UN SABIO DICTAMEN

En suma, una evaluación comparativa de la propuesta de la Cocopa, la iniciativa de la presidencia (15 de marzo de 1998) y la del PAN, reparando solamente en las reformas y adiciones al artículo 4°, permite desprender las siguientes consideraciones:

a) Sólo la propuesta de la Cocopa disfruta ya de un amplio consenso, que nació en los diálogos y las negociaciones de San Andrés Larráinzar, del apoyo prácticamente unánime de las organizaciones y pueblos indígenas, así como de la simpatía de amplios sectores de la sociedad civil no indígena.

b) Sólo la propuesta de la Cocopa incluye una concepción autonómica propiamente dicha (aunque magra), en tanto establece como principio y fundamento de la autonomía el derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas. La inicia tiva del PAN omite totalmente este fundamento, mientras la enviada por Zedillo durante su mandato vincula la autonomía con la comunidad exclusivamente (y esto, dicho sea de paso, de modo sumamente restrictivo). En lugar de un régimen de autonomía, las “cartas municipales” de la iniciativa del PAN configuran, en sentido estricto, una relación de “heteronomía”.

c) Al igual que los Acuerdos de San Andrés, la propuesta de la Cocopa comprende el derecho territorial de los pueblos indígenas (particularmente en lo relativo al uso y disfrute en dichos territorios de los recursos naturales), definido de acuerdo con el Convenio 169 de la OIT, mientras la presidencial de 1998 lo omite por completo. Tanto en la referencia explícita de la iniciativa del PAN cuando hace alusión al “ámbito territorial”, como en la implícita que contiene la presidencial, el campo de ejercicio queda restringido a la comunidad. El convenio 169, los Acuerdos de San Andrés y la propuesta de la Cocopa, en cambio, entienden el territorio como “la totalidad del hábitat que los pueblos indígenas usan u ocupan”.

Considerando todo lo anterior, las comisiones correspondientes del Congreso de la Unión deberían elaborar un dictamen positivo de la propuesta de la Cocopa sobre Derechos y Cultura Indígena (convertida en iniciativa de decreto en el mes diciembre de 2000), desechando las demás iniciativas. A continuación, por el bien del país, en el pleno de ambas cámaras se debería aprobar la versión de los Acuerdos de San Andrés elaborada por la Cocopa.