LAS FINANZAS PÚBLICAS EN MÉXICO. 1988-2006

LAS FINANZAS PÚBLICAS EN MÉXICO. 1988-2006

Hilario Barcelata Chávez

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LA REFORMA ELÉCTRICA. El RUMBO EQUIVOCADO.

26 de agosto del 2002

La reforma eléctrica en México que permitirá la inversión privada en un área reservada de modo exclusivo al Estado, forma parte de la segunda generación de reformas establecidas en el proyecto de transformación mundial conocido como el “Consenso de Washington” y promovido en todo el mundo principalmente, por el gobierno de Estados Unidos y el Fondo Monetario Internacional. La primera generación de reformas las llevó a cabo en México Carlos Salinas de manera puntual y Zedillo fue incapaz de realizar lo que hoy pretende el gobierno de Fox.

Más allá de quien promueva estos cambios trascendentales, lo que hay que observar es que se trata de soluciones que se han aplicado en otras partes del mundo y no han tenido los resultados esperados. Particularmente porque los monopolios estatales que se privatizaron, se convirtieron en monopolios privados, lo que significa un retroceso social. En México está el caso de TELMEX que es el monopolio más grande de América Latina y la banca comercial, hoy monopolizada por inversionistas extranjeros principalmente. En ambos casos, la privatización no ha impulsado el desarrollo del país, por lo menos no para las grandes mayorías de la población. Ahí está TELMEX con tarifas cada vez más altas para el servicio de telefonía local. Ahí están los bancos sin voluntad y sin responsabilidad para impulsar un sistema de crédito que promueva el crecimiento económico.

Se dice que la reforma eléctrica no es una privatización, pero sí lo es. En esencia ésta consiste en cambiar la facultad exclusiva del Estado Mexicano de “generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer la energía eléctrica” (artículo 27 Constitucional) por la facultad exclusiva de prestación del servicio público de energía eléctrica. En cambio los particulares podrán generar energía eléctrica para consumo propio, para abastecer al Estado y para prestar ese servicio a los usuarios privados cuyo consumo rebase los mínimos que se establezcan por ley.

Esto significa que el Estado pasa de ser un productor exclusivo de un servicio público, a ser simplemente un proveedor del mismo. Si bien su figura de productor no desaparece por ley, es necesario reconocer que la presencia de inversión privada tenderá a desplazarlo como tal, además de que parece evidente que la intención gubernamental es la de dejarse desplazar en esta área, hasta que sólo haya productores privados. De este modo, el Estado sólo será un proveedor que dependerá de lo que hagan los privados en materia de generación de energía y eso, por supuesto, limitará seriamente su capacidad para mantener vigente el cumplimiento de metas de carácter social que hoy cumple, particularmente en lo que se refiere a tarifas y electrificación rural, pero también en lo que se refiere al donde, como y cuando de la disposición de energía eléctrica en todo el país.

Es cierto que la iniciativa de reforma prevé una rectoría del Estado en esta materia, pero dada la debilidad estructural del Estado frente a los particulares y los antecedentes de sometimiento estatal al poder económico, -particularmente al extranjero-, es de dudarse que pueda ejercer un control para obligarlos a que se apeguen a los lineamientos que él establezca. Precisamente, por esta razón la propiedad estatal es mejor que la privada. Dado que el Estado es en esencia un líder social que busca maximizar el beneficio colectivo la propiedad estatal es más eficiente al asignar los recursos desde una perspectiva de desarrollo económico con contenido social, en contraste con la propiedad privada, cuyas decisiones tienden a ser contrarias al interés público. De igual modo este tipo de propiedad sobre un recurso tan importante como la energía eléctrica constituye un instrumento muy eficiente para definir estrategias de desarrollo industrial y en ese sentido es el mejor mecanismo de control y supervisión de los privados, incluso más que el mercado.

Por supuesto, estas ideas suponen que efectivamente el Estado sea un líder social, que representa a la sociedad y mantienen un compromiso con ella. El caso actual del Estado Mexicano, no parece cumplir ese requisito, de otro modo, no antepondría los intereses de los grandes grupos económicos nacionales y extranjeros y las presiones del exterior, a los intereses de las mayorías del país. Porque hay que tener muy claro esto: ni esta, ni las reformas que faltan por venir sacarán de su situación a los cincuenta y tantos millones de pobres que hay en el país. Por más que lo diga el Presidente, Ni ésta ni las demás reformas son la vía para el desarrollo. El camino está equivocado.