3.4.2.- LA SECTARIA ORIENTACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

En el Ecuador la adopción y ejecución de la política económica del Estado ha respondido a un proceso de priorización y no priorización de intereses, las decisiones generales del poder político se han adoptado no en función de las necesidades fundamentales de los grupos humanos, sino que responden al flujo de presiones y compromisos que los gobiernos adquieren con los segmentos concentradores del poder.

Esta es la conclusión a que hemos llegado luego de la revisión general del proceso político, económico y social del Estado Ecuatoriano. El poder político por siempre detentado en forma casi ininterrumpida por los sujetos pertenecientes al poder económico, en el momento de administrar el Estado han impuesto como no podía esperarse lo contrario en su exclusivo beneficio todos los instrumentos y las decisiones fundamentales en el área económica, así se demuestra que los instrumentos que dispone el Estado tales como las leyes, las decisiones de alto nivel y las instituciones mismas, con una generalidad invariable han sido instituidas para contribuir desde el poder y con el poder únicamente al crecimiento de los mayores agentes económicos, fuese ya en el aspecto legal formulando leyes proteccionistas, denominadas de incentivo industrial, de reactivación económica o salvataje; ya sea también concediendo flujos crediticios de gran cuantía, bajos intereses y largos plazos para pagarlos, y si no se ha podido pagarlos se ha mal empleado la figura de la condonación; en adición a esto también existen las denominadas barreras tributarias, exoneraciones tributarias y arancelarias que incluyen no solo bienes de capital sino también de otra especie; así mismo el diseño de infraestructura física se ha llevado acabo en mayor cuantía en los principales centros económicos en desmedro de aquellos rincones que para el Estado o más bien para el poder político poco o nada significan, en los períodos de crisis, la caída de precios o de montos exportables se compensa a través de la devaluación monetaria, la renegociación de las deudas o la condonación parcial o total al gran empresario; en tanto que este, no conforme con tales obsequios estatales reduce los salarios de sus empleados, despide parte del personal, he incluso provoca procesos inflacionarios autogenerando escasez o la simple y arbitraria elevación de los precios; precios que una vez superado el período de crisis por supuesto no vuelven a su valor anterior; De esta manera las ganancias aumentan cuantiosamente, incrementándose a la par las ya cuantiosas fortunas personales de los agentes económicos, sin que el trabajador por su parte reciba en dicho proceso ningún beneficio sino al contrario buena parte del perjuicio, y quien además se convierte en objeto de explotación y pauperización continua y progresiva, por ésta razón, es explicable que el 78% de ecuatorianos piensen que el régimen seudodemocrático que vive el Ecuador solo es un sistema de dominación de la clase pudiente y tan solo un 22% considere que la actual democracia brinda igualdad de oportunidades.

De otro lado existe un tercer grupo de población que ni siquiera entra en las relaciones económicas, el cual integra la legión de desocupados que anualmente se incrementa, independientemente de los famosos índices de crecimiento; a aquellos no llegan las acciones del Estado, han sido ignorados deliberadamente por el poder político, en razón de que no representan un real aporte o presión igualmente de carácter político. Grupo aquel que la tratadista de la economía Gilda Farrell denomina “Los olvidados”, y que en su obra dramáticamente expresa: “La evolución económica del país en los últimos setenta años ha dejado muchos seres a la vera del camino. Para ellos si pudieran leer estas páginas, esa historia les sería totalmente ajenas, ajenos al desarrollo económico nacional; esta es nuestra lacra mayor, nuestro fracaso mayor como sociedad, y es sano que cada uno de nosotros se pregunte”, dice la autora “Porqué ese olvido ha sido posible, tenemos todos que entregar nuestra respuesta, aún cuando ésta sea parcial y fragmentaria”.125 Pero el aislamiento de los grupos poblacionales rurales o marginales no es cosa reciente, pues ya hemos dicho que como si fuese una constante universal, el Ecuador desde siempre, esto es durante la colonia, y luego en el período republicano, invariablemente estos grupos humanos han permanecido olvidados, aislados del desarrollo nacional, porque para aquellos aunque suene repetitivo el Estado ha guardado únicamente la explotación servil en las haciendas, centros de explotación minera (mitas), textil (obrajes, batanes, etc.), dominando hasta nuestro siglo la explotación representada en el concertaje.

