DESAF?OS DE LA SOCIEDAD RURAL AL DESPUNTAR EL SIGLO XXI. ECONOM?A Y POL?TICA

III. REORIENTANDO LA AGRICULTURA AL MERCADO EXTERNO

Desde 1964 Brasil ensayó bajo un régimen militar la búsqueda del crecimiento por la vía de las exportaciones sin que el Estado abdicara la responsabilidad de fomento e intervención directa en la economía; en la agricultura se promovió entonces el cultivo a gran escala de soja y café, entre otros productos de demanda internacional; a partir de un esquema de subsidios a la producción y al financiamiento, la tasa de crecimiento agrícola mantuvo su dinamismo por un par de décadas, marcando el final de un ciclo de crecimiento comandado por la inversión pública.

Chile experimentó a partir de 1974 lo que hoy constituyen las típicas medidas de ajuste estructural con ingredientes neoliberales y monetaristas: reducción del aparato estatal por la vía del recorte en inversión productiva y del gasto social, privatizaciones, desmantelamiento del proteccionismo, apertura comercial y financiera, control de la inflación por la vía de la restricción salarial y equilibrio en las finanzas públicas. En una primera etapa –que concluye hacia 1983- destaca en el campo un proceso de reversión de la reforma agraria, con apertura del mercado de tierras, garantías a propietarios privados, y recorte a los programas de apoyos gubernamentales; en los seis años siguientes – en un entorno de desempleo y subempleo proveniente en gran medida de la recesión industrial y el ajuste de la burocracia- se buscó reactivar y desarrollar la capacidad productiva de la agricultura a través de un modelo en que la producción altamente competitiva, principalmente frutícola y forestal, ha sido central.

En un ambiente de crisis internacional y dado que varias economías de las más fuertes de Latinoamérica se enfrentaron en los años siguientes a una situación de inestabilidad financiera y problemas de crecimiento, la mayor parte de los países de la región siguieron los pasos de la economía chilena bajo la presión de los organismos financieros internacionales y con la orientación técnica de uno de ellos, el Banco Mundial (BM). En la coyuntura de altas tasas de interés los procesos de renegociación de la deuda externa subdesarrollo-desarrollo, fueron especialmente propicios para sacar adelante las políticas de corte neoliberal en la zona.

3.1. Impulso a los negocios agrarios

En líneas generales, los programas para la agricultura que se inscriben en el marco del neoliberalismo -llámense de desarrollo rural integrado, reconversión productiva, modernización, o desarrollo territorial rural- nos remiten invariablemente a los argumentos que hacen apología de la globalización. Su empeño ha sido promover la proliferación, expansión y consolidación de las explotaciones agrícolas a gran escala, de alta rentabilidad o con expectativas prometedoras en ese sentido. Entre sus estrategias sobresalen: a) facilitar el arribo de la inversión privada al sector; b) eliminar limites jurídicos en el mercado de tierras, y c) canalizar el apoyo gubernamental a las empresas productoras de bienes agropecuarios de consumo final altamente competitivos por su precio, calidad o características; también cuando se trate de unidades proveedoras de insumos agroindustriales.

En este modelo una distribución más equitativa del ingreso y la reducción de la pobreza rural serían el efecto lógico de resultados macroeconómicos positivos, siempre que el entramado institucional permitiera una asignación eficiente de los recursos productivos, ofreciera garantías a su movilidad interna y promoviera el acceso a los mercados externos. El ramo agrícola (al lado de la industria liviana) se beneficiaría en especial, con crecientes flujos de capital y mayor empleo, por tratarse de una actividad a la que caracteriza el uso intensivo de trabajadores no calificados (Stallings y Weller, 2001: 193). En este modelo, un mercado de tierras dinámico es parte medular en la estrategia para facilitar la eficiencia y crecimiento productivo, y un factor clave para incitar para la llegada de la inversión al campo (Herrera, 1996: 12). El éxito de la empresa agrícola dependería de la combinación y manejo óptimo de los factores productivos en economías de escala, sacando partido de las ventajas comparativas de la región y en particular del bajo costo de la mano de obra. En ese sentido, se preveía que las políticas a favor de la flexibilidad laboral tendrían incidencia directa en el ámbito de la empresa agrícola, al abaratar en el costo del factor trabajo y apuntalar la eficiencia; mientras contenían las presiones inflacionarias.

