LAS FINANZAS P?BLICAS EN M?XICO. 1988-2006

EL DEBATE FISCAL

5 de marzo de 1992

Finalmente cesó la postura inflexible de la Secretaría de Hacienda. Cedió ante la fuerte presión que han ejercido diversos organismos empresariales para abrir el debate en torno a las disposiciones fiscales y su posible modificación. Cedió, también, gracias a la conciliatoria intervención del Presidente de la República.

Nunca antes, como este año, el descontento por la nueva miscelánea fiscal fue tan amplio y profundo .Nunca antes tampoco, el reclamo de los empresarios, grandes y pequeños , fue tan manifiesto. Nunca antes, las autoridades hacendarias se habían mostrado tan firmes en su posición y tan inflexibles. La promesa del Secretario de Hacienda, Pedro Aspe, de abrir el debate fiscal para mejorar el sistema tributario, resuelve, en parte una controversia que amenazaba con convertirse en problema político, abre nuevas esperanzas a empresarios interesados en ampliar sus inversiones y viene a tranquilizar las angustias de la gran masa de contribuyentes físicos y morales.

No es posible negar que existe una legítima intención por parte de las autoridades hacendarias de crear un sistema tributario eficiente, competitivo y redistributivo. Tampoco es posible negar que el problema de la evasión fiscal sea amplio ya que obstaculiza las tareas recaudatorias y reduce las fuentes reales de ingreso del gobierno. Quien percibe un ingreso y no paga impuestos comete una injusticia. El hecho es, que en el afán de hacer frente a estas cuestiones, la autoridad fiscal se fue a los extremos , atentando no solo contra la buena fe de los contribuyentes , sino también contra su patrimonio y contra la buena marcha de la economía ,al inhibir la inversión.

Tres son los aspectos más criticados y espinosos del nuevo sistema fiscal: su espíritu persecutorio y su carácter recaudatorio y discrecional. Los que se derivan de tres premisas no del todo ciertas: una, todos los contribuyentes evaden el fisco. Dos, la autoridad fiscal tiene el absoluto derecho para presumir una actitud delictiva de parte de los contribuyentes, de manera discrecional, esto es, de acuerdo a su particular punto de vista: para eso es autoridad. Y tres, todas estas acciones están justificadas pues son en beneficio de la hacienda pública (todo sea por recaudar y tener más fondos públicos) y del imperio del orden y la ley, es decir, benefician a la sociedad .En este caso, el fin justifica los medios. Sin embargo, no todos los contribuyentes evaden el pago de sus impuestos (y esto lo saben las autoridades hacendarias). Así que no todos los contribuyentes son evasores, ni mucho menos delincuentes. Las leyes deben ser claras y justas para evitar su interpretación unilateral por parte de cualquier autoridad. Y así, evitar presumir culpabilidad donde no la hay, o, lo más grave, presumir que la hay, sabiendo que no la hay para ver si después se encuentra.

Las leyes, sobre todo aquellas que pretenden establecer un equilibrio entre la sociedad y el gobierno, no deben ser ni confusas, ni arbitrarias.

Existen medios legítimos y justos para alcanzar los fines que se persiguen. A ello hace referencia la amplia protesta de diversos sectores de la sociedad. No es necesario amedrentar para hacer cumplir. A final de cuentas nadie esta en contra de pagar los impuestos, ni a favor de que se solape a quien incurre en la evasión. Pero las formas duras de exigir la contribución detienen a más de uno a seguir invirtiendo, y a más de dos los empuja a la economía informal. Y eso daña más a la sociedad. Finalmente si lo que se busca es una mayor recaudación y con ello ampliar los fondos públicos de que dispone el gobierno, al menos tres medidas pueden tomarse ya inmediatamente.

a) Una, ampliar la base de causantes. Hacer formal la economía informal. Ello de paso pone en igualdad de condiciones a los empresarios establecidos y que sí pagan sus impuestos, con aquellos individuos que realizan una competencia ventajosa porque no están establecidos ni pagan impuestos. Y

b) Dos, ajustar la contribución de quienes perciben ingresos no gravados o parte de remuneración en especie. Esto es válido, principalmente para una considerable cantidad de personas, en algunas esferas de la administración pública que perciben una elevada remuneración, adicional al sueldo, a través de nominas confidenciales, que por lo mismo no se declaran. Debe cancelarse la confidencialidad de ese ingreso conforme a ley.

c) Otra cuestión es la remuneración en especie, que se refiere a diversas concesiones que se otorgan en las oficinas de gobierno. Como es el caso del uso de vehículos oficiales (que se usan como si fueran privados), el pago del mantenimiento de dichos vehículos y la gasolina para los mismos. Grandes cantidades de recursos se erogan por estos conceptos y en muchas ocasiones se utilizan de manera poco responsable (aunque no generalizamos pues si hay quien hace buen uso de estos recursos). Reglamentar su uso e incluirlo como parte de la remuneración de quien se beneficia con ellos, corregiría su uso inadecuado, ahorraría mucho dinero al erario público y contribuiría a incrementar los fondos recaudados. Y sería muy sencillo, bastaría sumar al sueldo, la cantidad que representa el desgaste del automóvil que se usa, el costo del mantenimiento y, principalmente, los gastos en combustible. Porque no es justo para la sociedad que contribuyan menos quienes se benefician más (y de una manera más directa e inmediata) con la mayor recaudación de impuestos. Al final de cuentas, esos privilegios los paga la sociedad. Los ajustes deben darse tanto fuera como adentro. El debate fiscal y las modificaciones que de él deriven pondrán a prueba tanto la madurez y responsabilidad de la sociedad como la sensibilidad de las autoridades para escuchar los reclamos.