respecto. El mismo gobierno que había sido capaz en el primer segmento de gestión de mejorar la infraestructura para servicios públicos esenciales y de impulsar el crecimiento de la actividad privada, terminaba su segundo mandato acorralado sobre un escenario dominado por los reclamos políticos y sociales, padeciendo las consecuencias de no haber encontrado la manera de preservar la solvencia fiscal.


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