BIBLIOTECA VIRTUAL de Derecho, Economía y Ciencias Sociales


LA ECONOMÍA COMUNAL

José Luis Moran Esparza

 

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8.2.- PRINCIPIOS RECTORES DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

MIDEPLAN recalca los principios rectores del Sistema de Protección Social “Chile Solidario”:

a) Igualación de capacidades básicas. Una forma moderna de interpretar la inquietud igualitaria, es a través del enfoque de capacidades. Este enfoque reconoce la libertad de las personas para buscar sus propios destinos, pero procura que todos arranquen desde el mismo punto de partida, es decir, se preocupa para que todos puedan acceder a un mínimo de capacidades básicas.

Por capacidad se entiende aquello que una persona puede ser capaz de hacer o ser, lo que equivale a la libertad real con que cuenta una persona. Se refiere al mismo despliegue de sus potencialidades, bajo la cripta de que el desarrollo endógeno tiene una diversidad de dimensiones encontrándose el hombre en el medio de ellas. Lo que realice la persona con el vector de libertades que posee equivaldrá a sus realizaciones y, a través de sus realizaciones una persona llega a ser lo que es.

De esta forma, a mayor cantidad de capacidades –libertades- mayores son las posibilidades de seguir avanzando en la profundidad de sus realizaciones, y mayor podrá ser su desarrollo humano.

Un enfoque como éste es, en esencia, promocional, favoreciendo la creación de activos y capital que reviertan permanentemente condiciones de vulnerabilidad y precariedad. Por lo tanto, incorporar este enfoque de capacidades traslada el eje de demandas, desde medios hacia fines.

b) Enfoque de derechos. En la política social nacional, su enfoque implica reunir y expresar el conjunto de objetivos, normas y sistemas por medio de los cuales la sociedad se compromete a garantizar los derechos sociales, económicos y culturales, y pretende crear y consolidar capacidades y oportunidades para que las personas incrementen su bienestar, cuenten con mayor libertad e influyan en las decisiones que las afectan.

Una política social entendida como un marco ético político amplio, significa introducir como criterio prioritario de diseño, ejecución y evaluación de esa política, su contribución al respeto, garantía y exigibilidad en el cumplimiento de ciertos derechos reconocidos como básicos para la gestión estratégica de un Gobierno, en el marco de una apuesta de desarrollo nacional.

El enfoque de derechos sirve como parámetro para determinar de qué modo la oferta de programas y servicios aporta al cumplimiento de los derechos de las personas, y también, para determinar de qué manera la inversión pública y los modelos de intervención aportan a reducir brechas que afectan a la población, en distintas áreas.

c) Integralidad de las acciones. Las personas y grupos que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad, requieren recibir los apoyos necesarios para hacer uso efectivo de la estructura de oportunidades disponible. Dichos apoyos suponen el uso de estrategias tanto asistenciales como promocionales para la restitución de las capacidades de funcionamiento de las personas y el desarrollo de funcionalidades y prácticas necesarias para su inserción social efectiva.

Para lograr lo anterior, se requiere un sistema de provisión de servicios y beneficios oportuno y pertinente a las necesidades de cada una de las familias y personas, sujetos de protección. Es necesario disponer de distintos servicios y beneficios para las mismas personas y familias, en el marco de una estrategia integral de intervención. Sólo así es posible contribuir a lograr resultados efectivos en un fenómeno multidimensional como la pobreza extrema.

d) Equidad y manejo de la vulnerabilidad. La noción de equidad actúa como principio regulador de los accesos y distribución de servicios y beneficios sociales de acuerdo a la priorización de los grupos sociales más vulnerables en base a la solidaridad y no discriminación.

La noción de equidad asume que para lograr un modelo de desarrollo humano y sustentable, se debe procurar el goce universal de los beneficios del crecimiento. Por lo tanto, promueve la generación de condiciones y mecanismos redistributivos que basados en la igualdad de oportunidades, apliquen estrategias de discriminación positiva sobre aquellos que se encuentran en situación de mayor rezago, esto es, que no cuentan con condiciones suficientes para lograr un desenvolvimiento autónomo y sostenible y que requieren de recursos auxiliares para su promoción social efectiva.

Por su parte, la vulnerabilidad surge en el contexto de visualizar el fenómeno de la pobreza no sólo desde la perspectiva de las condiciones de ingreso económico sino también desde las dimensiones psicosociales, educacionales, laborales, y familiares que se expresan en la desigualdad de oportunidades.

e) La familia como núcleo de desarrollo humano. La familia es un sistema de relaciones sociales que cumple naturalmente una función protectora respecto de sus integrantes y que, contando con las condiciones básicas para su buen funcionamiento, es capaz de cumplir eficiente y eficazmente este rol.

En este espacio relacional se pueden incentivar valores, conductas y prácticas favorables a proyectos de desarrollo individual y grupal. Por lo mismo, es responsabilidad del Estado, contribuir a restituir las capacidades de funcionamiento que han sido suspendidas o dañadas, como consecuencia de políticas económicas erradas y concentrar en ellas diversos apoyos para aportar al bienestar de la familia y sus miembros.

Desde esta perspectiva, los esfuerzos por proteger a la familia y potenciar el sistema de vínculos que en ella tienen lugar, pasa necesariamente por dignificar su rol y generar estrategias protectoras que a la vez contribuyan a su autodesarrollo.

f) Desarrollo local y la participación ciudadana. Para que una estrategia social resulte eficaz en su plan de integración, debe operar en los espacios sociales e institucionales más cercanos a sus receptores. La ampliación de la estructura de oportunidades y la movilización de recursos puestos a disposición de este proceso, debe ocurrir en los territorios donde las familias residen, de forma de alterar las barreras de accesibilidad que son propias de los diseños que no contemplan el espacio local como nodo articular de los esfuerzos institucionales.

De igual forma, la potenciación de procesos de desarrollo en el nivel local, se ve facilitado y fortalecido por la participación de las personas y grupos que son sujetos de protección, en las distintas formas y en los distintos niveles en que esto puede ocurrir.

La incorporación de la perspectiva de los usuarios es eje central en la gestión de soluciones oportunas y pertinentes. Y deben ser éstos quienes efectúen los controles de calidad correspondientes en procesos de evaluación y contraloría social que tenga consecuencias sobre el desempeño de la institucionalidad.

Los principios rectores que orientan el diseño y la ejecución del Sistema de Protección Social, antes identificado, se constituye en el marco de las estrategias de acción e intervención que se lleven a cabo y, al mismo tiempo, sirven de criterios para la evaluación de los resultados que se alcancen en el desarrollo.


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