M?XICO ANTE EL TLC

COMPETITIVIDAD LABORAL

En el Panorama Laboral del año 2006, reportamos una leve mejoría en la situación laboral de Estados Unidos. Anteriormente se vislumbraron los efectos negativos de la Guerra en Irak

La informalización en el caso de Estados Unidos ha estado acompañada por un proceso de precarización, derivado del uso creciente de contratos temporales introducidos por las reformas laborales como instrumento de flexibilización y por la expansión de trabajadores sin contratos .

En Estados Unidos, hacia el año 2005, alrededor del 18 % de los asalariados estaba en esas condiciones. En la región de Asía, particularmente en Corea, el 15 % y en México no se cuenta con cifras exactas, pero estimaciones realizadas por el Centro Interdisciplinario de Seguridad Social determina que un 20 %.

Las microempresas recurren habitualmente a trabajadores sin contrato o con contratos temporales, los que en promedio incluyen a cerca del 55% del total. En estos establecimientos, informalidad y precariedad se convierten en sinónimos. Sin embargo, las empresas de mayor tamaño también han recurrido a incorporar trabajadores sin contrato o con contrato temporal en proporciones crecientes. Este proceso de ajuste recayó fundamentalmente sobre las empresas de mayor tamaño y sobre la industria manufacturera, agrícola y de la construcción.

El aumento en la competitividad de México con respecto a Estados Unidos y Corea es claramente inferior.

Para el año 2006 se espera que la tasa de desempleo promedio en la región continúe creciendo hasta el 9.5%, con lo cual su nivel superaría al punto máximo alcanzado en la década del ajuste ante la crisis de la deuda externa. También se espera un aumento del desempleo y de la informalidad.

Se señala que el empleo constituye el problema número uno que deben enfrentar tanto Estados Unidos, Corea y México.

Ante este cuadro laboral, resultado de la mezcla del deterioro coyuntural y factores de largo plazo, las demandas por respuestas a los problemas se tornan crecientes. La pasividad y la esperanza de que la crisis irá disminuyendo paulatinamente por sí sola y permitirá recuperar la normalidad, no parece constituir una opción ni viable ni recomendable. La demanda es por acción y la crisis constituye una oportunidad para ello.

La coincidencia de apreciaciones en torno a la importancia de enfrentar el problema de empleo, refleja no sólo la preocupación por el desempleo sino también por la inseguridad que experimentan aquellos que tienen ocupaciones desprovistas de protección o ingresos insuficientes para enfrentar carencias en el futuro.

Los desempleados experimentan una mayor incertidumbre derivada de la ampliación de los plazos de espera para encontrar una nueva ocupación, de la falta de protección y del hecho de que, particularmente en las familias pobres, la desocupación afecta también a más de un integrante en capacidad de trabajar.

Los informales están sujetos a ingresos fluctuantes y a la desprotección, y los ocupados bajo contratos temporales o sin contrato enfrentan la incertidumbre de quedar cesantes una vez vencido el plazo para el que fueron contratados. Aún aquellos que cuentan con contratos por tiempo indeterminado en empresas de mayor tamaño, comparten la inquietud de los otros ocupados ante la ampliación de las posibilidades de despido introducida por las reformas de la legislación laboral y por la necesidad de las empresas de reducir el nivel de empleo para ajustarse a las nuevas condiciones. Todo ello conspira contra la confianza y el esfuerzo que se requiere para construir el futuro.

Por ello, la situación actual debe ser aprovechada para restituir niveles de confianza, lo que sugerimos se puede lograr transitando en una doble dirección.

La primera es evitar la destrucción de empleo, particularmente cuando ella obedece a fenómenos de desajuste temporal. Al respecto, hay tres aspectos a considerar.

El primero es la adecuación de la política macroeconómica, pues la mezcla de instrumentos que en definitiva lleva a optar entre alzas en la tasa de interés, disminución del gasto público o ajustes cambiarios, tiene efectos diferenciados sobre el empleo y la inflación según los países. Pero, además, la mayor competencia con productos importados puede requerir medidas excepcionales, contempladas en los acuerdos internacionales vigentes, que posterguen al menos temporalmente las mayores dificultades; así como activar programas de apoyo a sectores más afectados o a aquellos más intensivos en uso de mano de obra con efectos de corto plazo.

