LA ECONOMÍA DEL FIN DEL MUNDO
CONFIGURACIÓN, EVOLUCIÓN Y PERSPECTIVAS ECONÓMICAS DE TIERRA DEL FUEGO


Miguel A. Mastroscello

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7.8. CONTEXTO NACIONAL: EL COLAPSO DE 2001

En la órbita nacional, el programa económico de Cavallo se sostuvo sin inconvenientes mientras la economía creció y el sector público no incurrió en déficits presupuestarios. Esta situación comenzaría a mutar hacia fines de 1994, cuando se produjo en México una corrida cambiara que derivó en la famosa “crisis del tequila”, que tuvo luego sus correlatos de graves problemas financieros en países como Rusia y Brasil. Como consecuencia de ello, disminuyó de manera drástica el flujo de capitales hacia las economías llamadas “emergentes” (entre las que se contaba la Argentina), con la consecuente suba de las tasas de interés. Esto, junto con una caída en los precios internacionales de los productos primarios, provocó primero un quiebre del proceso de expansión de la economía nacional, que hacia 1998 comenzaría a recorrer un muy prolongado y profundo sendero recesivo. Sin embargo, y aún pese a las denuncias de corrupción que surgieron en el último tramo de su gobierno, Menem fue reelecto en 1995, ya que las consecuencias de la crisis todavía no se habían manifestado en plenitud. Cavallo, por su parte, renunció en 1996 tras fuertes controversias políticas que lo enfrentaron con otros sectores del gobierno y con el propio presidente, siendo reemplazado por Roque Fernández.

Por entonces, el gobierno nacional —enfrascado en un desesperado intento de un ya muy desprestigiado Menem por acceder a un tercer mandato, cosa que finalmente no logró— volvió a incurrir en déficit presupuestario, el cual, por las propias limitaciones impuestas por la ley de convertibilidad, sólo podía financiar con endeudamiento, para colmo a tasas crecientes debido a las condiciones del mercado internacional de capitales. En diciembre de 1999 asumió la presidencia Fernando de la Rúa, como consecuencia del triunfo de una alianza entre el partido radical y el Frente País Solidario, una agrupación que había logrado introducir una cuña en el bipartidismo predominante durante el medio siglo precedente.

La nueva conducción económica, a cargo de José Luis Machinea, intentó atender en primera instancia el frente fiscal, con la premisa de mantener el esquema de la convertibilidad instrumentado ocho años atrás. De esa manera respondía a las expectativas de la sociedad, en la que aún estaba presente la memoria de las penurias sufridas por los largos años de inflación que culminaron con la crisis de 1989. Después de todo, durante “el tequila” el sistema había resistido de un modo bastante firme, aunque con caída del nivel de actividad y del empleo, evitando el pánico de ahorristas e inversores.

En consonancia con ello, Machinea trató de dar señales de austeridad fiscal, tras el relajamiento del final del gobierno anterior, planeando un severo ajuste de las cuentas públicas. Sin dudas, la instrumentación de una política contractiva era una decisión muy riesgosa (al menos, ateniéndose a lo que sostiene la mayoría de los teóricos al respecto) cuando los indicadores mostraban que la economía empezaba con lentitud a salir de la recesión que venía arrastrando desde hacía dos años.

En efecto, los aumentos de impuestos y recortes en el gasto no produjeron los resultados esperados por las autoridades: no hubo flujo de nuevos capitales y la producción volvió a estancarse. A fines de 2000 se debió recurrir a un financiamiento de emergencia de organismos internacionales, y en mayo de 2001 comenzó una salida de depósitos del sistema bancario que proyectaba una muy potente luz de alarma generalizada. Como reflejo de la crisis, la mitad de las provincias argentinas ya habían lanzado sus propios bonos de emergencia que circulaban como medios de pago en las economías regionales, por lo que fueron conocidos como “cuasimonedas”.

La vorágine de los acontecimientos se devoró las gestiones de Machinea y de su efímero sucesor, el radical Ricardo López Murphy, muy combatido por su propio partido. De una manera quizá un tanto insólita, reapareció entonces en escena Domingo Cavallo, que ya no enfatizaba la cuestión de la solvencia fiscal sino el crecimiento y la competitividad; con tales argumentos, Cavallo justificó un aumento de los aranceles a la importación de bienes de consumo y una reducción de los impuestos a la producción, que no tuvieron éxito. Mientras la confianza seguía evaporándose cada día, otras medidas de corte fiscal instrumentadas casi con desesperación también fracasaron. La caída de los depósitos bancarios continuó, por lo cual el ministro instauró una limitación a la disponibilidad de dinero en efectivo por parte de los depositantes en cuentas a la vista, fijando para los retiros un límite máximo semanal. En forma paralela, se obligaba a realizar los movimientos que superaban esa suma mediante tarjetas de débitos. El público denominó a estas medidas que buscaban evitar la fuga de fondos del sistema como “el corralito”

