1.  Políticas económicas precedentes a las del Big Bang japonés (1992- 1995)

En 1992  las entidades financieras empezaron a mostrar los primeros síntomas de la dolencia que las aquejaría hasta la actualidad. Fue en julio de ese año, cuando se dio a conocer en un periódico nacional que las jusen habían acumulado cerca de 4.5 trillones de yenes en su cartera vencida. Sin embargo, la mayor relevancia la alcanzó la noticia que siguió: sus “bancos madres” (botaiko) no podían respaldarlas.

Como consecuencia de la fragilidad financiera de las instituciones bancarias, se aplicaron las primeras medidas correctivas en 1992. Estas, en esencia, consistieron en una aceleración de la liberalización y desreglamentación  de las tasas de los depósitos bancarios. Estas medidas liberalizadoras incluyeron la creación de una agencia de supervisión de las operaciones bursátiles, en las casas de bolsas.

La recesión tocó fondo en el último trimestre de 1993. Las empresas japonesas se vieron obligadas a avanzar en la reasignación de recursos administrativos, impulsando la reestructuración para reconstruir la estructura de negocios.

Las medidas que más resaltaron fueron la reducción de los gastos, sobre todo en bienes y equipos; y la modificación del sistema de producción y del sistema de empleo japonés.

La emisión monetaria comenzó a ascender nuevamente del bajo nivel en que se encontraba. Por consiguiente, en 1993 los precios de las acciones se recuperaron de 16 000 yenes a 20 100 yenes, y el mercado de capitales comenzó a reactivarse.

También en 1993, la Ley de Reforma del Sistema Financiero permitió una redefinición de la esfera competitiva de las casas de bolsas y los bancos, incrementando la competitividad en algunos de sus mercados específicos, mediante la instauración de empresas afiliadas. Con esta ley, a los bancos se les permitió tener las casas de bolsa como filiales, y a estas se les autorizó a competir con algunos de los productos que tradicionalmente habían sido ofrecidos por los bancos.

El incremento de la rivalidad entre los bancos comerciales y los bancos que daban crédito a  largo plazo fue otro resultado de esta ley, ya que se autorizaba a los primeros a conceder préstamos a plazos mayores. Un año más tarde se dispuso que los bancos debieran hacer públicos los valores de ciertas categorías referidas a los préstamos de difícil recuperación15, que se hallaban en sus carteras.

Además, para dar solución al problema del sistema bancario en el menor tiempo posible, había que eliminar los bancos que tenían problemas, mediante  nacionalizaciones u otras medidas, en tanto se debían potenciar otros mediante inyecciones de fondos públicos.

En 1994 el gobierno decidió lanzar un conjunto de medidas económicas integrales por un monto total de 15 000 millones de yenes, incluida una reducción de impuestos por un valor de 6,2 billones de yenes.

El gobierno trató de manejar la situación: Aprobó el segundo presupuesto complementario en febrero de 1994, propuso oficialmente medidas contra el alza del yen en abril de 1995 y tomó iniciativas en proyectos por un costo de 14 millones  de yenes, incluida la inversión pública de mayor envergadura de la historia.

Las industrias claves como la automotriz, la de efectos electrodomésticos, la naviera y la siderúrgica, se vieron obligadas a emprender una transformación estructural por la recesión y el alza del yen. Las empresas que no decidieron trasladar la producción a ultramar y continuaron fabricando internamente, tuvieron que enfrentar problemas como la reestructuración laboral, la congelación de salarios, el cierre de plantas, etcétera.

Los empresarios japoneses se abstuvieron de promover nuevos proyectos de producción e inversión, por la inseguridad que causaba el alza del yen. A esto se le sumó la influencia nefasta que tuvo para la recesión el terremoto que sacudió el área suroeste de Japón, el 16 de enero de 1995, el cual paralizó la red de transporte en la mencionada parte de la isla nipona.

