LA ECONOMÍA DEL FIN DEL MUNDO
CONFIGURACIÓN, EVOLUCIÓN Y PERSPECTIVAS ECONÓMICAS DE TIERRA DEL FUEGO

8.3. LA BOMBA DEL “MEGAPASE”

Berrone fue reemplazado por Juan Manuel Romano, proveniente del Movimiento Popular Fueguino, quien también podía exhibir experiencia tanto en el plano administrativo como en el político, puesto que había sido legislador provincial y funcionario en la Municipalidad de Ushuaia. Sin embargo, esas condiciones no resultarían suficientes para afrontar unas circunstancias bastante inesperadas.

Al igual que en el resto del país, desde algunos años atrás funcionaban, como hemos visto, unos programas de asistencia para desempleados, que apuntaron a paliar la situación de las personas que padecían dicha condición. En el peor momento de la aguda crisis de 2001/2002, la herramienta estaba justificada, pero dos años más tarde, cuando los indicadores cuantitativos y cualitativos coincidían en señalar que el sector privado transitaba un firme sendero de recuperación, su mantenimiento ya no parecía tan indiscutible. Más aún, el momento se presentaba propicio para que el Estado —en acuerdo con las empresas— encarara un plan de incorporación de esa fuerza laboral desocupada a la economía formal, aportando fondos para capacitación de aquellos trabajadores que carecían de los conocimientos demandados por el mercado.

De haberse llevado adelante una estrategia con tales lineamientos es muy probable que se hubieran conseguido, además, importantes beneficios para las arcas públicas. En efecto, el gasto fiscal transitorio destinado a esos planes de asistencia hubiera ido disminuyendo en la medida en que los trabajadores fueran absorbidos por las firmas privadas, aflojando en el corto plazo la presión sobre el tesoro y posibilitando en el mediano la liberación de recursos financieros estatales para otros fines.

Sin embargo, desde el más alto nivel gubernamental se tomó la insólita decisión de pasar a esos beneficiarios de planes sociales (cuyo número fue estimado prima facie en unas 4.000 personas) a la plantilla de personal permanente del Estado provincial. La medida, que el lenguaje popular bautizó enseguida como “megapase”, tomó de sorpresa a todo el espectro político local, incluyendo —según se deduce de sus expresiones públicas de aquel momento— al propio ministro de economía.

Colazo y sus principales colaboradores siguieron adelante con la iniciativa pese al revuelo que ella había provocado. De todos modos, en el ámbito político el debate no se centró —como hubiera sido de esperar— en las cuestiones de fondo que la extravagante decisión planteaba, sino en aspectos instrumentales. Así, cuando Romano trató de minimizar el impacto sobre el gasto planteando el ingreso de los nuevos agentes con el rango más bajo de la grilla (la “categoría 1”), lo cual hubiera sido apenas un paliativo, su iniciativa no tuvo éxito en el órgano legislativo, donde se terminó convalidando el megapase mediante una ley.

El presunto incumplimiento de los mecanismos legales de ingreso al Estado, incluyendo los requisitos de idoneidad, nacionalidad, edad y antecedentes de conducta personal, entre otros aspectos contemplados por el régimen jurídico vigente, no parece haber formado parte del análisis de ninguno de los distintos actores involucrados. Asimismo, tampoco hubo voces desde el campo sindical que recordaran la consigna —tantas veces planteada con anterioridad— del acceso al empleo público mediante la sustanciación de concursos ni que reclamaran por el respeto a la carrera administrativa, arrasada de hecho por el megapase. Sólo las autoridades municipales de Ushuaia y Río Grande se mantuvieron prudentemente al margen de la imparable correntada clientelista.

Es obvio que tampoco se ponderó si el Estado provincial necesitaba semejante cantidad de nuevos agentes, lo cual quedaría patentizado a los pocos días, cuando un alto funcionario del gobierno anunció la creación de un inaudito “banco de empleados”, entelequia donde presumiblemente serían “depositados” los ingresantes hasta que se determinara en qué repartición cumplirían funciones, si es que ello alguna vez llegaba a ocurrir. Una atmósfera surrealista parecía cubrir la gestión gubernamental y el escenario político.

Las esquirlas de la bomba del megapase afectaron además al sector privado, cuya demanda de mano de obra se encontró de buenas a primeras compitiendo con la de un sector público que no planteaba casi requisito alguno a la incorporación de personal, y dañaron también al cuerpo social, al institucionalizar al clientelismo con el falso rango de una política de Estado.