Todo fue inútil, en diciembre el contexto de salida de capitales y virtual “crack” bancario determinó la renuncia de Cavallo y casi de inmediato lo hizo De la Rúa, en un marco de colapso institucional, desbordantes protestas y violencia callejera que lo obligó a abandonar la Casa de Gobierno en un helicóptero. La crisis alcanzaba así unos niveles de paroxismo casi sin precedentes.

Sobrevinieron después diversos hechos políticos que determinaron un interinato en la presidencia de Adolfo Rodríguez Saa que apenas duraría una semana, pero durante el cual declaró la mora de la deuda pública. Lo hizo en el Congreso Nacional ante la asamblea legislativa en pleno, cuyos miembros aplaudieron la medida con inusitado fervor. Con ese festejo de algo que en realidad representaba un fracaso económico del país, se terminaba de configurar un escenario que se nos ocurre digno de una tragicomedia disparatada.

La renuncia de Rodríguez Saa derivó luego en la asunción de Eduardo L. Duhalde al frente del Poder Ejecutivo, que nombró ministro a Jorge Remes Lenicov. Las nuevas autoridades derogaron rápidamente la ley de convertibilidad, con lo cual se pasaba a un mecanismo de “flotación sucia” del tipo de cambio y, además, el gobierno quedaba facultado para emitir dinero sin respaldo. Al mismo tiempo, se actuó sobre el sistema financiero implantando el llamado “corralón”, que doblaba la apuesta del “corralito” al establecer la prohibición lisa y llana para retirar depósitos (a la vista y a plazo), y el canje compulsivo de esos fondos por bonos públicos. Como consecuencia de ello, quienes habían depositado dólares estadounidenses terminarían recibiendo títulos que “pesificaban” sus acreencias, convirtiéndolas en pesos a una tasa de $ 1,40 por cada dólar, sensiblemente inferior al aumento del tipo de cambio, que tras tocar los $ 4.- se iba a estabilizar en torno a $ 3.- Por su parte, los deudores que habían tomado préstamos con los bancos en aquella divisa, los devolverían al cambio de $ 1.- Debido a ello, el gobierno iba a compensar más adelante a los bancos por esa diferencia de cambio (llamada “pesificación asimétrica”) entregándoles títulos de deuda. El cuadro parecía capaz de seguir agravándose sine die, con una economía desquiciada en la que el incumplimiento de los contratos y la inseguridad jurídica eran moneda corriente.

Hubo un traslado de estos desequilibrios a los precios de los artículos de consumo, generándose una inflación de aproximadamente 40% en los primeros seis meses de 2002, lo cual, dado que los salarios no aumentaron, perjudicó a los trabajadores, jubilados y perceptores de ingresos fijos en general. Además, el colapso provocó el cierre de muchas empresas y aumentó el empleo informal, provocando un dramático aumento de la pobreza con todas sus secuelas sobre la vida social. Tratando de aplicar un paliativo ante tan grave situación, y adoptando una iniciativa de diversas organizaciones no gubernamentales, el gobierno instauró un programa de asistencia denominado “Plan Jefas y Jefes de Hogares”, financiado en parte por el Banco Mundial y orientado a proporcionar un ingreso básico a los segmentos de la población más castigados por la crisis.

En abril de ese año asumió la cartera económica Roberto Lavagna, quien buscó retomar la iniciativa oficial y contener el desborde. Para esa misma época, algunas actividades agrícolas vinculadas a la exportación comenzaron a recuperarse con firmeza, beneficiadas por el tipo de cambio alto y por el coincidente aumento de los precios de los productos primarios en el mercado internacional. Entre tanto, ciertas ramas industriales empezaron a producir una gama de bienes que habían dejado de importarse tras la devaluación, aunque con un ritmo lento y afrontando las dificultades derivadas de la falta de crédito bancario. A partir de allí Lavagna consiguió una mejora de las cuentas públicas, por los mayores impuestos recaudados como consecuencia de la recuperación, en especial vía las retenciones a las exportaciones, lo que complementado con una firme política monetaria instrumentada por Alfonso Prat-Gay desde el Banco Central a comienzos de 2003, permitió detener la “caída libre” y empezar a sentar las bases para un reordenamiento económico del país.


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