LAS NUEVAS FORMAS DE GOBERNABILIDAD TRANSNACIONAL EN EL ESCENARIO DE LA RACIONALIDAD ECON?MICA DE LOS PROCESOS DE GLOBALIZACI?N

Preponderancia del papel del gobierno local en la negociación de un “nuevo contrato social”.

Una estrategia alternativa para contrarrestar y revertir la actual tendencia de la globalización, sostienen algunos autores, entre ellos Korten (1995), es la creación de comunidades locales autogobernables centradas en negocios locales. En el escenario local, dice Boisier (1988) se optimiza la participación individual, pero resulta ser demasiado estrecha para la acción colectiva, justamente lo que la tendencia globalizadora requiere para profundizar su modelo neoliberal de desarrollo centrado en los intereses individualistas. Los grandes actores pueden iniciar acción y subsidiar otros participantes.

La acción colectiva y la cohesión comunitaria dependen más de lazos interpersonales débiles que de lazos interpersonales fuertes los cuales incrementan la cohesión de quien es parte del grupo y la exclusión de quien no lo es. El pobre confrontó al rico con un problema de acción colectiva: cómo crear arreglos colectivos para controlar los efectos externos de la pobreza, al mismo tiempo que prevenir que otros ricos obtengan ganancias de sus acciones sin contribuir, (De Swaan Abram, 1997)

Los negocios locales proveen empleo a la gente local, quien pagan los impuestos locales para mantener la infraestructura pública y para la provisión de los servicios públicos y sociales, que confronte los estándares del medio ambiente y los sociales, que participen en la vida comunitaria y compitan justamente con negocios similares en mercados que no tienen jugadores dominantes. Lo que existen son opciones, no tanto alternativas, a la economía capitalista. La economía capitalista del mercado tiene un carácter social. No obstante, en vez de exclamar pasivamente que no existe ninguna otra alternativa, se tiene que reconocer que se puede tener el control y la influencia para dar forma al futuro, a través de acciones, ideas y la política.

Además, es necesario promover la gestión de proyectos de desarrollo con una fuerte base comunitaria que generen oportunidades de acceso a los recursos por parte de los excluidos y que fortalezcan su responsabilidad para evaluar sus propias necesidades prioritamente por sobre sus deseos o preferencias. Igualmente, para la utilización de otros medios que eleven sus condiciones de vida Los servicios públicos que pueden ser proporcionados localmente a los ciudadanos o consumidores, les proporcionan también oportunidades para involucrarse y para responsabilizarse mediante mecanismos de competencia y colaboración.

La tendencia hacia una democracia sin ciudadanos como la determinante de las democracias institucionalizadas en una estructura en la cual se afirman en la confianza del sistema o se niegan en la pasividad de la participación política. Tal vez, frente a la fuerza de la tendencia globalizadora, este proyecto alternativo resulte demasiado idealista y romántico. La Nueva Derecha ha inspirado las reformas a los servicios públicos introduciendo los conceptos de apoderamiento de los consumidores o usuarios, quienes toman decisiones con base en elecciones racionales.

Sin embargo, el gobierno local tiene un papel crucial en las negociaciones de un “nuevo contrato social” entre el Estado, el mercado y la sociedad civil. La autonomía de los gobiernos locales es relativa y siempre se encuentra en conflicto con los demás niveles de gobierno. Desafortunadamente, los gobiernos locales no reconocen su responsabilidad como agentes del desarrollo en la toma de decisiones relacionada con la sociedad. Los ideólogos defensores de las ONG’s (Resumen Latinoamericano, 2001) contraponen el poder local al poder estatal argumentando que éste se encuentra distante y con intereses distintos al de sus ciudadanos. Es además autónomo, arbitrario y ejercido por una clase dominante y explotadora.

El poder local, sostienen, responde directamente a la ciudadanía porque está más cerca. Estos argumentos justifican las acciones de las organizaciones no gubernamentales como intermediarios entre los organismos multinacionales y organizaciones transnacionales patrocinadores y los gobiernos locales afectos al libre mercado para fortalecer los gobiernos neoliberales. Sin embargo, las ONG’s no rinden cuenta de sus actividades a las autoridades locales o nacionales con lo que socavan la soberanía y la democracia de los pueblos y la sustituyen por la soberanía consumidora que deja al mercado las principales decisiones en materia de oportunidades de desarrollo para los ciudadanos. Los actores políticos que persiguen la estrategia de consolidación apuntan a la excesiva polarización del proceso político, mientras que aquellos que descansan en puntos adicionales del veto experto no están obviamente satisfechos con el resultado de la toma de decisiones democrática en una escala más general.