En la propagación de estos proyectos que exaltan la importancia de la agroexportación, pesaron factores adicionales al escenario crítico de esos años. Internamente destacan las contradicciones que en términos sociales, micro y macroeconómicos e incluso ambientales suscitó en la agricultura regional la modernización bajo la revolución verde –centrada en el monocultivo dependiente en alto grado en los insumos inorgánicos y la mecanización-; que se sumaba al agotamiento del patrón de crecimiento hacia adentro de posguerra manifiesto en crecientes desequilibrios financieros en la generalidad de los países de la zona. Desde el exterior fueron decisivos el advenimiento de la ingeniería genética como paradigma tecnológico dominante en el rubro agropecuario; la caída del precio de las materias primas y alimentos en los ochentas, y el creciente control corporativo de la producción agroalimentaria mundial. Este último se hacía presente a través de instancias e instrumentos internacionales promotores de la producción agrícola al margen de subsidios y el comercio libre.

Al comenzar la década de los ochentas, las empresas agrícolas y agroindustriales de Estados Unidos (EU) ya ejercían una influencia definitiva en el mercado mundial de cereales, con respaldo de una agresiva política de subvenciones que venía de por lo menos una década atrás. Hacia 1986 la Ronda Uruguay del Acuerdo General de Aranceles y Comercio (GATT por sus siglas en inglés), fue observada por el gobierno de aquel país como la oportunidad para consolidar su posición en el mercado agroalimentario, y formalizar en su beneficio el acceso de sus productos hacia las regiones menos desarrolladas. También en ese año se instituyó el grupo Cairns, conducido por Canadá, Australia y Nueva Zelanda y con la participación de Brasil, Argentina, Chile, Colombia y Uruguay. Dicho grupo representa hasta hoy día la posición más radical en materia de libre comercio agrícola al pronunciase por situar el mercado agropecuario en el mismo plano que el de los demás productos y despejar restricciones al tráfico a través de las fronteras. En consecuencia, propone mejorar el acceso a los mercados, eliminar subsidios a la producción y poner fin a aquellas políticas internas que en alguna medida sean proteccionistas o que impliquen subvenciones a la exportación. El grupo de países de Europa occidental –encabezado por Francia- figuraba también como potencia en el rubro agropecuario desde aquellos años.

Luego de dos décadas de su conformación, el grupo Cairns mantiene su posición en las negociaciones de la Organización Mundial de Comercio (OMC, que suple al GATT desde 1995). Una posición que ha chocado con una firme negativa de la Unión Europea, Noruega, Suiza, Corea del Sur y Japón, para abrir sus mercados y eliminar los apoyos a sus productores. Por su parte Estados Unidos ha permanecido inflexible en el tema de la eliminación de los subsidios internos.

La resistencia de los tres protagonistas del mercado mundial de alimentos para ceder en sus posiciones y avanzar en el Acuerdo Sobre Agricultura (ASA) ha derivado en la suspensión indefinida de las negociaciones de la Ronda de Doha, el mes de julio pasado. Puede observarse, sin embargo, que un medio para avanzar en sus objetivos estratégicos consiste en iniciativas para formalizar compromisos de alcance geográfico menos ambicioso con la mayor parte de los países de América Latina y el Caribe (Fritscher, 2004: 112). Hasta el momento se han afianzado las relaciones comerciales en este rubro a favor de EU por lo que toca a México (vía el Tratado de Libre Comercio de América del Norte), Centroamérica (mediante acuerdos aislados de libre comercio con seis países de la zona), y varias naciones del Caribe (Ley de Asociación Comercial Caribeña). Con los países andinos las negociaciones para un acuerdo de comercio libre también están avanzadas, y entretanto rige una especie de pre-tratado con el objetivo medular de erradicar el cultivo de coca y amapola, pero igualmente compromete también a la eliminación de impuestos a las importaciones norteamericanas.

Por su parte los países del cono sur han estrechado nexos económicos con la Unión Europea (UE), particularmente aquellos que forman parte del Mercado Común del Sur (MERCOSUR) y sus Estados asociados (Chile, Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú). Todavía sin formalizarse un acuerdo de libre comercio entre el MERCOSUR y la Unión Europea, ésta constituye su principal socio comercial. Al respecto Heidrich y Glauco (2005: 1 y 2) afirman que el MERCOSUR representa la esperanza mas clara de la UE para mantener su influencia en América Latina. Y con datos de EUROSTAT -base estadística oficial de la UE-, precisan que en el 2004, el MERCOSUR compró 55% de las exportaciones de la UE hacia América Latina, y el stock de inversiones de la UE en el MERCOSUR representa 62% del total también en América Latina.

Por lo que toca al grupo Cairns, actualmente la mitad de sus miembros –nueve de un total de dieciocho- son países de la región latinoamericana y del Caribe.