LAS FINANZAS PÚBLICAS EN MÉXICO. 1988-2006

LAS FINANZAS PÚBLICAS EN MÉXICO. 1988-2006

Hilario Barcelata Chávez

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INEFICIENCIA BUROCRÁTICA Y EVASIÓN FISCAL.

22 de mayo de 2005

He insistido en este espacio, que el problema central del sistema tributario mexicano es la evasión fiscal. De igual modo, he señalado que ésta, antes de ser resultado de la magnitud de las tasas impositivas, se deriva de la percepción que tienen los contribuyentes respecto a la posibilidad de ser detectados y castigados. Esto significa que el tamaño de la evasión guarda una correlación positiva con la incapacidad de un gobierno para detectar rápidamente los ilícitos tributarios y de sancionarlos eficazmente.

El principal argumento para explicar este fenómeno es la limitada capacidad del Servicio de Administración Tributaria (SAT) para combatir y eliminar la evasión, lo cual está relacionado íntimamente con la baja eficiencia de la burocracia responsable del cobro y fiscalización, pero también con la falta de una política clara y sostenida orientada a detectar y sancionar estos delitos.

De manera general, las oficinas de administración tributarias cumplen dos funciones primordiales: a) La recaudación de los impuestos, esto es el cobro efectivo de las contribuciones y b) La fiscalización y auditoría, esto es el establecimiento de los instrumentos administrativos para garantizar la correcta aplicación de la legislación fiscal y aduanera (auditorías, fiscales, clausuras de establecimientos, fiscalizaciones masivas, cruce de información, etc., para inducir al cumplimiento voluntario de los contribuyentes). Aunque tradicionalmente el área de recaudación concentra una gran cantidad de recursos humanos y materiales, el principal frente de lucha contra el incumpliendo se ubica en el área de fiscalización y auditoría.

De acuerdo con el estudio elaborado por Marcelo Bergman del CIDE, en México, sólo el 22% de los empleados de las oficinas de la administración tributaria se ubican en funciones de fiscalización, lo cual es menos de la mitad de lo que destina Chile (45%) país que tiene menores niveles de evasión que el nuestro. Esto significa que hay una proporción muy reducida de personal, en las tareas de mayor incidencia sobre la eficiencia recaudatoria. De igual modo, el costo de la recaudación es en México más del doble que en Chile y que en Estados Unidos. Por cada 100 dólares que nuestro país recauda, tiene que erogar 1.1 dólares, en tanto que en Chile sólo se gastan 0.4 dólares para el mismo fin y en Estados Unidos 0.5.

El mismo estudio mencionado, señala que México tiene en promedio 1,962 funcionarios de la administración tributaria por cada punto porcentual del PIB recaudado, lo cual es catorce veces más de lo que utiliza Chile para el mismo fin. En el mismo sentido hay que destacar que en nuestro país, hay en promedio, 3,064 habitantes por cada funcionario, en tanto que en Chile la proporción es de 5,183 a uno. Otro aspecto relevante lo constituye el bajo presupuesto de la administración tributaria. En México, equivale al 0.04% del PIB, en tanto que en Chile es casi el doble (0.07) y E. U es casi el triple (0.10)

Los datos anteriores revelan una preocupante realidad: los recursos destinados a la recaudación no son suficientes y no se están utilizando racional y eficientemente, lo cual incide, de manera fundamental, en los volúmenes de recaudación alcanzados.

Otro aspecto esencial que incide negativamente en la capacidad del sistema tributario para recaudar eficientemente, es la ausencia de una administración tributaria profesional y apta y un escaso gasto en profesionalización y moralización de la función pública institucional. En el país ha prevalecido el uso de la función pública como el medio de recompensa a los actores políticos y ha propiciado la inexistencia de una función pública fundada en la honestidad, el mérito, la aptitud y el profesionalismo. El reclutamiento, admisión, promoción, remuneración y exclusión del servicio público, depende de la discrecionalidad de la superioridad jerárquica. Es decir, ser servidor público depende de una determinación política y no de criterios que permitan darle estabilidad, mediante bases y estímulos institucionales que permitan consolidar carreras profesionales.

Lo anterior significa que el aparato burocrático destinado al cobro de impuestos se conforma sin las habilidades y requerimientos adecuados que garanticen la mayor eficiencia en la recaudación. Y para colmo, los recursos para su sostenimiento y desarrollo de sus funciones está mal aplicado y es insuficiente.