Las principales medidas económicas integrales en la etapa 1992-1995 fueron:  

1. 13,2 millones de millones de yenes dirigidos a inversiones públicas adicionales, en abril de 1993.
2. 6 millones de millones  de yenes dirigidos a empresas, en octubre de 1993.
3. El Banco de Japón rebajó la tasa de descuento oficial por séptima vez consecutiva al 1,75%, en el mes de octubre de 1993.
4. 15 000 millones de yenes destinados a inversiones públicas en febrero de 1994.
5. Reducción de impuestos por un valor de 6,2 millones de millones  de yenes en febrero de 1994.
6. Medidas contra el alza del yen en abril de 1995, que alcanzó el récord de 79,75 yenes/dólar.
7. Once paquetes de estímulo fiscal, (aumento del gasto público, incluido el gasto armamentista y reducciones de impuestos) por casi 5 millones de millones de dólares, cifra superior al PIB nipón: 4 millones de millones  de dólares aproximadamente.

Los resultados del paquete fiscal de 1995, mostraron que el dinero extra obtenido por los consumidores con las rebajas temporales de impuestos, se destinó al ahorro.

Muchos economistas recomendaron una disminución permanente de los impuestos, ya que se esperaba que esta medida contribuyese al crecimiento del PIB en forma significativa, a partir del segundo año de aplicación. Sin embargo, la implantación de esta medida chocaba con el objetivo de obtener un déficit no superior al 3% del PIB en los siguientes años.
     
Era necesario que el gobierno asegurase a los consumidores y a empresas que el mayor déficit causado por estas medidas no se traduciría en aumentos de impuestos en el futuro.

Otro aspecto a tener en cuenta con respecto a las medidas llevadas a cabo es que las empresas se vieron obligadas a reducir su personal. Para esto, dentro de lo posible, enviaron a los empleados “menos indispensables” a trabajar en algunas de sus empresas afiliadas. Las compañías afiliadas, por su parte, estaban psicológicamente forzadas a aceptar “las ofertas” de sus compañías matrices y, a su vez,  tuvieron que reducir su personal. La técnica empleada fue despedir a los trabajadores de modo temporal y hacer un llamado a quienes de manera voluntaria querían retirarse.

La reducción de  personal se hizo sentir a partir de los primeros años de la  década de los 90. Hasta entonces la principal  preocupación  había sido  la falta de mano de obra y la nueva situación resultó aún más desafortunada para los jóvenes (los llamados baby boomer de los años 70). Todo esto conllevó una disminución del crecimiento de la economía japonesa.

En la industria manufacturera las empresas promovieron rápidamente la racionalización concebida como “reestructuración“, que consistía en reducir la cantidad de trabajadores internos en la sección de producción, mientras se aceleraba el traslado de las fábricas al exterior. Al mismo tiempo, se reveló que las industrias de información y comunicación y la de alta tecnología, que parecían ser prometedoras en cuanto al empleo, no tenían oferta de empleos suficientes.

Por otra parte, las empresas cambiaron el sistema de empleo, redujeron la cantidad de trabajadores que laboraban a tiempo completo y aumentaron el número de trabajadores temporales y de los enviados por agencias.  Esta tendencia comenzó a arraigarse y durante 1995 se evidenció la dificultad de los recién graduados para encontrar trabajo.

La introducción acelerada de computadoras en las compañías ocasionó un problema  laboral  ya que muchas personas perdieron sus empleos, la mayoría de ellos, oficinistas. El desempleo alcanzó la cifra de un millón o un millón y medio, según cálculos no gubernamentales.

A pesar de todas las medidas llevadas a cabo en esta etapa, continuaron las quiebras empresariales. El Anexo 2 refleja el incremento de las bancarrotas empresariales a partir de los años noventa.
 
Ante la diversidad de problemas estructurales de la economía japonesa y la no solución a las  dificultades financieras y económicas, fue necesario  aplicar otras medidas dirigidas fundamentalemente a las entidades financieras   para sanear las finanzas públicas.