El gobierno local está involucrándose cada vez más en un fuerte y persistente apego al concepto de autosuficiencia y autonomía. La autonomía del gobierno local es siempre relativa, no absoluta, y por lo mismo siempre se encuentra en conflicto con los demás niveles de gobierno. El gobierno local ha sido relegado a una política de descentralización que limita la reforma del Estado y a ser los ejecutores de políticas y decisiones que se toman en otros niveles del centro del Estado.

La descentralización tiene como objetivos aumentar el poder, la autonomía de la decisión y el control de los recursos, las responsabilidades y las competencias de las colectividades locales, en detrimento del poder del poder de los órganos del gobierno central (Mattos, 1990:165-167). . De hecho, las transformaciones en las competencias y funciones del Estado nación ha dado lugar a que también se presenta una nueva formulación de competencias y funciones en los demás niveles de gobierno, sobretodo los locales y municipales.

La reconstrucción territorial que privilegia al gobierno local en la determinación autónoma de espacios de decisión pública de abajo hacia arriba, tiene que promover la corresponsabilidad de las competencias en la gestión pública en los diferentes niveles de gobierno y en la concertación de proyectos conjuntos de desarrollo entre los sectores público y privado.

El gobierno local no reconoce su responsabilidad como agentes promotores del desarrollo en la toma de decisiones relacionadas con la sociedad. La gestión pública es un factor importante en las decisiones que fortalecen o debilitan las acciones gubernamentales. Esto entre la mayor parte de los líderes de los grupos representados en los consejos (Leach et al, 1994), a pesar de que no todas las decisiones pueden ser descentralizadas a las instancias de poder local.

Los gobiernos locales constituyen las instancias más próximas a la ciudadanía y tienen una función importante como agentes del desarrollo económico y social de las localidades en la dinámica de una economía globalizada. El desarrollo económico regional es descrito por Tarapuez Chamorro (2001) como “una serie de incrementos en el volumen de las operaciones económicas, es decir, en el producto agregado y en el ingreso total, entendidos éstos como el valor de la suma de lo producido en las diferentes actividades económicas...y como la suma total de los ingresos generados para quienes participan en esas actividades”. La economía regional se encuentra limitada por la misma estructura económica, las políticas macroeconómicas nacionales y los procesos de globalización económica.

El nuevo gobierno local, de acuerdo a la Unión Iberoamericana de Municipalistas (DHIAL, 2001), “reivindica el trabajo en equipo, visión y estrategias conjuntas, democracia de deliberación, participación ciudadana, fortalecimiento de las capacidades del gobierno local para abordar los problemas de desarrollo, el rescate de la metodología de la planificación popular y de seguimiento y rendición de cuentas”.

En la agenda del gobierno local, su reinvención política se expresa en la urgencia por promover las competencias del municipio en materia de promoción del desarrollo mediante políticas que articulen los esfuerzos locales con los esfuerzos nacionales. El gobierno municipal puede establecer determinadas reglas del juego en el ejercicio de su autonomía, la cual, de acuerdo a Ruíz Blanco (1993: 120) comprende “la elección de sus propias autoridades (autonomía política); la libre gestión en las materias de su competencia (autonomía normativa); la creación y recaudación de impuestos (autonomía tributaria) y la inversión de sus propios ingresos (autonomía administrativa)”.

De acuerdo a Cabanellas (1979:423), la autonomía política se refiere a la potestad que tiene el municipio para elegir sus propias autoridades y para dirigir sus asuntos de acuerdo a sus propias leyes. La autonomía administrativa se refiere a la libre gestión en los asuntos que competen al municipio. La autonomía financiera o fiscales refiere a la potestad que tiene el municipio de dictar sus propias normas de creación, recaudación e inversión de sus ingresos.

El fortalecimiento de los gobiernos municipales requieren de una mayor autonomía financiera y administrativa, la participación ciudadana y de la sociedad, el manejo eficiente de sus recursos, proyectos intergubernamentales e interinstitucionales, etc. La autonomía municipal se clasifica en política y administrativa. Es autonomía política la que se refiere directamente al ejercicio del poder de elegir y gobernar y la autonomía administrativa se refiere al funcionamientos de las organizaciones.

