LA ECONOMÍA MEXICANA. CRISIS Y REFORMA ESTRUCTURAL. 1984-2006

LA ECONOMÍA MEXICANA. CRISIS Y REFORMA ESTRUCTURAL. 1984-2006

Hilario Barcelata Chávez

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LA DEMOCRACIA INCONCLUSA

30 de Enero de 2006

Para reducir la pobreza es necesario que haya crecimiento económico. Pero eso no basta, se requiere que exista, también, un marco institucional, que permita transformar la riqueza incrementada, en recursos públicos orientados a la consecución de una vida digna y la disminución de la desigualdad. Y esto, a su vez, depende de que los arreglos institucionales y las políticas públicas expresen los objetivos y las necesidades de quienes están en peor condición, lo cual sólo es posible si la voluntad e interés de los grupos sociales, puede expresarse amplia y abiertamente en la elección de sus representantes populares.

Sin embargo, en México esto aún no es una realidad palpable, pues la inexistencia e inexactitud de las leyes, no garantiza la equidad entre los participantes de las contiendas electorales.

A lo largo de los últimos años ha sido evidente que, ante la ausencia de restricciones legales, los competidores realizan prácticas abiertamente antidemocráticas (aunque legales) que impiden la realización de una competencia justa y equitativa, de modo que quienes gobiernan no expresan, necesariamente, la voluntad popular y, por ello, no han sido capaces de alcanzar los objetivos del desarrollo nacional.

El desaseado comportamiento de los partidos políticos en México para elegir a quienes serán sus candidatos, ha provocado una profunda desconfianza social en el sistema de partidos, restándole legitimidad al proceso electoral todo, e impidiendo que la voluntad popular de los miembros y simpatizantes de los partidos no quede expresada en el candidato elegido, el cual no será ni el más popular, ni el más representativo, ni el mejor.

Para consolidar la democracia es necesario establecer un conjunto de disposiciones legales de observancia obligatoria que permita a los partidos clarificar su relación con la sociedad y contribuir a mejorar el funcionamiento del Estado democrático-representativo. Quiero decir que deben establecerse reglas para que los procesos electorales internos de los partidos políticos, queden sujetos a un minucioso escrutinio público, particularmente en cuanto a los mecanismos de selección de candidatos, pues en su interior, aún prevalecen prácticas autoritarias para la designación de sus candidatos y dirigentes. Por ello se requiere un conjunto de disposiciones legales de observancia obligatoria para todos los partidos, que sean supervisadas, en todos los aspectos, por la autoridad electoral, para que, mediante el mecanismo más transparente que es la elección directa, se garantice y avale la legitimidad de los candidatos y su elección no sea producto de la manipulación de grupos de interés

Los partidos deben estar obligados a incorporar en sus estatutos estas reglas y ser castigados en caso de que las violen. La autoridad electoral, por su parte, debe convertirse en una instancia que revise y apruebe los estatutos y que vigile que se cumpla la ley, castigando a los infractores.

Pareciera que los partidos le tienen miedo a la democracia. Pareciera que los aspirantes a candidatos temen enfrentarse al voto de sus correligionarios; muchos saben que no se merecen la candidatura y por ello prefieren la obscura negociación con quienes tienen la capacidad de imponer las candidaturas, para que, mediante opacos mecanismos de elección fácilmente manipulables, puedan ganar.

Nuestra democracia no avanzará y el país no se desarrollará si seguimos votando por candidatos que no representan nada ni a nadie. El problema es que, a muchos les conviene esta democracia inconclusa.