El segundo aspecto se refiere a la necesidad de aliviar las restricciones financieras derivadas tanto de la escasez de financiamiento externo como del encarecimiento de los costos del mismo internamente. Asegurar la liquidez constituye un requisito para permitir a las empresas mantener sus niveles de ocupación.

La segunda dirección es enfrentar la situación de mayor desempleo e informalidad, la que en definitiva redunda en una creciente desprotección e inseguridad. Ello ha puesto en evidencia la carencia de instrumentos adecuados para enfrentar estas situaciones, que siempre han existido, pero que en la coyuntura se han visto magnificadas. Cuatro vías pueden ser exploradas.

La primera es la introducción de algún mecanismo de protección al desempleado. Ello puede hacerse mediante la constitución de fondos de compensación por tiempo de servicio, como de hecho existe en un creciente número de países, o constituyendo un ingreso mínimo que evite el desamparo .

La segunda es la extensión de la cobertura de la seguridad social, particularmente en salud, no sólo a desempleados sino particularmente a aquellos que desarrollan actividades informales. Ello requiere adaptar los sistemas vigentes para facilitar el acceso de los trabajadores no subordinados y crear otras formas de protección que respondan a las realidades y posibilidades de los mismos.

La tercera se refiere a la necesidad de reintroducir ciertos grados de estabilidad contractual que se han perdido como resultado de la opción, en algunos casos exagerada, por contratos temporales. Si bien es necesario contar con formas flexibles en algunas actividades, la inestabilidad ocupacional afecta no sólo a los trabajadores, sino también a la eficiencia económica al disminuir los incentivos de empresarios y trabajadores por invertir en el desarrollo humano, fuente imprescindible para lograr aumentos de productividad.

Por último, la cuarta vía se refiere a la necesidad de replantear la capacidad de fiscalización en materias laborales, la que a su debilidad institucional histórica ha agregado su pérdida de orientación en un marco de flexibilización creciente.

La tercera y última vertiente que sugerimos abordar es aprovechar la coyuntura adversa para afirmar los principios democráticos, los que en el campo laboral se traducen en el respeto a los derechos básicos de los trabajadores, en la promoción de las organizaciones, en el diálogo social y en la ampliación de la capacidad para hacer oír la voz de los no representados. Ello contribuye a desarrollar las instituciones necesarias para enfrentar el problema del empleo y la inseguridad; además, puede aportar nuevos espacios en el manejo económico derivados de los menores costos que implican las soluciones compartidas en relación con las impuestas. En definitiva, este proceso puede contribuir a enfrentar la crisis pero, fundamentalmente, a generar las instituciones adecuadas para un desarrollo futuro compartido .

Para que una organización transite hacia una mayor productividad, necesita integrar a todos los elementos que en su quehacer cotidiano, hacen posible la premisa del "ser mejor" y como consecuencia el "hacer mejor", con ello, vislumbrará un futuro digno que la coloque en una posición competitiva.

Dicha posición debe incluir: mejor servicio, calidad y menores costos, para lograr una producción eficiente y supervivencia en su entorno al ser capaz de adaptarse a él .

Complementando a lo anterior cabe mencionar un reporte especial de al revista Expansión que dice: "… subirse al tren de la productividad significa actualmente desdeñar la coerción administrativa y revalorizar la creatividad y el ingenio: los mitos del conductismo desaparecen ya del entorno laboral, en suma: la clave de la productividad la da hoy en día el humanismo".

Para lograr lo anterior, se han planteado infinidad de maneras de actuar propuestas por diferentes corrientes administrativas, técnicas y humanísticas en diversas épocas y circunstancias, las más de las veces enfatizando el papel de la capacitación y el adiestramiento.

En los inicios de la última década de este siglo, se han desarrollado conceptos que inciden en la capacitación y el mercado laboral, a los que se les ha denominado formación o educación basada en competencias.

