LA ECONOM?A MEXICANA. CRISIS Y REFORMA ESTRUCTURAL. 1984-2006

TELMEX: LA SUBASTA DE LA NACIÓN

1989

Finalmente el rumor que se iniciara el año pasado respecto a la reprivatización de la empresa paraestatal Teléfonos de México fue confirmado la semana pasada. Los argumentos para la decisión en primera instancia parecían válidos, aunque después de su análisis resultan seriamente cuestionables. Porque en el fondo las razones de tal decisión se encuadran dentro del nuevo esquema que sustenta la Política Gubernamental: Rectoría del Estado, sin participación en la economía, proposición cuestionable también, tanto teórica como prácticamente.

Una de las cuestiones centrales de esta decisión es el hecho de no contar con la opinión o el dictamen del Congreso de la Unión ante actos de tal magnitud, no sólo en el caso de Telmex, sino en la venta de cualquier empresa que representa parte del patrimonio de la Nación, pero más aún cuando se trata de una de las principales empresas del Estado, no sólo por su tamaño, sino por su posición estratégica. Y esto porque, aunque no sea la obligación constitucional, sí es una exigencia de la población en tanto dichas empresas son propiedad de la Nación, constituida por esa población que reclama participación en tales decisiones a través de sus representantes en las Cámaras.

El argumento central para la desincorporación (como la llama Gobierno) de Telmex descubre aún más el verdadero motivo de la política reprivatizadora. Aquí no cabía argumentar baja rentabilidad o números rojos, tampoco insuficiencia financiera (como el caso Cananea), ni mucho menos se recurrió al enfrentamiento con el sindicato que, consciente de lo que ya se veía venir, adoptó una posición más flexible y aceptó y ofreció participar en la modernización necesaria de la empresa. En la declaratoria de desincorporación, las autoridades argumentaron que en la medida que dicha modernización es necesaria para el desarrollo del país (lo cual es un hecho irrefutable), se requiere destinar una enorme cantidad de recursos financieros a la empresa, pero que la prioridad es responder a las necesidades de los mexicanos que menos tienen y que por tanto no se justifica, en estos términos, inyectarle nuevos recursos a dicha empresa habiendo tantas necesidades insatisfechas. Sin embargo, en la misma declaratoria se asienta que la inversión necesaria para el “extraordinario desarrollo” que requiere la empresa equivale a 10 mil millones de pesos. De los cuales, y aquí es donde comienza la incongruencia, hasta el 70% de ellos se pueden financiar con ingresos propios de la empresa, en tanto que para el resto se quieren inversiones adicionales. Esto significa que la empresa es capaz de producir los recursos para modernizarse y que únicamente requiere de una inversión adicional de 300 millones de dólares. Entonces ¿Por qué venderla? ¿Por qué optar por una opción tan radical e incongruente con toda racionalidad económica? ¿Qué empresario dueño de una empresa como ésta actuaría así?

Además no es necesario echar mano del gasto público para proveer a la empresa de dichos recursos adicionales, puesto que existen mecanismos financieros para captarlos, incluida una nueva emisión de acciones, la contratación de deuda, o incorporando a nuevos inversionistas para la modernización, e incluso extranjeros, que son quienes tienen la tecnología de punta tan necesaria. Cuestión que no variaría en lo absoluto la posición de la empresa, pues ya es sabido que el 25% del capital de Telmex pertenece a inversionistas extranjeros. Y finalmente, cómo se justifica el argumento de la desviación de recursos de más altas prioridades a la de modernización de la empresa, si se acepta que la propia empresa puede generar esos recursos. Aquí es donde queda claro que la reprivatización de Telmex y de la mayor parte de las paraestatales no se deriva de todos los argumentos desgastados, utilizados para llevarla a cabo. Sino que es parte de una política que, como dice Adolfo Sánchez Rebolledo (La Jornada 21-09-89), “Se sustenta en la hipótesis de que el empresariado es el verdadero sujeto de la modernización”. Que se sustenta además en la idea de que al mercado es el único mecanismo capaz de regular la actividad económica, y asignar de manera óptima los recursos y que la intervención del Estado en dicha actividad entorpece el buen funcionamiento de este mecanismo. Hipótesis que la realidad misma se ha encargado de invalidar históricamente, pues a muchos se les olvida ahora cómo fue que diversas empresas privadas, incluidas Telmex, Mexicana de Aviación y los Ingenios Azucareros, fueron a dar a manos del gobierno. Hay que tener presente que dichas empresas fueron vendidas al Estado ante la imposibilidad de sus propietarios de mantenerlas en operación, endeudadas y muy cerca de la bancarrota y el Estado hubo de comprarlas para asegurar el abasto a la población de los productos o servicios que prestaban. Apoyado por la Constitución misma que lo obliga a reservarse la propiedad de bienes y propiedades por causa de utilidad pública llegando incluso a la expropiación de ser necesaria (como lo ha sido el caso del petróleo y los servicios bancarios). La atención es, ahora, mantener las funciones de rectoría del Estado en la economía que manda la Constitución, a partir de la definición de un marco regulatorio para las empresas privadas y la supervisión de su operación, ya no más a través de la propiedad de empresas y como dijera el líder sindical de los telefonistas, así, tener “un Estado que sea menos propietario y menos empresario; que sea un Estado más social y más democrático”. Políticamente regulador, más que de empresas, del conjunto de la vida económica. Como si el participar directamente en la economía le restara carácter social o lo volviera antidemocrático. Y sin ver (miopía compartida por muchos) que una de las formas en que las que el Estado puede ejercer más profundamente su rectoría es a través de su participación directa en ciertas empresas (no en todas pues eso también es nocivo) y que de esta manera puede beneficiar en mayor medida a la Nación misma (sobre todo a esos mexicanos que menos tienen), en tanto las empresas paraestatales, además de ser mecanismos de regulación económica, son también fuente de ingresos para el Estado, los que le pueden permitir un avance en la distribución de la riqueza.

El grave problema que representa plantear una rectoría a través de mecanismos regulatorios del mercado es que nada garantiza que las empresas privadas subordinarán sus intereses particulares al “interés público”; aun más, un proceso de reprivatización como el que estamos viviendo favorece y estimula la concentración del capital, la producción y la riqueza, pues para nadie es un secreto que son los grandes grupos económicos, nacionales y extranjeros, los que se disputan y reparten la oferta de empresas en la subasta nacional, mientras ilusoriamente se promete que los trabajadores podrán participar en el capital de las empresas, como si ellos tuvieran realmente la capacidad financiera para hacerlo. Pero eso no es todo. Sincartsa y Real del Monte seguirán el mismo triste camino de la “desincorporación” en unos días más. Por lo que pronto Telmex ya no es nuestra.