LAS FINANZAS PÚBLICAS EN MÉXICO. 1988-2006

LAS FINANZAS PÚBLICAS EN MÉXICO. 1988-2006

Hilario Barcelata Chávez

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TERRORISMO FISCAL Y CRISIS DE GOBERNABILIDAD

30 de octubre de 1996

La campaña de Terrorismo Fiscal que ha emprendido el gobierno de la República contra los contribuyentes de el país evidencia la profundización de la crisis fiscal del Estado mexicano, al tiempo que pone de manifiesto una incapacidad para gobernar mediante negociaciones, pactos y consensos. Esto significa que la fuerza con la que pretende imponerse el gobierno, no es, sino la manifestación de la profunda debilidad a la que ha llegado, producto del ejercicio autoritario del poder y de la implementación de un proyecto antipopular y antinacionalista.

Hasta el momento el gobierno ha sido incapaz de resolver la crisis fiscal del Estado. A pesar de haberse puesto como objetivo central de política económica cuidar el equilibrio de las finanzas públicas, y de haberlo logrado, ello no ha resuelto la mencionada crisis. Por el contrario, las decisiones gubernamentales han tendido a agudizarla. Dos de ellas en particular.

1.- La venta de las empresas públicas que incidían sobre el ritmo de crecimiento de la economía y el recorte presupuestal que impacta el empleo y la demanda del sector gobierno, a la vez que incide sobre los productores que recibían estímulos o subsidios. 2.- La apertura comercial y la política de contracción salarial que han aniquilado la planta productiva nacional y por ende el empleo privado, por un lado por la competencia con el exterior y por otro por la profunda reducción del mercado interno.

Las dos decisiones confluyen en dos efectos: El primero la reducción de los ingresos obtenidos por la vía fiscal. Ello debido a: la reducción del número de contribuyentes obligados a pagar impuestos por la desaparición de empresas y la contracción del empleo; la reducción de la capacidad económica de los contribuyentes que siguen en activo; y la reducción del consumo que contribuye de manera importante en la recaudación de impuestos.

El segundo efecto se refiere al hecho de que las decisiones gubernamentales al incidir en el empobrecimiento de las familias y las empresas del país han incrementado las necesidades colectivas o dicho de otra manera, han reducido la capacidad de la población para satisfacer sus necesidades.

De éste modo se tiene que el gobierno actual ha propiciado una considerable reducción, no sólo de los ingresos públicos, sino, lo que es peor, de las fuentes de donde provienen esos ingresos. Al mismo tiempo ha provocado el incremento de las necesidades colectivas que se supone son materia de atención del gasto público. Así tenemos que mientras los ingresos se reducen, las necesidades se incrementan. Con lo que al equilibrio presupuestal le corresponde un profundo déficit social que es insoslayable.

El terrorismo fiscal consiste en incrementar los ingresos públicos por impuestos por la vía de la coacción, la atemorización, la amenaza. Y cuando un gobierno se ve obligado a recurrir a la intimidación de la población para la recaudación de impuestos, es porque ha perdido capacidad de gobernar. Ha perdido capacidad de establecer consensos con la población. En una palabra, ha perdido legitimidad y se muestra incapaz de convencer a la población de la necesidad de contribuir solidariamente con sus impuestos. Ello es producto, desde luego, de los fenómenos económicos que ya se mencionaron arriba. Pero, también, es producto del convencimiento de la sociedad de que en el gobierno no hay preocupaciones de índole social y de que el uso y la determinación del destino de los recursos generados por el pago de impuestos median mecanismos de corrupción y que, además, son utilizados no para el beneficio de la sociedad en su conjunto, sino para favorecer la economía de quienes mas riqueza tienen en el país.

El terrorismo fiscal evidencia una falta de sensibilidad política y un desconocimiento total sobre la situación actual del país a nivel microeconómico. Quien no produce, simple y sencillamente no puede pagar. Mucho menos lo hará, si no encuentra retribución en lo que paga, en términos de mejoramiento del bienestar colectivo.

El Estado está usando la fuerza y la intimidación porque no logra convencer a la sociedad, porque la sociedad no se ve representada en el gobierno. Porque dadas así las cosas prefiere que se le arrebate por la fuerza su contribución obligatoria antes que contribuir voluntaria e inocentemente al despojo pacífico. Prefiere pagar las consecuencias que seguir pagando sin recibir nada a cambio.