El planteamiento de este apartado, dentro del conjunto del trabajo, cuenta con una dificultad añadida, ya que el concepto competitividad nos lleva a varias acepciones. Por una parte entender la competitividad en un marco de mercado interno y la lucha por el control del mismo de las empresas, lo que nos lleva a un análisis de la política de los gobiernos; por otra parte la competitividad empresarial frente al mercado interno y externo y una tercera la competitividad laboral, que si bien está implicada en la anterior, tiene sus propias características y valoraciones. El estudio comparativo tenderá a analizar los diferentes planteamientos y las diferentes concepciones de la competitividad.

Todas las Constituciones nacidas de la revolución liberal, son constituciones burguesas en las que la propiedad privada es la base sobre la que se sustenta toda la economía del país. En las Leyes fundamentales mexicanas se ha venido repitiendo la defensa de la propiedad desde la Constitución de Apatzingán de 1814 (artículo 34).

Bien es cierto que a través de los casi doscientos años pasados, los conceptos políticos han evolucionado y la propiedad ha sido cuestionada y, lo más importante, relativizada por doctrinas de tipo socialista- dejando de lado las puramente comunistas que simplemente la han abolido- que la han atacado, si no directamente por lo menos de manera indirecta por medio de una política impositiva que la erosionasen.

La tendencia de las economías en las que el Estado interviene en la implementación de su desarrollo, o sea en las economías más o menos dirigidas y controladas, tanto la propiedad como la propia economía, están en una suerte de proteccionismo moderno. El Estado se arroga la planificación de la economía desde una perspectiva global. No quiere decir ello, por descontado, que no tenga en cuenta las opiniones o necesidades de los agentes sociales implicados, pero las decisiones últimas son tanto de carácter económico como político.

La economía es planeada en función de objetivos diferentes que los propios económicos, aunque puedan ser, por descontados, de valores más importantes:

Artículo 26 de la Constitución Política Mexicana.- El Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la Nación.

La declaración de intenciones del artículo 26 de la Constitución mexicana de 1917, deja muy claro cuál es la función de la economía en el entramado nacional y cuál es la visión que de la misma tienen los legisladores. El artículo 25 también tiene una redacción concordante con el concepto de economía sino dirigida completamente si controlada y promovida.

Y aún es más definitorio la redacción del primer párrafo del artículo 27 en la que adjudica la propiedad de la tierra mexicana en la Nación, bien es cierto que dice “originariamente” pero se irroga el derecho de “transmisión” del dominio. Por otra parte se queda con la titularidad de la mayor parte de los recursos públicos en materias estratégicas y primas.

En conjunto plantea un sistema de economía mixta de carácter humanista y que, en teoría, se trataría de una democracia participativa con un Estado convertido en ente coordinador entre los diversos agentes sociales, que tendería más a una organización y concreción de tendencias que a una dirección efectiva de la misma.

En este contexto la intervención del Estado en la economía del país estaría centrada en evitar, en lo posible, los conflictos no sólo sociales y laborales, que también, sino los propios de un planeamiento de mercado que, si bien en las teorías clásicas, recordemos a Keynes, funciona y se establecen reglas naturales por el mismo mercado, el problema aparece con la debilidad consustancial a una de las partes del sistema: el trabajador.

La economía mixta trata de evitar, por medio del control del Estado, una excesiva acumulación de riqueza, prácticas monopolísticas y, especialmente, que se respeten los máximos derechos posibles de los trabajadores, que siempre serán unos mínimos necesarios para la normal y deseable convivencia en un entorno nacional.

La implementación de la economía mixta en el ordenamiento jurídico mexicano está claramente establecida en el articulado de la Constitución, en la producción legal y en las reformas constitucionales acaecidas desde 1917.

El artículo 25 deja muy clara la idea de economía mixta que preside la intención del legislador:

“Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución.

El Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica nacional, y llevará al cabo la regulación y fomento de las actividades que demande el interés general en el marco de libertades que otorga esta Constitución”.

Al desarrollo económico nacional concurrirán, con responsabilidad social, el sector público, el sector social y el sector privado, sin menoscabo de otras formas de actividad económica que contribuyan al desarrollo de la Nación.”