Luego del fallido intento del libertador Simón Bolívar, Eloy Alfaro cuando llega al poder precisamente con el apoyo revolucionario de los grupos sociales relegados, algo pudo hacer aunque jamás los suficiente para aliviar el “Yugo de los olvidados”, aboliendo el concertaje, la construcción del ferrocarril, la implantación del Estado Laico, y fundamentalmente la separación de la iglesia de la vida política del Estado, aspectos que contribuyeron pese a todo a un real cambio de orientación, al menos durante ese período de la historia, del rumbo del poder y de la sociedad, descargando en algo el peso de los hombros de los marginados; sin embargo, por haberse atrevido a tanto, tuvo que pagar con su vida, en aquel fatídico febrero de 1912.

Como bien observa Gilda Farrell, luego de las reformas Liberal-Alfaristas, se tuvo que esperar varios años más para que el gobierno diera indicios de sensibilidad, luego de destronar a la oligarquía financiera, y haber corrido mucha sangre pobre por las calles, mediante un acto coasi revolucionario que se conoce como el “Movimiento Juliano”, se dió “La Reglamentación de los Contratos de Trabajo”, luego la creación del Ministerio de Previsión Social y del Trabajo, y de la Caja de Pensiones; ya a finales de la década del treinta, en el gobierno del General Alberto Enríquez Gallo, el Código del Trabajo. a partir de aquello la política social se a basado en cubrir dos aspectos, según la autora indicada: la denominada Inversión Social que comprende las áreas de la salud, la vivienda y la educación, con resultados aceptables en el último de los aspectos; y en lo agrario por su parte, el Estado dirigió aportes con una perspectiva económico social a partir de 1945 con la creación del Banco Nacional de Fomento, la Reforma Agraria 20 años más tarde (1964 y 1963), el decreto 1001 sobre abolición del precarismo, la ley de Aguas de 1972, la Ley de Fomento agropecuario de 1979.

Siguiendo las anotaciones de la autora, pese a la existencia de estos instrumentos legales, el Estado Ecuatoriano, no ha sido capaz de atacar los males más graves de la nación, como son la pésima distribución del ingreso, la desocupación, el éxodo campesino a las grandes ciudades, etc. el suburbio y los tugurios se extiende incontenibles en las mayores urbes, a aquellos no les llega pues las intenciones de las leyes sociales y la política económica126. A los suburbios y tugurios, no llega el Banco de Fomento peor aún la Corporación Financiera Nacional, pues esta gente, el subproletariado, es considerado “no sujetos de crédito”, y reelegados sin contemplaciones del proceso económico; tampoco son sujetos de confianza ni compasión de nadie, entre ellos el mismo Estado, el cual contrariamente a lo deseable se mantiene indiferente y excluyente respecto a este grupo de la sociedad, grupo que a su vez año tras año se incrementa vertiginosamente, en virtud de la desidia estatal, y de su propia autodestrucción ocasionada por el irreflexivo e imparable régimen de crecimiento de la natalidad. (en el Ecuador los miserables se reproducen geométricamente mientras las condiciones de la economía se reducen aritméticamente).

Individuos del grupo poblacional del subproletariado en ocasiones y quizás cuando se da un verdadero milagro se convierten en comerciantes informales, invadiendo plazas y calles transitadas en busca de subsistencia, hoy en día este grupo alcanza el 40.3 % de la población Económicamente Activa. Sin embargo en esta circunstancia en forma a nuestro juicio inaudita, son atropellados y estigmatizados por los entes municipales, quienes definitivamente están convencidos que aquellos no tienen siquiera el derecho a sobrevivir dignamente, desatando en consecuencia la persecución, la represión, sin que se contemple verdaderos planes o programas que hagan posible el desarrollo económico o laboral de estas personas, los mismos que en vista de que la subsistencia se torna imposible por esta vía, prontamente se convierten en delincuentes y prostitutas a quienes les está destinada finalmente una pútrida jaula llamada “Centro de Rehabilitación Social”, hecho éste que ha sido exclusiva consecuencia de ese deliberado ánimo de aislamiento y marginación a los estratos inferiores por parte del poder político.