LA ECONOMÍA MEXICANA. CRISIS Y REFORMA ESTRUCTURAL. 1984-2006

LA ECONOMÍA MEXICANA. CRISIS Y REFORMA ESTRUCTURAL. 1984-2006

Hilario Barcelata Chávez

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FOBABROA Y DEMOCRACIA

25 de julio de 1998.

Al enviar el Ejecutivo a los diputados, la iniciativa de Ley para convertir los fondos del Fobaproa en deuda pública, seguramente nunca se imaginó la tremenda polémica que esto generaría y por supuesto, la amplia oposición no sólo de parte de los partidos políticos, sino también, de amplios sectores de la sociedad.

En la defensa de la decisión de crear el Fobaproa (cosa que también se ha cuestionado) y de convertir sus pasivos en deuda pública, se han esgrimido dos argumentos fundamentalmente por parte del Ejecutivo.

El primero en el sentido de que no había mejor opción para salvar al sistema bancario nacional que utilizar fondos públicos y que el costo fiscal de no haberlo hecho hubiera sido infinitamente superior. Además, se advierte que, en realidad no se estaba salvando a los bancos sino a los ahorradores. Porque la quiebra de los bancos hubiera hecho desaparecer el dinero de los depósitos.

El segundo argumento gira en torno al hecho de que la no aprobación de la transformación de los pasivos del Fobaproa en deuda pública puede tener un costo mucho más alto para el país en términos fiscales, financieros y de estabilidad económica.

Sobre el primer argumento hay que decir que sí había otras opciones y que hubieran sido mucho menos costosas (ya en este mismo espacio he mencionado cuáles). Al mismo tiempo hay que pensar que durante los diez años que la banca comercial fue propiedad del Estado mexicano no enfrentó un problema de la naturaleza del que se vivió en 1995, a escasos tres años de pasar a manos privadas. En el fondo, la crisis bancaria no se debió a la crisis financiera de fines de 1994, (ése fue el factor detonante) sino a la forma en que se otorgaron y a quienes se otorgaron los créditos que luego se convertirían en cartera vencida.

Esto tiene que ver con el segundo argumento mencionado arriba. El ejecutivo quisiera que el Legislativo aprobara su propuesta sin análisis y discusión. El detalle está en que los diputados no están dispuestos a autorizar que el gobierno federal pague con fondos públicos las deudas contraídas de manera aparentemente irregular e ilegal por los propios dueños de los bancos, empresas ficticias o grandes capitalistas que se desentendieron del asunto y ahora se lo endosan al gobierno.

Aceptar que los pasivos del Fobaproa se constituyan en deuda pública equivale a que todos los mexicanos que pagamos impuestos (o sea todos los mexicanos) paguemos una deuda que contrajeron poderosos empresarios que se enriquecieron mientras el pueblo se empobreció. Equivale a que paguemos una deuda, que es “nada más”, de un valor igual al monto de la deuda interna actual del gobierno (que también estamos pagando los mexicanos).

Equivale a que los que nos empobrecimos por la crisis financiera provocada por la irresponsabilidad de los dueños de los bancos, hoy tengamos que pagar la deuda que ellos generaron (un dinero que seguramente ya se gastaron). Deuda que, además, fue el detonante de problemas de inestabilidad financiera que repercutieron en una profundización de la crisis económica. Todo por salvar a estos “nobles personajes” de la quiebra. Equivale, además, a aceptar que el gobierno tendrá que gastar menos en otros programas que impulsan el desarrollo del país, para poder pagar. Y no se extrañe, que equivalga, también, a que las tasas de algunos impuestos suban y el precio de la gasolina, gas y electricidad suban también, con el fin de que el gobierno tenga más ingresos para pagar la deuda que quiere contraer.

Ahora el Ejecutivo pide que no se politice el asunto. ¿Acaso es posible eso?. ¿Acaso no es una decisión de una magnitud política impresionante el aceptar seguir la ruta del empobrecimiento y el no desarrollo? ¿No deberíamos todos poder opinar sobre eso, sepamos o no lo que es el Fobaproa?. Basta saber que la decisión implica pagar una deuda que no es nuestra.

Desde luego, Gurría, Secretario de Hacienda ha dicho prácticamente que el futuro del país depende de que se apruebe esta iniciativa. Así que si el Congreso no lo aprueba, los diputados serán los responsables de una crisis financiera futura. ¿No es ese un argumento que se acerca demasiado al cinismo? Ahora resulta que el Congreso tiene como rehén la economía del país por retrasar la aprobación y, a lo mejor rechazar, la propuesta de conversión de deuda pública.

Qué incómoda le está resultando la democracia al Ejecutivo, qué problemática y sobre todo pareciera que piensa que le es hasta perjudicial, pues al haber democracia, las cosas se discuten más, más gente opina y el futuro del país se pone en riesgo, porque no deja que el Ejecutivo (que siempre tiene las mejores decisiones en sus manos) puede conducirlo por el camino correcto. Porque todas sus decisiones las tiene que aprobar (qué engorroso) el Legislativo. Habría que recordarle al Ejecutivo que “lo malo” de la democracia es que todos pueden opinar.

El ejecutivo ha apelado a la unidad nacional, al “interés nacional”, al riesgo que corre el país, por el “retraso” en la aprobación de su iniciativa. El problema es que “el país” del que habla el ejecutivo es un país distinto para los mexicanos, porque la sociedad ha dejado de compartir intereses y objetivos y ya no podemos hablar de unidad nacional, de un país igual para todos, porque lo que es bueno para unos no lo es para otros. Y eso se debe a que el gobierno no ha sido capaz de integrar a la sociedad toda en un proyecto justo, amplio y consensado en donde la voluntad y el interés y los objetivos de todos se vea reflejado, de modo que tampoco tiene autoridad moral para apelar al “interés nacional” como el elemento a defender con las decisiones que toma y propone.

Lo que a mí me parece realmente importante es que la solución que se dé al problema no debe lastimar más, la economía y la dignidad de los mexicanos.