La participación política de la ciudadanía en los gobiernos locales no debe reducirse exclusivamente a la elección de representantes. En general, los ciudadanos participan poco o son indiferentes en los asuntos políticos, no se identifican con el juego de la política ni con políticos o partidos políticos a los que desdeñan y en ocasiones desprecian. La inviabilidad e incapacidad de los gobiernos municipales para alcanzar y mantener la gobernabilidad puede ser alcanzada mediante el desarrollo de redes voluntarias e informales de solidaridad en programas de participación local, de tal forma que se mantenga un equilibrio entre gobernantes y gobernados.

Pueden asumir la responsabilidad de la institucionalización de una política social y de servicios públicos que estén menos centralizados. Pueden participar en decisiones de gestión pública local, tales como el gasto público e inversiones, así como en la obtención de fondos e ingresos presupuestales. Con la descentralización, los municipios vuelven a asumir un rol protagónico en la administración de la provisión de los servicios públicos como atención a las necesidades de las localidades. La gestión pública local es un factor importante en la toma de decisiones que fortalecen o debilitan las acciones gubernamentales.

Para que la política social, al igual que todas las políticas públicas, sean incluyentes y orientadas al desarrollo humano, requieren de la democracia como plataforma para los procesos de toma de decisiones. La inestabilidad de las instituciones y la crisis de gobernabilidad de los sistemas democráticos, limitan los alcances de sus programas de desarrollo humano. El concepto de desarrollo humano es un concepto intrincado al de buen gobierno.

El desarrollo humano se manifiesta en el espacio del desarrollo local como la expresión del capital social que resulta de la participación de todos loas agentes económicos y actores políticos en los diferentes procesos de decisiones. De acuerdo a Lechner (2000), el análisis de la dialéctica de la individualización y socialización subyascente al desarrollo humano, conceptualiza el capital social como la “trama de confianza y cooperación desarrollada para el logro de bienes públicos”. Se tienen que considerar los factores contextuales como variables que intervienen, las cuales engrandecen o disminuyen el rango de alternativas que los actores políticos piensan están disponibles para las situaciones de la toma de decisiones.

Los actores políticos que persiguen la estrategia de consolidación apuntan a la excesiva polarización del proceso político, mientras que aquellos que descansan en puntos adicionales del veto experto no están obviamente satisfechos con el resultado de la toma de decisiones democrática en una escala más general. Tanto los actores económicos como los sociales y los políticos estratégicos aprovechan las estructuras de poder para ejercer influencia en los procesos de decisiones que les favorecen. En esta forma, se filtran a través de las percepciones del medio ambiente de los actores políticos.

El desarrollo local debe pivotar sobre la base de interacciones comprometidas y solidariamente comunitarias, continuas y activas, más que por la simple contigüidad física y geográfica. El diseño e implantación de programas de desarrollo local integral tiene que considerar la pluralidad e inclusión de los intereses de los agentes económicos y actores políticos, a efecto de establecer acuerdos y compromisos, así como coordinar los esfuerzos de todos en forma eficiente.

El concepto de espacio ha evolucionado de su mera caracterización territorial y física a una conceptualización más abierta y dinámica. Es en el ámbito espacial global en el que se expresan los diferentes fenómenos de la globalización en una forma contextual fragmentada. Los procesos de globalización están acelerando la desterritorialización del Estado nacional para dar lugar a nuevas formas de organización espacial geopolítica y geoeconómica.

De acuerdo a Arellanes Jiménez (2001) este nuevo concepto de espacio es “dinámico, abierto, cambiante, flexible y multilineal e histórico que se va aplicando a diversas circunstancias, coyunturas, cambios, actores, sujetos y relaciones.” Los tomadores de decisiones y los formuladores de las políticas públicas deben descentralizar las operaciones de los programas para llevar los servicios lo más cercano a la gente que tiene que ser servida. Además, deben saber como garantizar la rendición de cuentas y buena práctica, a través de las diferentes unidades de servicio en unidades dispersas.

