ANUARIO DE ENSAYOS DE SUCESOS POLÍTICO-ECONÓMICOS EN MÉXICO Y SU REGIÓN CENTRO

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Ángel Enrique Carrillo Picón y otros

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ENSAYO XII. La Santa Inquisición de Calderón

El viernes 9 del presente, el gobierno de Felipe Calderón envió al Congreso dos iniciativas que facultan a la PGR a realizar detenciones, allanamientos de morada, cateos, intervenciones telefónicas y hasta arraigos sin la autorización previa de un juez para perseguir la presunta comisión de delitos relacionados con el crimen organizado.

Buscan que la policía federal allane domicilios, y que el Ministerio Público Federal (MPF) intervenga “comunicaciones de forma inmediata”, y que hasta después de que se realicen estas acciones, un juez “de manera oficiosa revise la legalidad de las intervenciones y los cateos”.

La iniciativa de Calderón, considera el establecimiento de juicios breves, en los que se dicte auto de formal prisión, y se cite “inmediatamente a sentencia” cuando un presunto delincuente confiese su responsabilidad de manera libre y ante una autoridad judicial que garantice el respeto pleno de los derechos, ¿será posible sin el “tehuacanazo”?

Investigadores y especialistas en derecho constitucional advirtieron que de aprobarse las iniciativas de Felipe Calderón, desaparecería el estado de derecho. “Cualquier ciudadano podría ser acusado de algún delito, sin mayor prueba, al prevalecer la indefensión”; aseguran que estas propuestas obedecen a presiones de Estados Unidos. ¿Volveremos a la Santa Inquisición?, donde no se requerían pruebas para acusar a las personas de brujería.

Afirman que las iniciativas de reforma son “una aberración jurídica”, porque iría contra de las garantías individuales al imponer la practicidad legal que aplican Estados Unidos y Colombia, el cual en los hechos ha demostrado su ineficiencia.

El constitucionalista Raúl Carrancá afirma que las propuestas son un “gravísimo error de forma y fondo”, que otorgarían al Estado “un poder inaudito”, que utilizaría para combatir la delincuencia, pero también para otras cosas, como para arrestar a enemigos políticos o personas que estorbaran los proyectos panistas neoliberales, y “eso está demostradísimo, aunque pregonen y griten que no”. Porque la PGR no es autónoma, sino que depende del Ejecutivo federal.

¿Qué garantiza? que no se utilice la dependencia con fines de persecución política, como en el caso del desafuero a López Obrador. Se tendrá que valorar el riesgo de regresar a décadas pasadas, cuando se espiaban las conversaciones de los opositores o adversarios políticos, para atemorizarlos o presionarlos.

El doctor en derecho Clemente Valdés considera que se trata de “una peligrosa reforma, al tener medidas que ponen en riesgo garantías fundamentales, y podrían cometer atrocidades”.

Elisur Arteaga Nava, constitucionalista e investigador de la UAM, afirma que la iniciativa es “inconstitucional”, significaría que, “con el pretexto del combate al narcotráfico, se acabaría con el estado de derecho y el respeto a la ley, pues con esas atribuciones se violan las garantías fundamentales, sino que estaríamos en peligro de ser acusados de cualquier delito”, dijo.

Agustín Pérez Carrillo, profesor-investigador de la UAM y especialista en derechos humanos y delitos políticos, señala que ante la “falta de legitimidad” del gobierno calderonista, es evidente que “de lo único que pueden agarrarse es de la fuerza pública y de la restricción de derechos para intentar legitimarse ante la sociedad, con una administración que en apariencia ejerce la mano dura, pero que en los hechos sólo es simulación”, si no, pregúntenle a los hijos de Martha Sahagún.

Legisladores y dirigentes de PRD, PRI y PT advirtieron que analizarán con detenimiento las reformas de Felipe Calderón, ya que están conscientes de la urgencia de mejorar el marco jurídico para el combate a la delincuencia organizada, pero no pueden avalar que se vulneren los derechos humanos con el espionaje telefónico, los cateos y allanamientos sin orden judicial.

Las reformas se pueden convertir en el instrumento ideal para reprimir a la usanza nazi, como hizo la Gestapo en el pasado.

Si se aprueba esa iniciativa estaríamos en estado de indefensión los ciudadanos, sería violatoria de los derechos humanos, porque afecta a la población de forma directa, y se deja intacta la corrupción de las instituciones, que es lo que en el fondo obstruye la aplicación de la justicia.

Con las medidas anunciadas queda claro que a 100 días de gobierno, Calderón aún busca legitimación política y social, por ser producto del fraude electoral.

En cuanto a la policía, el proyecto panista plantea que la corporación federal “pueda recibir denuncias, y actuar, sin la camisa de fuerza que significa la subordinación al Ministerio Público, sino solo con su manejo jurídico para construir los elementos probatorios que permitan llevar los asuntos ante los tribunales”. Imagine usted a los actuales policías, actuando sin ningún control, si de por si.

Hay que dar todo el apoyo jurídico para el combate al crimen organizado, sobre todo al narcotráfico, pero sin vulnerar los derechos humanos. No queremos que se llegue a un Estado policiaco.

Se debe combatir la delincuencia, pero se debe empezar por el mismo gobierno, pues sus funcionarios son los que están asociados a las bandas criminales y los que les dan protección en muchos municipios del país.

La mejor manera para el combate a la delincuencia es haciendo más eficiente a las policías en su trabajo de investigación, limpiándolas de corrupción y sentando las bases para que la sociedad cada vez sea menos desigual. El desempleo y la pobreza propician la inseguridad.