En este contexto, la economía mexicana es una economía en parte dirigida y en parte bajo la influencia de las condiciones del mercado, en teoría. Porque la implementación práctica de una economía mixta no es fácil ni posible en todos los casos. Las leyes de mercado, la necesidad del capital de obtener beneficios, condiciona muchas de las disposiciones y más aún de la idoneidad de las mismas. Y, por otra parte, un excesivo proteccionismo de las fuerzas de trabajo, pueden incidir en la competitividad laboral.

El problema de una economía mixta esta en el juego, en el equilibrio, entre los derechos de los trabajadores, que deben ser protegidos en primer lugar, y los condicionamientos básicos de una economía de mercado en la que es necesario competir.

México podría mantener una economía mixta con una competitividad laboral baja en un contexto nacional, o en un marco económico que signifique un bajo nivel de vida lo cual sustituye los efectos de una alta competitividad.

Es muy posible que bajo un punto de vista ético, la solución humanista de una economía mixta que controle un capitalismo desnaturalizado presto sólo a obtener beneficios y explotar al obrero, sea una de las mejores soluciones para un país, como México, con profundas diferencias sociales y económicas.

La necesidad de una redistribución de la renta y una mayor implicación de los trabajadores en la empresa, tanto como participes en los beneficios, como en las decisiones y la implicación en la rentabilidad de la misma, a través de la competitividad, es un objetivo de la economía mixta. De momento no es un logro.

La competitividad tanto empresarial como laboral, es baja en México. Probablemente, no sea una consecuencia directa de la economía mixta, es posible que derive de una cultura determinada, pero no podrá ni la economía mixta, ni simplemente la economía mexicana establecer unos paradigmas que beneficien al trabajador, y también a la empresa, si las dos competitividades, que están intrínsecamente relacionadas, no superen los bajos índices actuales.

Estados Unidos, por otro lado, parte de dos planteamientos en materia político económica que condicionan todo el proceso de relaciones empresariales, laborales y de las dos con los órganos legislativos, ejecutivos y judiciales: la libertad cuasi absoluta de mercado, dentro de la más pura línea de Adam Smith y la menor interferencia de los órganos estatales en la vida privada y, consecuentemente, en las leyes que regulan el mercado.

Respecto a la competitividad laboral, como instrumento de mejora de las condiciones económicas generales de la empresa y de la nación, y especialmente, de las condiciones laborales de los trabajadores, el caso de Corea sea el más paradigmático y definitorio de un proceso económico, que los de México y EE.UU.

Si bien es cierto que la competitividad en sí misma no es un bien ya que por lo general no se trata de una competitividad tecnológica sino que acostumbra a estar basada en salarios bajos, también es cierto que en ciertas ocasiones se conjugan los dos elementos: alta tecnología y salarios bajos.

La primera permite competir a la empresa con un valor agregado sobre el producto, que en términos económicos se transforma en un sobreprecio que están dispuestos a pagar los consumidores- especialmente de otros países- por un producto de calidad que, encima, y por el segundo factor sigue siendo muy competitivo con productos de otra procedencia. Para la nación productora es un negocio altamente rentable. Para la empresa una fuente de beneficios. El problema es que para el trabajador sólo supone un puesto de trabajo que, con ser mucho, no deja de estar dentro de los límites negativos de la explotación.

A partir de la década de los ochenta, tras un convulso periodo de huelgas y conflictos laborales extremos, Corea transformó sus relaciones y condiciones laborales para una gran parte de la masa de trabajadores. Hubo un reajuste de salarios y condiciones de trabajo. La productividad no compensó los costes sociales laborales de los sucesivos convenios colectivos y la economía del país tuvo que pedir ayuda al FMI.

No se puede cargar toda la culpa de los problemas económicos con que se enfrentó Corea en la década de los noventa del pasado siglo sólo al aumento de salarios y las mejores condiciones laborares, desde luego, pero la perdida de competitividad frente a otros conglomerados industriales, afectó a las empresas y al país de manera directa.

