LAS FINANZAS PÚBLICAS EN MÉXICO. 1988-2006

LAS FINANZAS PÚBLICAS EN MÉXICO. 1988-2006

Hilario Barcelata Chávez

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LA REFORMA ELÉCTRICA. POBRES PERO MODERNOS

14 de octubre del 2002

Hoy, con todo y globalización, tenemos más pobres y desempleados que cuando éramos premodernos y “arcaicamente” cerrados. Hoy que tenemos las puertas abiertas al mundo, estamos peor que antes cuando éramos guiados-modo enfermizo- por “ideologías obsoletas”. Pobres, pero, eso sí, muy modernos, Aunque vayamos en el último tren del desarrollo. Aunque hayamos ingresado al juego de la competencia global, no en calidad de participantes, sino en calidad de trofeo.

H. Barcelata.

Más que una discusión sobre aspectos técnicos y financieros, lo que se subyace en el debate sobre Reforma Eléctrica es un discurso ideológico que defiende a ultranza la reducción del Estado a su mínima expresión.

La reforma eléctrica es parte del dogma neoliberal de privatización, respuesta a la necesidad de desaparecer hasta el último vestigio del Estado intervencionista y, lo que es peor, la cancelación definitiva del Estado Social.

Bajo el argumento de que los fenómenos económicos son inevitables, y que debemos seguir las tendencias mundiales, se impulsa un “proyecto económico de grupo” (que no Proyecto de Nación) en donde todo es parte de un mito porque las supuestas referencias internacionales a las que normalmente se apela no existen, porque en muchos países desarrollados el Estado tiene la propiedad del sector eléctrico. Tal es el caso de Francia, Italia, Austria España Finlandia, Noruega y Países Bajos. Por cierto, es la misma falacia que se usa para cancelar la política de subsidios y de aranceles en México, mientras que los países desarrollados otorgan millonarias ayudas a sus productores y los protegen de la competencia internacional.

Al no tener fundamentos válidos, los promotores de la privatización han apelado a la ineficiencia de los administradores públicos Pero eso también es un mito. Hoy la Comisión Federal de Electricidad (CFE) trabaja dentro de los márgenes de eficiencia internacional. De aquí se deriva que tampoco es cierta esa supuesta falta de competitividad, a la cual se le señala como la causa principal de los “altos precios de la energía eléctrica”. Lo que también es otro mito, porque las tarifas de CFE en consumo residencial ocupan el cuarto lugar entre las más bajas de América Latina y las de consumo industrial ocupan el octavo, también, entre las más bajas, De hecho, estas tarifas son inferiores a las existentes en países como Argentina y Chile que ya llevaron a cabo procesos de privatización de la electricidad, lo cual contradice el argumento de que las empresas privadas ofrecerán precios más bajos.

Otro argumento a favor de la privatización es la incapacidad del Estado para seguir financiando la inversión de las empresas y organismos públicos. Pero ¿de donde viene esa incapacidad? ¿No es acaso el propio gobierno la causa del deterioro financiero de CFE? Si lo es. Los gobiernos neoliberales han explotado al máximo la capacidad de las empresas públicas para sostener los niveles de ingreso público, mediante un “régimen fiscal depredador” que le impone pagos de impuestos y otros gravámenes a éstas, los cuales son mucho mayores que los que pagan las empresas privadas y comprometen su capacidad para hacer nuevas inversiones y hacer crecer la oferta de energía que requiere el país. En 1991 se le impuso a CFE el pago de un aprovechamiento sobre sus activos, los cuales fueron revaluados para elevar el pago de dicho aprovechamiento, a cambio la Secretaría de Hacienda pagaría un subsidio a la CFE. Actualmente ese disposición provoca una verdadera descapitalización de esta empresa pública, porque el aprovechamiento rebasa con mucho el subsidio ofrecido. Esto constituye una “política fiscal depredadora” del excedente social sobre el sector paraestatal. Política que se deriva de un Estado que es un “buscador de rentas” (rent seeking) derivadas de las actividades gubernamentales que produce efectos nocivos sobre el bienestar y el crecimiento económico, para financiar al Estado depredador, que ni impulsa la acumulación ni genera bienestar.

Bajo una situación de crisis fiscal el Estado, efectivamente, no puede atender la expansión del sector energético. Pero la solución no es privatizarlo, sino revisar en qué se está gastando el dinero público y determinar si los usos que se le dan, tienen un impacto social tal que se justifiquen. Porque hay rubros como el IPAB que ocupan una gran cantidad de recursos, pero su impacto social se reduce a hacer más ricos a los banqueros. En cambio ese dinero podría ser utilizado para financiar las inversiones eléctricas.

El Estado que sustituyó al Estado Social, es un Estado Nocivo, Ineficiente y Depredador, que se guía por extraños principios económicos, todos los cuales, contradicen los principios que ese Estado dice defender.