Los gobiernos locales tienen una importante función para alentar la participación de la ciudadanía a través de la formación de comités y otras actividades. Pero habrá que diferenciar de los comités y algunas organizaciones comunales que reciben la transferencia del poder para ejercerlo en forma destructiva en contra de la ciudadanía, sobre todo en los regímenes totalitarios. Reinventar la política del gobierno local implica “superar las dificultades aparecidas con la introducción en algunos gobiernos locales de tendencias orientadas al gerencialismo-tecnocrático que subestiman a la política de la ciudad como factor imprescindible en la resolución de problemas” (DHIAL, 2001). Las administraciones de los gobiernos locales tienen varios retos importantes que se reflejan en dos tendencias: el creciente énfasis en la participación de la comunidad en la formulación de las políticas y en la solución de los problemas, así como en la creciente necesidad de medir el desempeño y demostrar los resultados.

Santa-Ana Godoy (2000) argumenta que “En el nivel local nos encontramos en un escenario en que el municipio no cuenta, salvo unas pocas excepciones, con los recursos necesarios para cumplir eficientemente con sus funciones. Los municipios necesitan de políticas que articulen sus esfuerzos a los esfuerzos de la federación.

El municipio tienen el atractivo de la producción y prestación de servicios a la ciudadanía y en materia de desarrollo económico tiene que satisfacer las necesidades y demandas de los agentes económicos. Sin embargo, se presentan problemas que trascienden el espacio territorial de los municipios, cuyas soluciones requieren de esfuerzos conjuntos con otros municipios. En formas muy diversas de colaboración, cooperación y asociacionismo de recursos y esfuerzos entre los gobiernos locales y otros agentes económicos (empresas, sociedad civil, individuos, etc.) y actores políticos (partidos políticos, gobiernos municipales, etc.), se puede impulsar el desarrollo de las localidades.

La capacidad reguladora y fiscalizadora es insuficiente, los recursos humanos disponibles están aún insertos en un sistema estatutario inflexible que impide readecuaciones y sus limitaciones restringen los intentos de atraer cuadros directivos o gerenciales mejor calificados para llevar a cabo las modernizaciones que se reclaman. No obstante, mientras se carezca de una teoría de cambio institucional y desarrollo de las capacidades del Estado, los cuadros tecnócratas tan afectos a las corrientes gerenciales estarán en boga.

Los actores políticos pueden inventar nuevas estrategias para adaptarse a los cambios de reglas y las instituciones son parte de una configuración, donde un cambio hecho en una institución puede tener efectos impredecibles y no esperados en otros. Si nuevos problemas ocurren o nuevos actores políticos entran al juego, la adaptación es preferida sistemáticamente ala reforma, lo que significa que no nuevos puntos de veto son institucionalizados, lo cual cambiará considerablemente la posición del sistema político en el continuo mayoritario-negociación.

La normativa legal y reglamentaria vigente se contrapone abiertamente al nuevo paradigma de democracia con eficiencia, conocido como Democratista y Eficientista del aparato municipal, predomina en cambio el carácter de la desconfianza en el accionar de políticos, gerentes, administradores y proveedores de servicios municipales”. Los municipios necesitan de políticas que articulen sus esfuerzos a los esfuerzos de la federación. La redefinición de las funciones de los gobiernos municipales requieren del compromiso de servidores públicos capaces de formular e instrumentar estrategias de desarrollo a largo plazo.

Para superar parte de estos problemas, una nueva territorialización es conveniente a efecto de que mediante el la formación de asociaciones que mancomunen los recursos y esfuerzos de varios municipios, se formalicen propuestas concretas de desarrollo mediante la creación de instrumentos de apoyo a la gestión municipal acorde al desarrollo regional mediante la promoción de un nuevo paradigma centrado en el desarrollo científico y tecnológico, la impulsión empresarial, el cuidado del medio ambiente y la profundización de los procesos de descentralización gubernamental.

La gestión pública local requiere de una delimitación de la estructura territorial para aprovechar las ventajas de las negociaciones y estrategias del asociacionismo. Sin embrago, los procesos de desterritorialización en que avanza la globalización económica prácticamente eliminan el espacio geográfico para dar mayor importancia a los agentes y actores del desarrollo. Pero no todos los agentes del desarrollo están incluidos en esta tendencia, sólo los empresarios y las asociaciones civiles no gubernamentales que relevan al Estado en su función impulsora del crecimiento económico regional para garantizar el desarrollo regional equilibrado.

La estructura espacial delimitada por territorios con fronteras físicas y geográficas definen el tipo de interrelaciones entre las diversas entidades geográficas y las diferentes unidades de gobierno. Estas nuevas formas de asociacionismo de municipios para la producción y entrega de servicios públicos, trascienden la división política misma para en contar soluciones conjuntas a problemas similares en forma más efectiva y mediante la generación de economías de escala, dadas las limitaciones espaciales, de capacidades y de recursos.

