DERECHO: ¿CUÁL DERECHO?
DE LA CONSTITUCIÓN BURGUESA A LA CONSTITUCIÓN DE NUEVA DEMOCRACIA

DERECHO: ¿CUÁL DERECHO? DE LA CONSTITUCIÓN BURGUESA A LA CONSTITUCIÓN DE NUEVA DEMOCRACIA

Álvaro Bedoya Salazar

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5.9 Andrés Pastrana

Estas elecciones fueron como un partido de vuelta donde se define el ganador en un campeonato de fútbol. En estas, los contendores fueron Horacio Serpa versus Andrés Pastrana. Pero como parodia, estos jugadores no luchaban por la Copa Libertadores de América, sino por definir quién de los dos entregaba en forma más lacaya nuestros derechos y libertades, al querer expoliador y esclavizante de la cúpula imperial norteamericana.

En la primera vuelta el candidato liberal le ganó al candidato conservador, sin sobrepasar el 51%, hecho que obligó a una segunda vuelta, en la que salió triunfador Pastrana II, hijo del presidente Misael Pastrana Borrero.

Uno de los primeros actos de gobierno fue reunirse con don Manuel, con el compromiso de crear una zona de despeje. Y este compromiso suponía violentar la soberanía y la unidad de nuestro territorio.

Pastrana acuñó como título de su programa de gobierno el llamado “Cambio para construir la paz”. En este documento se proponen tres objetivos:

a) Sustitución de cultivos ilícitos por medio de programas alternativos de desarrollo.

b) Atención a la población desplazada.

c) Acciones en las zonas de más altos índices de violencia, y los tres como base del llamado Plan Colombia, redactado en inglés y directamente dirigido por el Departamento de Estado.

El Plan abría las compuertas a una intervención militar más directa y opresiva de Estados Unidos en el territorio colombiano y afianzaba la apertura económica. Y Pastrana, como campeón del servilismo, aplicó el continuismo frente a los planes gringos, como un procónsul del imperio y no como jefe de una nación independiente, mientras que de otra parte se allanó a cumplirles a las FARC, no unos acuerdos, sino unas exigencias.

Toda su política trajo como consecuencia el desastre económico de la producción, despidos masivos de trabajadores, liquidación de las empresas del Estado, como ocurrió con la Caja Agraria, y una mayor arremetida contra la estructura pública de la salud y la educación. Según los cálculos del Banco Mundial, en el año de 2002, la pobreza y la miseria, tanto en la ciudad como en campo, aumentaron dramáticamente hasta definir que los colombianos recibieron cada vez menos ingresos, hecho que se refleja en la caída del nivel de vida por debajo de los estándares de 1990.

La andanada reformatoria también golpeó a la misma Rama Judicial. El señor Alfonso Gómez Méndez, fiscal general, presentó ante el Congreso tres proyectos de ley, en los que proponía modificar el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal y el Código Penitenciario y Carcelario, reformas aprobadas mediante las Leyes 599 y 600 de 2000, quedando aplazada la referente al Código Penitenciario. Se aprobó en cambio un nuevo Código Penal Militar con la Ley 522 de 1999. De igual forma se expidió la Ley 684 de 2001, titulada Ley de Seguridad y Defensa Nacional, que otorgaba funciones de Policía Judicial al Ejército y permitía el nombramiento de alcaldes militares, con efectos tan graves para los derechos ciudadanos, que fue declarada inexequible por la Corte Constitucional.

En el Plan Colombia hay un título especial sobre “Fortalecimiento de la Justicia” y “Promoción de los Derechos Humanos”, decisiones que no se tomaron en el Congreso de la República de Colombia, sino en el de Estados Unidos. Y como se ha venido repitiendo, por ser el tema central de esta tesis, una cosa es el título y el derecho en abstracto, y otra muy diferente lo que se impone en la realidad.

Puede tomarse como ejemplo el caso de la Rama Judicial. El plan gringo enmascarado bajo el nombre de “Plan Colombia” lo que señala es aprobar US 13 millones para la reforma judicial, que en realidad apunta es a fortalecer la intervención de las agencias norteamericanas en nuestros asuntos internos y a debilitar la estructura de la Rama Judicial, como sus propios trabajadores lo pueden testimoniar ante los tribunales, que en sus despachos no hay ni lápices ni papel para diligencias tan simples como una orden de libertad, o para llamar a un ciudadano a rendir testimonio sobre los hechos de su conocimiento en un caso en trámite.

El 1 de julio de 2002, el Congreso de la República aprobó el Estatuto de Roma, que le dio vida a la Corte Penal Internacional, Corte que investiga, juzga y sanciona a los ciudadanos de cualquier país que cometan crímenes de guerra y de lesa humanidad. Con maniobras y mañas, maridajes y martingalas de esta clase es como quienes nos gobiernan entregan en cada acuerdo nuestra soberanía, la independencia nacional, los recursos naturales, las empresas públicas del Estado, la Rama Judicial y los derechos y reivindicaciones de la clase obrera y el pueblo trabajador.

El gobierno también se sometió a un nuevo ajuste del FMI. Lo dice el profesor Jorge Enrique Robledo, en su obra www.neoliberalismo.com.co:

Luego de muchos años de dirigir la economía colombiana mediante ‘monitoreos’ a los encargados de tomar decisiones, el Fondo Monetario Internacional le puso un acuerdo formal al gobierno de Colombia.

Y Pastrana, con esa desfachatez con que suele actuar, salió a proclamar que el acuerdo era un gran ‘éxito’ de sus gestiones y a insinuar que a partir de la firma la economía colombiana prosperaría al mejor de los ritmos. Sin embargo, un análisis de los hechos permite sacar conclusiones exactamente contrarias a los que agita el aparato de propaganda gubernamental.

Como se sabe, los acuerdos formales con el FMI sólo los firman aquellos países que, estando atados a sus estrategias de ‘desarrollo’ por el endeudamiento externo y la inversión extranjera, han fracasado tan rotundamente que los prestamistas privados se niegan a seguir actuando, salvo que se les den garantías de cumplido pago de sus créditos. En este sentido, un acuerdo con el Fondo significa que el país, como un todo, ha caído en una especie de concordato preventivo y obligatorio. (…)

En el acuerdo no se contempla, por lo menos en su parte pública, que deba hacerse otra reforma laboral. Pero, curiosamente, y luego de recordar que ‘Colombia optó por una amplia reforma en 1990 que aumentó considerablemente la flexibilidad del mercado de trabajo’, señala que ‘las rigideces que aún existen en el mercado laboral han contribuido al alto nivel de desempleo en Colombia’. (…)

Y así lo haya aplazado, mientras saca adelante otras reformas que considera más urgentes, desde 1999 el gobierno tiene decidido hacerle cambios notorios –y represivos– a las relaciones obrero-patronales. Parte de lo anunciado ya lo metió –como un ‘mico’ de última hora que, por supuesto, ningún medio de comunicación denunció– en la ley de restructuración de las deudas empresariales.