4. Descentralización y poder territorial

La transferencia de poder desde el Estado central hacia los departamentos y distritos comienza efectivamente en el año 1993, con la elección de autoridades regionales (departamentales) y locales (distritales). Significó un gran cambio en el modo de administración del territorio nacional, concediendo un creciente margen de maniobra a las nuevas figuras administrativas descentralizadas. Esto provocó el surgimiento de lo que denominamos “poder territorial”, definido como la disposición de capacidades políticas y económicas legitimas de una jurisdicción (departamento y distrito) para influir en las relaciones socioeconómicas y políticas de los habitantes. La descentralización puede ser entendida como la concesión de poder del centro (el Estado central) a la periferia, y la transferencia a esta de nuevos roles tendientes a volver más eficiente la aplicación de las políticas públicas, rompiendo con décadas de planificación centralizada.

Este nuevo poder del que disponen los actores regionales y locales introdujo un gran cambio en los sistemas de gobierno de los distintos departamentos y distritos, con el consecuente aumento del interés político propio a todo ejercicio del poder. En efecto, de un sistema autoritario y sin participación se pasa a otro democrático y participativo que representó una novedad movilizadora en todo el país y, sobre todo, en la periferia donde, por primera vez, se podía controlar los procesos regionales. Al respecto, el cuadro 23 muestra cómo la estructura demográfica actual incide directamente en las políticas públicas ya que la Cámara de Diputados del Congreso Nacional está integrada por representantes departamentales. Estos son electos cada cinco años en forma proporcional a la población mayor de edad y capaz de ejercer el derecho a voto en cada departamento25. De esta forma, a los departamentos con más alto número de electores les corresponde mayor cantidad de diputados. Un caso excepcional es el de San Pedro que, en la Cámara actual, teniendo más de cien mil habitantes por arriba de Cordillera, cuenta con un diputado menos debido a la estructura por edades de sus respectivas poblaciones.

Atendiendo a que la Constitución Nacional concede a la Cámara de Diputados la atribución de iniciar la consideración de proyectos relativos a la legislación departamental y municipal y prestar acuerdo para la intervención de los gobiernos departamentales y distritales26, es evidente que los departamentos con mayor cantidad de electores, que corresponden casi siempre a los más poblados, acaparan el poder político legislativo.

Si a esto agregamos que los departamentos de la región metropolitana y los de la región campesina tradicional se sitúan entre los más poblados, vemos que la ecuación termina en una concentración del poder político, al menos en una de las cámaras del Congreso, en la región más rica ( o menos pobre) y la más equipada en servicios básicos.

En efecto, para el periodo de gobierno 2003-2008, los departamentos de Central (19diputados), Cordillera(5), Paraguarí(4), Guairá(3) y Asunción(9) totalizan 40 diputados, el 50 % de total, mientras que representan solamente el 4,9 % del territorio nacional (20.081 Km² ) y el 48 % de la población total del país.

Estas cifras constituyen poderosos indicadores de los profundos desequilibrios territoriales del país, causantes a su vez de una serie de desajustes sociodemográficos, económicos y ambientales que contribuyen a la desintegración social, la utilización inadecuada de los recursos naturales y al freno del crecimiento económico.

Eso demuestra, al mismo tiempo, que el Estado no tiene una política definida ni específica de administración y gestión de su territorio y que las medidas descentralizadoras terminaron concentrando el poder político y los recursos económicos en el centro, marginando aun más a la periferia, sin producir el efecto deseado en los niveles esperados.