Como si esto fuera poco, la Provincia emitía hacia el resto del país una potente señal de estímulo para la inmigración, que se agregaba a las que venían lanzando con su dinámica pujante, la industria y las actividades relacionadas con el turismo, por lo que en poco tiempo recrudecerían las dificultades para el asentamiento de población por la estrechez del mercado inmobiliario. Ninguna de estas cuestiones parece haber sido evaluada no sólo por un gobierno incapaz de analizar la situación desde un enfoque estratégico, sino también por una oposición que no atinaba a definir un discurso alternativo sustentado en propuestas tendientes a cambiar un rumbo cada vez más incierto.

Romano, como dijimos, intentó maniobrar para que el impacto del megapase fuera lo menos lesivo posible para las finanzas provinciales, aunque no logró su propósito, y tras lidiar un tiempo más con la ríspida cuestión, terminó renunciando. Lo sucedió Roberto Murcia, que había tenido un breve paso por la cartera al comienzo del segundo mandato de Estabillo. La dinámica de cambios ministeriales que ya era un sello de la gestión colacista determinó que Murcia fuera reemplazado a los pocos meses por Marcos Mora, un militante justicialista de Río Grande. Antes de cumplir dos años de gobierno, Colazo había designado ya a cuatro ministros de economía: Mora sería el último de ellos.

Aquella hiperactividad a la que aludimos estuvo acompañada por un desorden administrativo y financiero que muy pronto tuvo efectos trascendentes. En efecto, en septiembre de 2005 una comisión investigadora de la Legislatura dictaminó el comienzo de un juicio político contra el gobernador, a raíz de una denuncia por irregularidades en la rendición del ejercicio fiscal 2004 y por incumplimiento en el envío de fondos coparticipables a la Municipalidad de Río Grande. El proceso terminó con la destitución de Colazo, asumiendo entonces Cóccaro para ejercer la segunda mitad del mandato constitucional.

Con el cambio de titular del Poder Ejecutivo, regresó Berrone a la cartera de economía. Su segunda gestión estaría muy condicionada por el creciente deterioro fiscal, a lo que se agregaron los problemas derivados de la evidente debilidad política de Cóccaro, cuyos apoyos tanto en la Legislatura como en el gobierno central no parecían ser muy firmes. A las denuncias por supuestas irregularidades durante la gestión de Colazo siguieron cuestionamientos de la misma índole contra su sucesor, mientras los problemas de caja se resolvían en forma temporaria y, de modo inevitable, con mayor endeudamiento.

Berrone reflotó el proyecto para constituir “Recursos Naturales S.A.” (RENASA), una empresa cuya propiedad mayoritaria quedaría en manos del gobierno (55%) pero contaría con participación de capitales privados, con la que esperaba mejorar los ingresos fiscales por regalías petroleras, de 12 a 21%. Pero esto, en caso de concretarse, constituía una posibilidad a mediano plazo, mientras la hoguera de las finanzas públicas ardía con intensidad creciente. Además, al poco tiempo de sancionarse la ley respectiva, el ministro de gobierno anunció que el Banco de Tierra del Fuego adquiriría el 40% del paquete accionario, con lo que el declarado propósito originario de dar participación a la inversión privada quedaba desvirtuado al alcanzar la concurrencia estatal el 95%. De todos modos, la empresa nunca empezó a funcionar y a mediados de 2007, la Legislatura derogó la ley de creación.

Lanzada la campaña para las elecciones de ese año, en las que buscaría un nuevo mandato, Cóccaro intentó reconstruir su espacio político otorgando una sucesión de aumentos salariales a los distintos gremios estatales, haciendo caso omiso de los datos sobre las muy precarias condiciones en que se debatía la tesorería; finalmente, ello derivó en la renuncia de Berrone, en mayo. Su sucesor, Julio Del Val, que había sido secretario de Hacienda en el gobierno de Manfredotti, cubrió el cargo hasta la realización de los comicios.

Pese a ese peligroso relajamiento de la política salarial y a un apoyo del gobierno nacional que, por cierto, no aparentaba ser todo lo entusiasta que podría haberse esperado, Cóccaro no logró imponerse en la contienda electoral, que fue ganada en segunda vuelta por la candidata del partido Afirmación para una República Igualitaria (ARI) , María Fabiana Ríos, acompañada por Carlos Basanetti. Ríos, tras desempeñar su profesión de farmacéutica en la Municipalidad de Río Grande y en la obra social del Estado fueguino, fue legisladora provincial (1999-2003) y diputada nacional (2003-2007), mientras que el abogado Basanetti había culminado una extensa carrera judicial al jubilarse en 2003 como Fiscal ante el Superior Tribunal de Justicia de Tierra del Fuego. A ellos les tocaría actuar en el paradojal escenario compartido por una economía privada casi floreciente y un fisco agobiado por su insolvencia y el desorden administrativo.