ESPACIOS REGIONALES FRONTERIZOS
Teoría, política y práctica del desarrollo y la integración fronteriza

ESPACIOS REGIONALES FRONTERIZOS TEORÍA, POLÍTICA Y PRÁCTICA DEL DESARROLLO Y LA INTEGRACIÓN FRONTERIZA

Nilo Meza Monge

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5.5. FINANCIAMIENTO DE LA ZIF.

Si hay algo frágil en la Decisión 501, es la cuestión del financiamiento del desarrollo en las ZIFs. La experiencia del Perú y Bolivia, sin duda, está mostrando en toda su dimensión esta debilidad cuando, luego de haber hecho el trabajo de identificación y priorización de proyectos, no se tiene la más mínima idea de dónde se recibirán o gestionarán los fondos necesarios para ejecutarlos.

En relación a este tema, sin embargo, los pronunciamientos públicos son múltiples y del más alto nivel. En mayo de 1999, los Presidentes de la Comunidad Andina instruyen al GANIDF la organización y Promoción del Banco de Proyectos de Integración y Desarrollo Fronterizo (BPIDF). En efecto, en el artículo 10 de la Decisión 501 se establece dicho banco cuyos objetivos incluyen la facilitación del acceso a fuentes de financiamiento para los proyectos de desarrollo identificados en las ZIF. Es más, el artículo 11 de la indicada Decisión y el artículo 17 de la Decisión 502, establecen expresamente procedimientos y condiciones para el establecimiento de fondos destinados a financiar el desarrollo de programas y proyectos en ámbitos de las ZIFs.

Con el ánimo de desarrollar dicha norma, en marzo de 2000, la delegación peruana ante la III Reunión del GANIDF, presenta la propuesta de un “Fondo Comunitario de Integración Fronteriza” para el financiamiento de proyectos de integración y desarrollo fronterizo. Era la primera vez que se abordaba con nombre propio esta problemática que en los siguientes años iría mostrando señales de una gestión complicada en el ámbito político-social del quehacer fronterizo si no se satisface financieramente las expectativas que se viene generando con la implementación de la ZIFs.

A pesar de la trascendencia del tema, la iniciativa peruana no tuvo eco favorable en el ámbito del GANIDF pues, luego de dos años de silencio, prevaleció la opinión del doctor Carlos Zannier, representante de la CAF en ese entonces, en el sentido de que la propuesta debería ser “evaluada detenidamente por los países miembros de la Comunidad Andina”. A la fecha ni se ha evaluado ni sabemos el curso que se la haya dado a dicha iniciativa.

En junio 2000, los Presidentes Andinos vuelven a la carga y son más precisos al referirse al tema. Plantean la creación de un “Fondo Multilateral para operaciones descentralizadas a favor de iniciativas de cooperación y programas de desarrollo integral regional o local, medidas y/o proyectos de integración fronteriza” y reciben el respaldo del BID que sentenciaba señalando que “los proyectos bilaterales en frontera no tendrán mayor desarrollo” si es que no se tiene el financiamiento debido.

El GANIDF, en su Plan de Trabajo–2003, señala que es necesario “establecer y ejecutar una estrategia común para la canalización de recursos de cooperación internacional, triangulación y cooperación horizontal para el desarrollo de planes, programas y proyectos en el espacio de las fronteras andinas”. Esta orientación, luego de otro prolongado silencio, logra una precisión en la XII Reunión del GANIDF, mayo 2005, cuando, nuevamente a propuesta de la delegación peruana, se encarga a la Secretaría General de la CAN que, en el marco de una acción coordinada con el BPIF, la CAF y el BID, diseñen una estrategia de financiamiento de los proyectos y programas identificados en las ZIFs.

En este sentido, y coincidiendo con el BID, se puede afirmar enfáticamente que no habrá desarrollo fronterizo, y menos procesos de integración exitosos, si es que el Estado no está dispuesto a invertir en fronteras lejos de procesos rígidos y, muchas veces absurdos, de evaluación de proyectos de inversión en zonas de frontera. Este tipo de proyectos, grandes y pequeños, requieren una evaluación que está mucho más allá de cálculos mecánicos donde la ganancia y la rentabilidad es el único criterio de elegibilidad. En su lugar, se requieren métodos mucho más imaginativos de evaluación que conviertan la contribución a superar los problemas estructurales de marginación y pobreza en que se desenvuelven los espacios regionales fronterizos como el principal criterio de elegibilidad de Proyectos en zonas de frontera.

De allí que resulta muy difícil esperar que se produzca inversión privada en dichos espacios mientras no tengan “condiciones que garanticen” el retorno seguro de sus inversiones. Y esas condiciones son, entre otras, las que tienen que generar la inversión pública en una primera etapa de intervención.

En consecuencia, un fondo de financiamiento que no cuente con aportes públicos, donaciones, fondos multilaterales retornables y no retornables, etc. destinados exclusivamente al desarrollo de la ZIFs en forma análoga a la concepción y procedimientos de los fondos estructurales en la Unión Europea, no podrá financiar proyectos y programas de las características y alcances que suponen el reto de superar la marginación y la pobreza en zonas de frontera.

Dichos fondos estarían orientados básicamente a procesos productivos generadores de empleo; de infraestructura vial, de comunicaciones y de servicios sociales; y, de las iniciativas de desarrollo local basadas en actividades de la pequeña y mediana empresa. El acceso a dichos fondos estará debidamente establecido con normas y procedimientos que aseguren equidad y equilibrio, tanto en lo sectorial como en lo territorial.

Un fondo de esta naturaleza no supone una nueva institución financiera, sino un mecanismo de uso y acceso a él, cuya administración podría seguir en manos del BID o de la CAF, o puede ser encargado a terceros bajo distintas modalidades que van desde el fideicomiso hasta créditos en condiciones específicas. No se trata entonces, de sustituir el papel del BID y la CAF, como se quiso interpretar la propuesta, y mucho menos el del Banco de Proyectos de Integración Fronteriza, sino de establecer vías de acceso mucho más claras y versátiles para demandas de inversión generadas en los planes de desarrollo e integración fronteriza.