LA TRANSFORMACI?N DE LAS CONCEPCIONES SOBRE EL PROCESO DE DESARROLLO EN LAS POL?TICAS P?BLICAS MEXICANAS

5.4.- Los argumentos en torno al proceso de privatización.

Pedro Aspe Armella relata que en la época de la explosiva intervención del sector público en la economía, tratándose de países que emprenden su proceso de desarrollo, teórica y políticamente se argumentó que tras la ausencia de mercados e infraestructura pueden surgir limitantes, posiblemente insuperables por parte del empresariado privado, que desalienten o inhiban el interés para producir cierto tipo de bienes y servicios, así como la vocación para hacerlo eficientemente en caso de que exista dicho interés; por tanto, la falta de mercados bien organizados y la tributación insuficiente e ineficiente; cuando el tamaño del mercado no es lo bastante grande para respaldar una sólida estructura competitiva; y si se carece del marco legal y de las instituciones y experiencia para aplicar una efectiva política antimonopólica; son todas ellas circunstancias económicas que en su momento justificaron la creación de empresas públicas (Aspe Armella, 1993:158 y 159).

Como contraparte, la desincorporación y la privatización de empresas públicas en países como México se postula como un proceso necesario para sanear las finanzas públicas y para aumentar la productividad y la eficiencia del aparato productivo.

En términos de la eficiencia, los teóricos y promotores de la privatización argumentan que las empresas pasan a formar parte del sector público de manera casual y sin alguna estrategia congruente debido a que se intenta proteger el empleo; es más, las empresas rescatadas por el gobierno y que estuvieron a punto de quebrar no gozaron de algún grado de eficiencia, y menos aún en muchos casos mejora su situación. El mismo rescate de empresas ineficientes genera incentivos negativos que inhiben la creatividad de las empresas privadas para reaccionar ante los choques exógenos; para sus propietarios la quiebra no existe puesto que su esperanza radica en que el gobierno nacionalice y termine por comprar la empresa. En cuanto a la justicia social, se estipula que cubrir las pérdidas de empresas públicas ineficientes desvía los recursos escasos que deberían canalizarse al financiamiento de las políticas sociales, de la educación y la salud, y de la construcción de infraestructura básica; además, en variadas ocasiones, los recursos tributarios proporcionados por los contribuyentes se canalizaron a evitar pérdidas de capital de los accionistas y banqueros que fueron rescatados, y, en otros tantos casos, no se informó a la ciudadanía ni se consideraron las consecuencias distributivas de las decisiones adoptadas respecto a las empresas que se incorporaron precipitadamente al sector público (Ibidem:160 y 161).

La privatización, según sus promotores –entre los que se encuentra Aspe Armella–, se funda en los altos costos de monitoreo y demás asimetrías de la información entre la ciudadanía, la autoridad gubernamental y los administradores de las empresas públicas y en la injerencia burocrática, la toma de decisiones centralizada, la capitalización insuficiente, los excesivos costos de personal y la alta rotación laboral propias de las entidades paraestatales (Ibidem:capítulo IV).

En suma, el discurso oficial argumenta que con la privatización, en condiciones de un relevante poder de mercado que posibilite determinado grado de competencia, la empresa de propiedad privada contará con una mayor productividad y rentabilidad que las empresas públicas. Además, se asegura que los consumidores, en el marco de dicha competencia, se verán favorecidos con la oferta de bienes y servicios de mejor calidad y a precios bajos o accesibles; así como una posible reducción de la corrupción en el sector público. Sin embargo, como lo señalamos en otro espacio, las rentabilidades obtenidas en estos procesos de privatización no se asocian al aumento de la capacidad de producción, puesto que paralelamente se ejercen operaciones de fusiones y adquisiciones para constituir monopolios en detrimento de las micro, pequeñas y medianas empresas (Enríquez Pérez, 2002b). Es más, en México los procesos de privatización adolecen de entramados institucionales y de marcos regulatorios que procuren afectar lo menos posible al consumidor.