Es evidente que el problema de Corea, en el aspecto laboral y dejando de lado los condicionantes legislativos y judiciales, es la proliferación de sindicatos. En el año 1999, en un periodo de siete meses- de junio a diciembre- se paso de 2,725 sindicatos a 7,883 a los cuales estaban afiliados 1,9 millones de obreros. Hay que tener en cuenta que este periodo está enmarcado dentro del de más conflictividad laboral.

Lo que ocurrió en esta época fue simplemente una explosión social a consecuencia de las condiciones laborales, la mayor concienciación de los trabajadores que descubrieron su propio poder y una politización de la vida laboral. Todo ello, naturalmente, en medio de una crisis económica. No se llegó a un proceso revolucionario, pero se estuvo cerca. Un gobierno muy fuerte, dispuesto a emplear todas las fuerzas coercitivas que tenía a su disposición, evitó una ruptura social. Lo que no logró detener fue la ruptura laboral.

La intervención del FMI, y la solicitud de Corea de integrarse en organizaciones Laborales (OIT) y sociales internacionales (OECD), obliga a un reajuste de las leyes laborales y la situación de los trabajadores, especialmente sobre el empleo, su seguridad y las condiciones de despido. Pero en cualquier caso no fueron bien recibidas por sindicatos y trabajadores.

El arma que los trabajadores tenían a su disposición, la huelga más o menos violenta, fue usada con profusión y, como consecuencia, la competitividad de la industria decayó. La situación económica crítica no mejoró en los años finales del Siglo XX, y la solución planteada- inversiones extranjeras- no podía implementarse en un clima de conflicto laboral.

Esta situación abocó en despidos masivos y pocas posibilidades de reabsorción en otros sectores. El gobierno ha apostado por la flexibilidad laboral, en contra de la opinión de los sindicatos que desean puestos de trabajos sólidos y más en un país donde los empleos eran de por vida.

El problema se planteó con tanta crudeza que todos los agentes sociales tuvieron que ceder en sus planteamientos y parece ser que la crisis sino está solucionada por lo menos ha entrado en vías de resolverse.

En cualquier caso está claro que la competitividad basada en los bajos salarios ya es historia; quizás la basada en la Investigación y el Desarrollo pueda suplirla en un futuro.

Los fundamentos sociales con que estructuran sus bases los tres sistemas laborales que se han estudiados, son diferentes. Y lo son porque la evolución de la sociedad en los tres países ha sido, y aún es, diferente. Todo el entramado de un país depende de sus estructuras sociales que condicionan todas las demás: productivas, políticas, ambientales y laborales.

La elección política mexicana está clara, tanto la sociedad como el gobierno ha elegido al trabajador. La economía mixta de mercado es un claro exponente de este hecho. Otra cosa es la implementación en la práctica. La legislación puede ser buena, y en parte lo es, pero su aplicación no.

Los salarios son bajos, pero también lo es la productividad. El futuro pasa necesariamente por un aumento de los salarios, pero también de la productividad. Es evidente que no puede lograrse sólo con un mayor esfuerzo de los trabajadores, sino precisa una mayor competitividad en sectores tecnológicos y en la investigación. Pero en cualquier caso, la competitividad es importante para México, seguramente en el futuro muy importante, pero no es la esencia de su planteamiento.

Respecto al caso de Corea, la competitividad ha estado basada a partir de 1945 en los salarios muy bajos, que reflejaban costos de producción competitivos. Ahora las condiciones han cambiado y la situación del país está en un proceso de readaptación y reestructuración.

Cierto es que la industria coreana está bastante tecnificada y la producción que exporta es del sector tecnológico, pero su posicionamiento es por precio no tanto por calidad. Para Corea la competitividad es esencial en su industria, es su razón de ser.

La industria estadounidense se proyecta hacia una mejora casi vegetativa de sus estructuras. Los cambios son de tipo especializado y de tecnología punta. México está por desarrollar una industria competitiva en el marco de sus recursos, en un mercado potencial importante- interno y externo-, que le permite una planificación por lo menos a medio plazo. Para Corea una readaptación a corto plazo, tendente o bien a reconvertir toda su industria o a recuperar la competitividad, es esencial para la propia supervivencia de la nación en un marco de economía global.