La redefinición de las funciones de los gobiernos municipales requieren del compromiso de servidores públicos capaces de formular e instrumentar estrategias de desarrollo a largo plazo. Los municipios orientan su desarrollo económico en función de las estrategias del mercado, por lo que la satisfacción de los requerimientos y demandas de los agentes económicos tiene como finalidad incrementar la competitividad mediante políticas que articulen los esfuerzos locales con los nacionales, y estos a su vez con los globales.

Existe la falsa percepción de que el desarrollo comunitario no depende de la proposición de las medidas económicas, sino en la creencia de que las medidas propuestas puedan ser implementadas sin ninguna resistencia interna. Los gobiernos locales constituyen la jurisdicción más cercana a las personas, quienes frente a oportunidades significativas pueden proporcionar el liderazgo para involucrar a la ciudadanía en la formulación e implementación de políticas y decisiones.

La inviabilidad e incapacidad de los gobiernos municipales para alcanzar y mantener la gobernabilidad puede ser alcanzada mediante el desarrollo de redes voluntarias e informales de solidaridad en programas de participación local, de tal forma que se mantenga un equilibrio entre gobernantes y gobernados. Sin embargo, en la realidad todos los aspectos de la ciudadanía se supeditan a los programas de crecimiento económico y recaudación fiscal municipales, mediante políticas que articulen los esfuerzos locales con los nacionales.

Las redes sociales y la interacción constituyen una parte esencial en cualquier modelo de coordinación de servicios sociales, especialmente cuando la tendencia del estado es desatenderse de estos servicios que antes aseguraba. El desarrollo de las redes sociales están determinadas por un desplazamiento existente de las relaciones fuertes, permanentes y estables por otras más débiles, flexibles y pasajeras. La centralización de la provisión de bienes y servicios públicos limita la eficiencia en la asignación en función de las preferencias colectivas y en el uso de los costos de transacción. El centralismo favorece el desarrollo de ciertas áreas y zonas regionales pero descuida otras. Para la determinación de los costos de transacción se deben de considerar desde la perspectiva de todas las partes involucradas, en donde todos tengan posibilidades reales de obtener ganancias. En la provisión de bienes y servicios públicos, el Estado tiene como responsabilidad lograr que el mercado logre una mayor eficiencia mediante la reducción de los costos de transacción en las negociaciones.

Pero el empleo de los costos de transacción para economizar es un concepto perverso en los que los costos y beneficios adscritos a las formas alternativas de organización necesitan ser trabajados en forma individual y comparativamente. En este sentido, los altos costos de transacción resultan inherentemente más difíciles para organizar. Un ejemplo es el caso de la provisión de servicios públicos como resultado de las relaciones contractuales entre el gobierno local y las organizaciones voluntarias con fines no lucrativos (OVFNLs) Estas organizaciones pueden operar en las diferentes localidades con algunas variaciones tanto en los términos de las formas contractuales.

Además, los consecuentes costos de transacción involucrados en su gobernabilidad y desde el punto de vista de los procesos contractuales implicados en su administración. Los costos de transacción que incluyen la adquisición de información, lograr los acuerdos y los costos de monitoreo y la aplicación legal de los acuerdos alcanzados. Los “costos de transacción” resultan de una interpretación subjetiva de información, monitoreo y sanción de los acuerdos establecidos. Los costos de transacción son los cálculos de los costos para hacer y mantener los acuerdos, cuyos resultados permiten preferir una forma de gobernabilidad determinada por sobre otra. El imperio absoluto del mercado como la única forma de gobernabilidad congela el orden de cosas existente, descalifica y censura toda alternativa posible. La gobernabilidad puede obtenerse mediante la construcción de asociaciones entre los diferentes sectores económicos de una sociedad.

Al nivel de políticas públicas, investigaciones sobre las organizaciones de seguridad social del sector público, éstas contribuyen a reducir los costos de transacción de las empresas privadas que prestan sus servicios de seguridad en las zonas rurales, a pesar de haber cierta tendencia hacia el incremento de los costos burocráticos de las empresas. Además, el tradicional sector campesino está declinando como resultado que el campesinado se orienta más a la obtención de salarios en fuentes de ingresos y a su migración a las ciudades. Por tanto, la naturaleza excluyente de la transformación económica de la agricultura latinoamericana ha incrementado el empobrecimiento de la población rural y acelerado la migración del pobre rural a las ciudades en busca de empleo.

