LA ECONOMÍA MEXICANA FRENTE A LA GLOBALIZACIÓN DEL PROTECCIONISMO AL LIBRE MERCADO

LA ECONOMÍA MEXICANA FRENTE A LA GLOBALIZACIÓN DEL PROTECCIONISMO AL LIBRE MERCADO

Hilario Barcelata Chávez

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AZÚCAR Y FRUCTOSA: DESARROLLO O POBREZA

Marzo, 2002

La decisión del Presidente Fox de suspender temporalmente la aplicación del impuesto a las bebidas elaboradas con fructuosa, no hace sino revelar los verdaderos intereses que promueve y defiende el grupo político en el poder y confirma la inexistencia de un proyecto de cambio estructural en la economía, que apoye y defienda los sectores mas vulnerados por la política de apertura comercial y promueva el desarrollo del mercado interno.

El sector azucarero ha sido golpeado severamente por la globalización. A pesar de que el TLCAN debería haber significado la posibilidad de exportar más azúcar a E.U., acuerdos posteriores a dicho tratado cerraron la frontera a este producto. Al mismo tiempo, el menor costo de la fructosa, que es un sustituto del azúcar, provocó que la industria refresquera y dulcera incrementara de manera muy importante la importación de este producto, provocando una severa disminución de la demanda interna de azúcar, con lo que se agudizó la crisis azucarera.

El año pasado, a pesar de los fuertes reclamos por parte de los productores azucareros, debido a la negativa de los norteamericanos de comprar la azúcar mexicana, no hubo instancia legal, ni autoridad nacional que lograra que E.U. cambiara de opinión.

Esta situación provocó un estado de emergencia en el sector azucarero, cosa que decidió a los diputados, a implementar un impuesto que permitiera solucionar este problema. Así, se aprobó un impuesto especial para gravar con un 20% a las bebidas que utilizaran fructosa para su elaboración. La idea era desestimular, mediante el incremento del precio de la materia prima, la utilización de este producto importado y optar por un producto nacional, que, bajo esa circunstancia, se volvió atractivo por su precio.

Durante el mes de enero y febrero que estuvo vigente dicho impuesto, la demanda de azúcar se elevó considerablemente, lo cual se reflejó, también, en un incremento del precio. Es decir, la medida impositiva empezó a ofrecer resultados positivos, con los consecuentes beneficios, tanto para los productores de azúcar, como para sus proveedores de materia prima, es decir, los campesinos cañeros. Los mismos que el año pasado protagonizaron una lucha exigiendo el pago de adeudos por venta de caña, que desembocó en la expropiación de los ingenios.

Pero el impuesto a las bebidas con fructosa provocó una fuerte disminución de su demanda, reduciéndose su importación y afectándose, los intereses de los productores norteamericanos de este producto. Mismos que solicitaron a su gobierno, que impusiera sanciones comerciales al gobierno mexicano por dicha medida y le exigiera la desaparición de ese impuesto.

Por supuesto no hubo tales sanciones, pero si una fuerte presión por parte de E.U. a la cual, finalmente, sucumbió el gobierno mexicano, de modo que suspendió temporalmente el cobro de este impuesto, bajo el argumento de que era violatorio al TLCAN y que su aplicación podía causar daños a otros sectores productivos.

En resumen, se eliminó un impuesto que favorecía una actividad económica que requiere un fuerte apoyo para no desaparecer y de la que dependen miles de productores nacionales y sus familias y empresas que se encuentran en la misma cadena productiva. En cambio, la desgravación favorece a los productores de fructuosa de E.U. y las poderosas empresas trasnacionales de refrescos ubicadas en México.

No puede estar más claro. El poder ejecutivo está interesado en no tocar los intereses de E.U., a pesar de que ello implique un daño severo a la economía nacional. El presidente de México, no ha logrado ver y sus colaboradores no se lo han dicho, que el compromiso del gobierno mexicano es con los mexicanos y no con otros gobiernos y otros pueblos.

La política fiscal debe tener un sentido social y productivo y decidirse sobre la base de beneficiar a los mexicanos en términos de desarrollo y justicia social. Si sus objetivos son otros, el gobierno se ha equivocado rotundamente y el repudio popular será la prueba.