ANUARIO DE ENSAYOS DE SUCESOS POLÍTICO-ECONÓMICOS EN MÉXICO Y SU REGIÓN CENTRO

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Ángel Enrique Carrillo Picón y otros

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ENSAYO VII. Autopistas (gato con los pies de trapo)

Felipe Calderón Hinojosa, dio a conocer el 1 de marzo, un plan para devolver a manos privadas las carreteras que fueron concesionadas en tiempos del salinato (1997), llevadas a la bancarrota por la iniciativa privada y posteriormente, en tiempos de Zedillo y de Fox, rescatadas y saneadas con dinero público.

Anunció que el gobierno federal concesionará las carreteras que, agrego: “los particulares hicieron hace tiempo, que quebraron con la crisis económica de los años 90 y que el gobierno invirtió y finalmente las saneó”.

Con esta frase, Calderón trajo a la memoria el desastre que implicó las concesiones carreteras aplicado en el sexenio de Salinas.

Los empresarios quebrados, para explicar su fracaso, dijeron ser contratistas y no financieros. Caminos y puentes de peaje vuelve a la mesa de remates: dinero de un solo golpe, dijo Felipe Calderón. Este era un gato con los pies de trapo y los ojos al revés, ¿quieres que te lo cuente otra vez?

En los sexenios salinista y zedillista fueron cedidas a inversionistas privados la mayor parte de las empresas públicas del país, bancos, televisoras, líneas aéreas, fundidoras, telecomunicaciones, ingenios, carreteras, los despojos del sistema ferroviario, y si Pemex y la Comisión Federal de Electricidad no corrieron la misma suerte, fue porque la sociedad manifestó, su rotundo rechazo a un disparate semejante.

En la mayoría, los bienes nacionales fueron vendidos a precio de ganga, en procesos turbios y casi siempre a empresarios amigos del gobierno, recuerde TV Azteca, Telmex.

El desmantelamiento del sector público, se decía, elevaría la eficiencia, impulsaría bajas de precios al consumidor, y acabaría con la corrupción. Pero ocurrió lo contrario, veamos…

Los bancos, puestos en manos de individuos ambiciosos, que se concedieron a sí mismos créditos incobrables, provocó que, la catástrofe financiera de 1994-1995 quebrara los bancos y el Ejecutivo federal, impuso un “rescate” (el “Robaproa”) que significó, el pago de deudas privadas con dinero público y el peor saqueo de cuantos ha padecido el país en toda su historia, deuda que seguimos pagando y que evita que se produzca infraestructura para generar empleos y crecimiento económico.

Fobaproa significa, para los mexicanos, fraude hecho con dinero público, por banqueros, empresarios y políticos. La historia de saqueo es repetitiva: inversionistas privados “arriesgan” su capital en negocios que quiebran y, para no “dañar” al sistema bancario, el gobierno entra al rescate, permitiendo a la clase delincuencial de cuello blanco que acomode sus cuentas infladas, y que irresponsabilidades, transas, lujos y privilegios extremos sean pagados con dinero público que ya no irá a salud, educación o seguridad social, sino al pago a esos pobrecitos supermillonarios. Y luego, si el negocio ya es nuevamente próspero, gracias a la inyección de recursos públicos, entonces puede ser devuelto a sus originales ladrones o a los que de moda estén o por cuentas electorales que tengan por cobrar.

Pues esos empresarios, contribuyen a campañas electorales de esos gobiernos “amigos” y, a las cuentas bancarias secretas o a las empresas discretas de esos hombres de poder o sus familias, pero luego pasan la factura pidiendo “concesiones”.

Con esa determinación Calderón está pagando favores a quienes lo ayudaron a financiar su campaña.

La reprivatización de las carreteras propició en la Cámara de Diputados una dura discusión.

Priístas y perredistas solicitarán la comparecencia del titular de la SCT, Luis Téllez Kuenzler, para que explique la determinación anunciada por Felipe Calderón.

En tanto, el Sindicato Nacional de Trabajadores de Caminos y Puentes Federales señaló que el proyecto gubernamental no solucionará el problema en la red carretera porque la iniciativa privada sólo busca la rentabilidad; es decir, no es prioridad de los particulares ofrecer a la sociedad un servicio de calidad. Agregó que, el “rescate” costó al país 60 millones de pesos y actualmente, afirma el sindicato, “sigue costando al pueblo cerca de 170 mil millones de pesos”.

En opinión del sindicato, las carreteras de cuota que se encuentran en “criminal estado físico son las que fueron inconstitucionalmente arrebatadas” al organismo paraestatal para entregarlas “en dudosas concesiones al organismo fantasma, Fideicomiso de Apoyo para el Rescate de Autopistas Concesionadas”. Si usted lo duda, recuerde como se encuentra la Autopista San Juan-Guadalajara, que es carísima, cambiaron el asfalto por uno más corriente, es más liso y más oscuro, con “cunas” que encharcan el agua, y que cuando está en reparación, lo hacen perder más de media hora, pero cobran lo mismo, y cuidado que les reclame porque hasta se molestan.

Con el plan del gobierno federal se corre el riesgo de cometer el mismo error de los años noventa de privatizar ganancias y socializar pérdidas.

En la Cámara de Diputados, Horacio Duarte, secretario de la Comisión de Comunicaciones, aseveró que las autopistas no deben regresarse a los inversionistas privados, porque hasta ahora el esquema de operación vigente ha dado resultados, y sería mejor “que Capufe continúe administrando nuestras carreteras”.

Sería una burla más al pueblo de México; porque esas carreteras se han construido con recursos del erario, provenientes del pueblo, y ahora, una vez que se ha saneado su operación, Calderón se las regresará a los voraces empresarios que lo apoyaron en su campaña y ahora le reclaman el pago de la factura por ese respaldo.