El incremento de la agricultura en Latinoamérica en el sistema económico capitalista global ha beneficiado solamente una minoría privilegiada de la población rural mientras que el campesinado ha sido excluido de los beneficios. Por tanto, la naturaleza excluyente de la transformación económica de la agricultura latinoamericana ha incrementado el empobrecimiento de la población rural y acelerado la migración del pobre rural a las ciudades en busca de empleo. Otras alternativas consideran posibles esquemas de cooperación entre las autoridades públicas y las organizaciones privadas para establecer mecanismos de sistemas de seguridad social en los países menos desarrollados. Esto mediante la promoción de asociacionismo entre el Estado, el mercado y las organizaciones basadas en los miembros (Jütting, 1999) Igualmente importante es el papel que desempeña el mecanismo coordinador empleado por las autoridades locales tanto en la administración de los procesos como en los resultados de la entrega de los servicios por una tercera institución (Osborne, 1997: 318)

Hay que considerar que las autoridades locales pueden estar legitimadas por provenir de un proceso electoral democrático o pueden ser autoridades nominadas por los primeros y a la confusión de los diferentes papeles que tienen como agentes y administradores y como propietarios o principales en la provisión de los servicios públicos. En este sentido, el argumento de Santa-Ana (2000) es certero: “De lo que sí estamos seguros, las instituciones u organizaciones estatales o municipales son de la ciudadanía y, ellas a través del sufragio universal, público y secreto eligen a los gobernantes para que administren los Servicios Públicos o nominen a los Administradores, les representen y lleven a cabo el proyecto de construcción de la sociedad que desean”.

Los servicios públicos han sido cuestionados para responder a las innovaciones del cambio. Importantes cambios se manifiestan en la naturaleza de la experiencia administrativa, los modelos de Estado y provisión de los servicios públicos, temas clave de la innovación de la agenda, y las técnicas y procesos administrativos que ayudan a la innovación de la administración de servicios públicos. El cuestionamiento también resulta de la inhabilidad de los oficiales administrativos para adaptarse a los cambios en su entorno, notablemente su inhabilidad para responder a ciertos nuevos retos.

Desde la década de los ochenta, los servicios públicos están siendo más orientados al consumidor, impactados por numerosos cambios entre los que se incluyen: la introducción de administradores y de prácticas administrativas, la sujeción de profesionales a la supervisión administrativa, un uso más amplio de contratos para manejar los servicios públicos y el crecimiento de una economía mixta, un mejor manejo de los presupuestos, intentos para otorgar poder a los ciudadanos y a los usuarios de los servicios públicos, desarrollos en trabajo interagencia y experimentos en sociedades públicas-privadas, incremento del control por el gobierno central en algunas áreas, la emergencia regional unida a la administración central del gobierno, etc. El centralismo favorece el desarrollo de algunas regiones a costa de otras. De acuerdo con Joyce (1998), los "nuevos servicios públicos" implican mejores apoyos entre sí y menos de provisión directa.

El consumismo se ha convertido en un ideal poderoso aunque los consumidores todavía tienen poca influencia en el diseño y evaluación de los servicios públicos. El consumismo es en sí mismo una corriente antidemocrática porque presenta a la elección como un fin en sí mismo más que un medio para la negociación política de fines. En muchas organizaciones de servicios públicos se está dando un pensamiento imaginativo acerca de los nuevos estilos de servicios para el público, así como maneras innovadoras para ayudar a producir soluciones a los problemas de la comunidad, lo cual requiere de un nuevo tipo de administración pública que sustituya a las formas burocráticas. La racionalidad mercantil y la rivalidad partisana son dos factores que enfatizan el déficit ético en la administración pública. Los procesos de globalización presionan al Estado para una redefinición de sus funciones mediante la urgencia de una reforma a la administración pública.

Cierto grado de banalidad partisana está siendo la regla en las administraciones, de tal forma que una carrera administrativa depende de ser más partisano que de la competencia, parece moralmente inaceptable y en cualquier caso contrario a la ética administrativa, principalmente en países con status de servicio público combinado con un código de ética. Cualquiera que sea el tipo de control solamente tiene que ver con las funciones del oficial administrativa que se relaciona con esa ética, porque no todas las obligaciones de los oficiales caen dentro de este campo.

