SALARIOS, EMPLEO Y POLÍTICA SOCIAL

SALARIOS, EMPLEO Y POLÍTICA SOCIAL

Hilario Barcelata Chávez

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PROYECTO ECONÓMICO Y CORPORATIVISMO SINDICAL

1988

Durante muchos años la CTM ha sido en nuestro país un factor de estabilidad social y política indispensable. Sobre todo si pensamos en el impacto negativo tan profundo que sobre la clase trabajadora ha tenido la política económica de los diferentes gobiernos durante los últimos cuarenta años. Mucha de esta responsabilidad ha recaído sobre Fidel Velázquez, a través de quien los distintos gobiernos han podido controlar y someter a los trabajadores del país.

Efectivamente, el Estado ha contado desde los años cuarentas con un efectivo instrumento de manejo y control de las masas trabajadoras. De manera tal que ha podido evitar el desbordamiento social ante la aplicación de medidas contrarias a sus intereses. Pero también ha logrado que los trabajadores mismos apoyen y hasta hagan suyas las propuestas y acciones gubernamentales.

Gracias a esta manipulación y control fue posible aplicar sin reservas, sin oposición y con el apoyo del sector laboral el Plan de Choque contenido en el Pacto de Solidaridad Económica primero, y en el Pacto para la Estabilidad y el Crecimiento después. La “solidaridad” mostrada por los trabajadores. El sacrificio aceptado “voluntariamente” como forma de participar en la estabilización de la economía no fue tal en realidad. Hubo, desde luego, mecanismos que se pusieron en funcionamiento para esa “adhesión espontánea” encabezada por Fidel Velázquez. De otra forma no se puede explicar que los trabajadores acepten y apoyen un programa de gobierno que ha afectado profundamente sus niveles de ingreso, consumo y empleo.

El control y manipulación a través de corporativismo sindical ha permitido, también, al actual gobierno aplicar su política-modernizadora. Política opuesta totalmente a las posiciones que defienden los trabajadores.

Desde luego que existe inconformidad, pero ésta no se desborda, permanece férreamente contenida mediante el control que ejerce el Estado sobre las centrales obreras.

Esta situación es posible gracias a la aplicación sistemática de dos elementos bien definidos. Por un lado mediante un manejo ideológico. En tanto las centrales obreras son miembros del PRI y éste es el heredero de las reivindicaciones revolucionarias y por tanto defensor de la clase trabajadora, se supone que todo lo que este partido haga o deje de hacer es en beneficio de los trabajadores. A esto hay que agregar que el gobierno se encuentra en manos de dicho partido. Por tanto lo que haga o deje de hacer el gobierno no puede ser perjudicial para los trabajadores. Es más, por ello mismo, estos deben apoyar los esfuerzos gubernamentales encaminados a poner en orden la economía nacional.

El otro elemento consiste en el manejo de un sistema de privilegios y prebendas que el Estado otorga a las centrales obreras y a sus líderes por su incondicionalidad. Sistema que incluye desde la descarada corrupción hasta el sutil encanto del reparto de diputaciones y otros puestos de elección popular.

De los líderes hacia las bases existe también un control que asegura el funcionamiento del esquema. Control basado en la represión de las disidencias, la amenaza de exclusión y la promesa, pocas veces cumplida, de mejoras personales.

El sindicalismo se mueve, así, en un marco de antidemocracia, corrupción e intimidaciones plegado totalmente a las disposiciones gubernamentales. Por ello la contención salarial ha podido ser aplicada sin alborotos sociales como ha sucedido en otros países latinoamericanos. Por ello la política modernizadora no ha encontrado obstáculo a pesar del descontento que provoca. El corporativismo sindicalista otorga al gobierno una discrecionalidad en la aplicación de la política económica.

De modo tal que los intereses de los trabajadores no están representados en ninguna parte. Y que, por lo tanto, su voz no escuchada ni pueden influir en las decisiones de gobierno aunque se estén aplicando medidas lesivas a dichos intereses.

Se supone que en un marco de modernización económica, de Reforma del Estado, y del Partido Oficial debería esperarse una modernización de esas formas arcaicas de representatividad sindical que implican un alto grado de antidemocracia. Lo paradójico es, sin embargo, que nuestro moderno Estado requiere de manera indispensable para la Modernización económica, de la presencia de dichos esquemas arcaicos de control y manipulación. De otra forma no podría imponer ni llevar a cabo su proyecto, esto porque una mayor libertado política expondría a dicho proyecto a la crítica y a la oposición total de los trabajadores.

La democratización propia de una sociedad moderna tendrá que esperar hasta la modernidad económica se imponga. Y a lo mejor tendrá que esperar para siempre.