La carrera administrativa es un medio para influir en el comportamiento y en el desempeño de los servidores públicos. No obstante, es la fe de los servidores públicos en el logro del fin último lo que delimita la ética de la administración moderna Cualquiera que sea el tipo de control solamente tiene que ver con las funciones del oficial administrativa que se relaciona con esa ética, porque no todas las obligaciones de los oficiales caen dentro de este campo.Un segundo factor en el déficit ético en las administraciones es el involucramiento en los partidos políticos que compiten entre sí por el poder. La administración es usada como un instrumento a través de representantes electos en posiciones de poder dentro de las autoridades locales y a través de las personas en sus diferentes posiciones de poder a nivel central.

Este nuevo tipo de administración pública requiere de servidores públicos con mayor estabilidad, continuidad, capitalizadores de experiencias y menos sujetos a los vaivenes y desfortunas políticas. La forma en que esto puede lograrse es a través de la implementación del servicio civil de carrera que de manera efectiva alcancen los objetivos de las políticas públicas. En una cultura administrativa, el profesionalismo es un valor superior, un valor universal, porque encapsula otros valores, tales como la lealtad, integridad, neutralidad, transparencia, asiduidad, puntualidad, eficiencia e imparcialidad.

El control judicial de la ética implica la verificación de la conformidad de las acciones y las conductas de los oficiales públicos con referencia a los valores tales como la probidad, desinterés, neutralidad e imparcialidad. Cualquiera que sea el tipo de control solamente tiene que ver con las funciones del oficial administrativo que se relaciona con esa ética, porque no todas las obligaciones de los oficiales caen dentro de este campo.La administración actúa como un juez que asegura el cumplimiento con los valores que forman la ética de la administración y que puntualizan el servicio público.

Los administradores de los servicios públicos reconocen la importancia del logro de estándares de calidad de los servicios, los que evalúan en forma más crítica, considerando que existen sanciones por falta de desempeño. Se puede constatar en la mayoría de los países que los logros en materia de calidad y equidad en la prestación de servicios públicos es deficiente. En el acercamiento tradicional, la falta de una conducta ética que va de la mano con el castigo al oficial público por la falla de cumplir sus obligaciones Hasta ahora, los servicios públicos han estado fuertemente influidos por los profesionales y luego por las fuerzas del mercado. El profesionalismo es considerado un valor en referencia a estándares de conducta y prácticas que van más allá de las competencias técnicas y la experiencia para incluir conceptos tales como la conciencia profesional, la pasión por la excelencia y la auto negación.

Estos valores inclusivos combinados con la competencia técnica de los servidores públicos, permiten a la administración lograr su último objetivo que es salvaguardar el interés general a través de un servicio igualitario y no discriminatorio al público en general. Para este propósito, la competencia técnica tiene que ser parte del molde que favorezca el espíritu del cuerpo entre los servidores públicos sino que también induzca una ética de servicio público, la cual no puede darse por sí misma. (Kampto, 1997).

Consecuentemente, lograr efectivamente la misión del servicio público es el factor determinante en el desarrollo profesional del servidor público. Además, el servidor público es visto como una encarnación del Estado y sus acciones y comportamientos son siempre importantes para otros ciudadanos. En cualquier caso, no tendrán que ser asimilados por cada servidor público contra un criterio contra el cual juzgar su conducta en pena de sufrir las consecuencias de cualquier situación. La declinación en profesionalismo en la mayoría de los sistemas administrativos se debe precisamente a las desviaciones de los valores con la racionalidad de servicio público.

En un futuro, los servicios públicos estarán más influenciados por los políticos y por el público. Consecuentemente, la administración innovadora de los servicios públicos estará asociada con un mayor involucramiento de los usuarios en el establecimiento de direcciones y prioridades. Así como, en la entrega de los servicios mediante el otorgamiento de poder al usuario, en una evaluación del servicio, así como con innovaciones a través de asociaciones con las comunidades locales y otras organizaciones de servicios públicos. Con la descentralización, los municipios vuelven a asumir un rol protagónico en la administración de la provisión de los servicios públicos como atención a las necesidades de las localidades Un nuevo papel para muchas autoridades locales emerge donde el público es servido a través de actividades de solución de problemas mas que una simple entrega de servicios (José, 1998)